Categoría: ABC
31 Diciembre 2006
LA democracia consiste en hallar soluciones aproximadas para problemas insolubles, decía Reinhold Niebuhr, el teólogo protestante que formuló las tesis del realismo cristiano. Hasta qué punto la nueva democracia iraquí pueda solventar algo ajusticiando a Sadam Husein es una incógnita con vastos dilemas morales y jurídicos. Hasta qué punto el Estado de Derecho iraquí tenga ahora mismo la consistencia necesaria para aplicar extremos de la ley como es la pena capital no es estrictamente una cuestión de soberanía.
Los últimos pasos del tirano genocida que coartó la libertad de su pueblo le han puesto en camino hacia la horca. La sentencia y su ejecución nutrirán copiosos debates de jurisprudencia, pero quedará sin responder la pregunta sustancial: si eso era plenamente justo y si era del todo necesario. Los crímenes son atroces, la ley ha sido aplicada, el tirano ha sido ajusticiado. La encrucijada moral adquiere un doble eje: de una parte, la aparatosa concreción de las culpas y, por otro lado, la ya longeva reflexión sobre la moralidad de la pena capital.
Los argumentos sobre la oportunidad política de la ejecución de Sadam Husein son de razón, pero también es cierto que un Estado como el iraquí no debiera aplicar o dejar de aplicar la ley para satisfacer a los kurdos o para aplacar a los suníes. La ley se aplica para impartir justicia. En este caso, como en parte ha sido desde que se operó la intervención militar en Irak, los Estados Unidos y Europa parecen discrepar, del mismo modo que no existe una percepción compartida de lo que es la guerra y la paz. La Europa política ha considerado que Sadam Husein no debiera ser llevado a la horca, y en Estados Unidos se ve su ejecución como una consecuencia ineluctable de sus crímenes. Todo eso como mínimo altera la recomposición del vínculo trasatlántico, aunque estas cosas generalmente conllevan una cierta dosis de hipocresía.
Algunos juegan a confundir la ilusión con la realidad, pero lo cierto es que la llegada de la democracia a Irak como consecuencia de la caída de Sadam Husein, siendo problemática y turbulenta en virtud de múltiples factores mal calculados, ha establecido un sistema de libertades que, azotado por el terror y el fraccionalismo, pugna por conseguir el baremo debido de estabilidad. Si la ejecución de Sadam Husein germina en la venganza o en la justicia no es algo fácilmente discernible, por lo cual la conmutación de la pena de muerte por una vida entre los muros de una cárcel no hubiese dejado de inclinar la balanza a favor de un nuevo encaminamiento de la convivencia iraquí. Esa no es una consideración trivial porque desentraña elementos que pudieran ser regresivos. No deja de tener peso la hipótesis de que una prolongación del juicio al tirano indudablemente hubiese aportado nuevos y cuantiosos datos sobre su pavorosa ejecutoria. En otro ámbito se mueven la geoestrategia y sus servidumbres, pero en cualquier caso uno puede preguntarse si el camino de Irak hacia el horizonte de las sociedades abiertas pasaba por ponerle la soga al cuello a Sadam Husein, si su destino es el autoritarismo de las democracias iliberales o si tiene otra alternativa que el caos, la partición o la guerra civil. Kissinger dice que una estructura social estable se nutre no de triunfos sino de reconciliaciones. La supervivencia de Irak queda en cuestión mientras los suníes puedan morir asesinados en la calle por ser suníes, al igual que los chiíes por ser chiíes.
No podrá faltar quien rece por el alma del déspota ajusticiado ni se podrá abortar el contento entre chiíes y kurdos. Para los suníes, tal vez se haya dado luz a un martirio que llegue a convertirse en leyenda. En Kuwait se brindará por la muerte del antiguo invasor. En el caso de Europa, salvo para la izquierda imposible judeófoba y anti-Occidente, la estima por la vida de Sadam Husein no es clamorosa: en la Unión Europea la pena de muerte fue abolida, pero un reciente sondeo en seis de sus países-miembros revela una mayoría favorable a la ejecución de Sadam Husein. En el caso concreto de España, estaban a favor el 51 por ciento de los encuestados. En Francia, por ejemplo, un 58 por ciento. Al otro lado del Atlántico, la aprobación llegaba al 82 por ciento. Lo significativo es que, aún cuando la oposición a la intervención militar en Irak fue de peso, nadie se engaña sobre la criminalidad espesa y contumaz de Sadam Husein.
La inexistencia de un verdadero orden internacional determina la ambigüedad y la falta de procedimiento consistente para casos como el de Sadam Husein. En otra medida, son cada vez más tangibles los obstáculos a la tesis idealista -e ideológica- de una exportación expedita de la democracia. La crisis de Irak ha desparejado binomios que se daban por imbricados hasta el punto de que renace la antigua disputa entre realistas e idealistas, en este caso los neoconservadores. De Irak deriva la necesidad de un nuevo consenso que reestablezca la posibilidad de estrategias compartidas por Estados Unidos, Europa y todo lo que llamamos Occidente.
Sadam Husein fue un enemigo de la libertad que llevó a su país hasta el corazón de las tinieblas. Quiso imponer el expansionismo del régimen del partido Baas en el Golfo Pérsico e imponerse a sangre y fuego como líder del mundo árabe, ser un nuevo Nasser. Si la ideología del Baas congeniaba con el fascismo, su panarabismo totalitario en no poco se asemejaba al pangermanismo hitleriano. Su método fue la matanza y el culto a la violencia.
Volvamos al pensamiento de Reinhold Niebuhr: la capacidad del hombre para la justicia hace la democracia posible, pero la inclinación del hombre a la injusticia hace la democracia necesaria. Un nuevo Irak difícilmente puede tener como razón nuclear de su sistema de libertad la presencia pendular de un dictador colgado de la horca. El trecho quizás ahora se haga más largo.
Nada está escrito en sentido determinista, aunque el rastro de Sadam Husein -vivo o muerto- veje el bien común iraquí. Más allá de la conclusión del tirano, kurdos, suníes y chiíes requieren de una capacidad más intensa de achicar el sectarismo y de un mayor afán de convivencia para ejercer como ciudadanos bajo la luz cenital del Estado de Derecho.
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31 Diciembre 2006
UN grupito de asesinos etarras, supongo que varias veces desarticulado, puso ayer fin a la carrera profética de José Luis Rodríguez Zapatero. Sólo unas horas antes del atentado en uno de los nuevos aparcamientos del aeropuerto de Barajas, el presidente, en uno de sus arrebatos de optimismo hueco, decía en relación a ETA: «Estamos mejor que hace un año y dentro de un año estaremos mejor». Ahí están los resultados de una política, tan temeraria como bien intencionada, que a lo largo de más de treinta meses ha transportado al líder socialista desde el error, una licencia de quien debe decidir, a la contumacia, el fracaso de quien se equivoca con empecinamiento.
Entre los especímenes políticos más peligrosos se encuentra el líder de ideas fijas. Se define por su incapacidad autocrítica y por sus oídos sordos a las voces de sus oponentes y, peor todavía, por su desdén para con los observadores independientes. En esa categoría se encuentra Zapatero. Deseoso de pasar a la Historia como un gran pacificador, aceptó, más crédulo de lo conveniente, establecer con ETA un «proceso» a cuyo final fáctico, lamentable y previsiblemente, asistíamos ayer. El «alto el fuego» que, unilateralmente, decretó la banda hace nueve meses concluyó también de modo unilateral y con sañudo estruendo.
Según el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, «no estamos ante un proceso racional». Más bien parece lo contrario. Los razonamientos de ETA no conducen, ni han conducido, ni conducirán, a la paz. ¿Cómo nos van a dar algo que no les vale nada y renunciar con ello a una violencia que les da de comer y, al tiempo, les sirve para el sostenimiento de un pregón independentista inviable por cauces democráticos?
Ante el suceso, Mariano Rajoy ha tenido el buen gusto de no afirmar, como podría invitar la tentación, el «ya lo decía yo» que nunca sirve para nada. Se ha limitado a pedirle al Gobierno que rompa toda relación con ETA. Es lo justo y, si se pretende la eficacia, lo cabal. El final de ETA será consecuencia de la acción judicial y policial o no será. La decepción que marca el tremendo atentado de ayer es repetición de otras muchos anteriores. Incluso cuando más cerca estuvimos de una solución dialogada, en la gestión del ministro Juan José Rosón, el diálogo sólo sirvió para provocar una escisión en el seno de la banda que trajo a la convivencia democrática a unos pocos con el precio de la radicalización asesina de otros tantos.
Ahora le toca al Gobierno, si no se resiste a aceptar la evidencia, renovar su política antiterrorista y, como propuso el propio Zapatero en sus días de oposición a José María Aznar, hacerlo en coordinado entendimiento con el PP y cuantas fuerzas democráticas quieran acabar con ETA mejor que aplicarle bondadosas cataplasmas que rebajen su hinchazón asesina.
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31 Diciembre 2006
DIJO el pitoniso, con esa hueca solemnidad tan suya, mirando con ojos miopes su bola de cristal opaco: «Estamos mejor que hace un año, y tengo la convicción de que dentro de un año estaremos mejor que ahora». Y se fue a dormir a Doñana, arrullado por el mecer de los juncos del Coto, dulcemente desavisado de la oportunidad que acababa de perder para no hacer el ridículo. A esas horas, quizá, alguien había aparcado ya en Barajas una furgoneta cargada de explosivos. Joder con el profeta; cuando abandone la Presidencia del Gobierno, más vale que no se dedique a futurólogo.
Lo malo del optimismo patológico, perdón, antropológico, no es que carezca de la información necesaria, sino que provoca una cierta enajenación de la prudencia y termina confundiendo el análisis en una sobrada y autosuficiente arrogancia. La realidad envía avisos, enciende luces de alarma, y el optimista despreocupado, fiado de sus convicciones inmutables, las ignora haciendo la vista gorda y las envuelve en camuflajes semánticos o retóricos para minimizarlas a favor de su inspirado designio. Las amenazas eran «para consumo interno»; las cartas de extorsión llevaban matasellos atrasados; el zulo era «un sitio para meter cosas», los atentados eran simples «accidentes mortales». La kale borroka o el robo de las pistolas, como ofrecían poco margen interpretativo, simplemente quedaban relegados a los márgenes de la evidencia. Y el responsable de la lucha antiterrorista, el director de la Policía y la Guardia Civil, podía proclamar ufano que no había ningún comando operativo en España, perdiendo él también una excelente ocasión de administrar su silencio. El país alegre y confiado caminaba con paso decidido hacia un futuro de pazzzzz.
Cuando ese futuro salta en pedazos, y los escombros aplastan a dos pobres inmigrantes que estaban en el lugar más inadecuado en el momento menos oportuno, el optimista aún se resiste a aceptar el desmoronamiento completo de sus certezas. Y apela de nuevo a la semántica: en vez de romper, suspende. En vez de cancelar, interrumpe. En vez de suprimir, aplaza. Rebusca matices, atrapa casuismos, escruta tonalidades, modula conceptos para persistir en la conclusión de su particular silogismo aunque se le estén deshaciendo las premisas. Y posa gestualmente con semblante de enfado, con aire de dolida firmeza, con el desilusionado rictus de decepción y contrariedad de quien se siente incomprendido en su buena fe.
Eso sí, había en su rostro una expresión de rabiosa amargura, un gesto de disgustado trastorno, de autoestima mermada cuando, forzado por la impía terquedad de los periodistas, tuvo que admitir, casi mordiéndose los labios, que «desgraciadamente hoy estamos peor que ayer». Viniendo de un arúspice tan categórico, de un augur tan iluminado, de un visionario tan persistente, esa constatación elemental resulta casi un atisbo de esperanza.
Igual se cae del guindo antes de que sea demasiado tarde.
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31 Diciembre 2006
LA TERCERA DE ABC
SERÍA miserable atribuir al Gobierno o a su presidente un adarme de responsabilidad en el brutal atentado terrorista perpetrado por ETA ayer en la Terminal 4 de Madrid-Barajas. Pero no lo es -por el contrario, resulta obligado- subrayar críticamente la desoladora intervención de José Luis Rodríguez Zapatero en respuesta a la criminal fechoría de la banda. Limitarse a suspender las iniciativas de diálogo con ETA, pero negarse a romper el «proceso» -y negarse a hacerlo hasta tres veces a requerimiento de preguntas de los periodistas- delata que el jefe del Gobierno se ha instalado en una banalidad política y en una inconsistencia intelectual alarmantes que, siendo perceptibles en sus decisiones desde hace mucho tiempo, constituyen en estas circunstancias un gravísimo riesgo para el Estado de derecho en nuestro país.
Cuando a la banda terrorista ETA se le responde tras un atentado como el de ayer con una suspensión de las iniciativas de diálogo o negociación -y no con una ruptura terminante- se le está remitiendo la seguridad de que éste se retomará cuando las circunstancias muden, de tal manera que la generación de expectativas favorece las tesis de los que en la banda criminal consideran que el ejercicio de la violencia es el camino correcto para sentar al Estado en una interlocución negociadora. ETA y Batasuna -cuyo portavoz tampoco consideró roto «el proceso»- tienen ahora la seguridad de que Rodríguez Zapatero se abraza -aunque lo haga al modo de un náufrago- a la baza de una política de pacificación que no será enteramente rectificada ni siquiera con acciones tan bestiales como el atentado en la T-4 madrileña.
Desde el principio -allá, en el mes de marzo, cuando ETA declaró un mendaz «alto el fuego permanente»- el Gobierno no ha hecho otra cosa que perder terreno. El «proceso» ha resistido la violencia callejera -desde la de menor entidad a la de mayor descaro y gravedad para personas y bienes-; ha soportado también el chantaje a profesionales y empresarios en el País Vasco; ha aguantado la permanente intimidación a las fuerzas políticas no nacionalistas en la comunidad autónoma vasca y -tan grave como todo lo anterior- ha sido compatible con constantes declaraciones de ETA según las cuales este «proceso» no era de paz sino de negociación de la autodeterminación y de la territorialidad vascas y de amnistía para los terroristas encarcelados.
El presidente, como si de un autista se tratara, asesorado por ignotos expertos en la materia, actuando al margen de toda lógica y conocimiento de esos fantasmales interlocutores de la banda terrorista, ha incurrido en situaciones tan patéticas como la del viernes cuando declaró a bombo y platillo que «dentro de un año estaremos mejor que hoy», al mismo tiempo que los ciudadanos vascos dejaban ver en el euskobarómetro su mayoritaria sospecha de que ETA volvería a matar «en cualquier momento». El presidente, con un rostro marmóreo, ha tenido que digerir que el máximo responsable de la Guardia Civil y la Policía aseverase el pasado miércoles que «no hay datos que hagan pensar ahora mismo en que ETA se esté rearmando», al tiempo que era descubierto un zulo y el propio Gobierno vasco expresaba por ello su preocupación. El presidente, inconmovible, ha consentido que la banda terrorista ETA perpetrase un secuestro para el robo posterior de trescientas cincuenta armas cortas en Francia, sin considerar que tal acción era ya una ruptura de la tregua y, en todo caso, un delito gravísimo. En definitiva: el presidente asumió desde los primeros compases de esta falaz iniciativa de paz que la verificación de la voluntad de ETA no era el abandono de las armas sino la transacción con el Estado y la obtención de determinadas contrapartidas.
José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido así en un político temible, poseído de una soberbia cegadora e inabordable intelectualmente desde los más elementales argumentos de conservación de la integridad del sistema democrático. Todas sus iniciativas -ésta del proceso es la más grave- surgen como ocurrencias geniales, como grandes hallazgos, para derivar después en gravísimos problemas políticos que le restan todo margen de maniobra. Así ha ocurrido con la cuestión territorial, con la política exterior, con la llamada «memoria histórica» y, ahora con este remedo de «proceso» de paz con la banda terrorista ETA que ha demostrado durante décadas ser impermeable a cualquier forma de interlocución que no pase por el fielato de reconocer su condición «política» y de «vanguardia» del nacionalismo vasco independentista. A este planteamiento delictivo de ETA sólo se le ha contestado coherentemente -tras las decepciones muy aleccionadoras de 1989 y 1998- con la ilegalización de su brazo político mediante la aplicación judicial de la Ley de Partidos y con la persecución policial -nacional e internacional- y la colaboración de la comunidad de democracias occidentales, desde la unidad de los partidos políticos en España, respaldada de forma aplastante por la sociedad.
El presidente del Gobierno, sin embargo, pecando de altivez -en la que cae al suponer que él es capaz de lograr lo que no alcanzaron otros- abandonó esa política antiterrorista para introducirse en otra laberíntica en la que la banda terrorista ETA le ha ido ganando sucesivamente todos los órdagos de un juego de naipes con las cartas marcadas. Rodríguez Zapatero hablaba de paz y los terroristas lo hacían de negociación; el presidente hablaba de legalidad y los terroristas lo hacían de impunidad; el presidente hablaba de democracia y los terroristas lo hacían de imposición. ¿Cómo es posible que el jefe del Gobierno no haya reparado -o no le hayan hecho reparar- que ETA no discurre por los circuitos de la lógica convencional? ¿Cómo se ha llegado a esta situación cuando todas las evidencias apuntaban indefectiblemente a un episodio trágico como el de ayer en Madrid? ¿Cómo es posible, por todo ello, que el presidente del Gobierno siga alimentando expectativas negociadoras mediante la mera suspensión del diálogo con ETA cuando la experiencia, propia, y ajena anterior, le indican que la banda sólo entiende la política que excluye cualquier posibilidad de otro diálogo que no sea el preciso para datar la entrega de las armas, señalar el lugar de los arsenales y acogerse a la generosidad que el Estado y la sociedad dispongan libremente concederle?
La intervención de ayer del presidente -cuando todos los ciudadanos sensatos hubiéramos querido que así no fuese- resultó aflictiva, es decir, desoladora, porque provocó una inquietante sensación de orfandad política, porque se notó el volumen de la ausencia de esas certezas que tampoco prestó al líder de la oposición y que Mariano Rajoy echó en falta en su entrevista con Rodríguez Zapatero. Algo nuevo, sin embargo, se pudo extraer de la frialdad del jefe del Gobierno: la confirmación de que se trata de un político que orbita en sentido circular a un conjunto de valores tan peculiares -por propios e inaccesibles-que le apartan de la sintonía necesaria para ejercer el gobierno con la fiabilidad habitual en un régimen democrático. Por eso, la oposición -el Partido Popular-, en la desolación, debe procurar la mudanza política y esgrimir su derecho constitucional a cuestionar ya y sin demoras la confianza aun dirigente que la ha gastado con la frivolidad de los pródigos. Para eso está el artículo 113 de la Constitución.
José Antonio Zarzalejos. Director de ABC.
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30 Diciembre 2006
¿Puede la canciller de Alemania sacar a la Unión Europea del pozo sin fondo conocido de su crisis institucional, rescatando del limbo el piadoso proyecto de tratado constitucional?
Antes siquiera de poder abordar tal cuestión, será necesario que la canciller federal de Alemania, Angela Merkel, pueda responder afirmativamente a tres preguntas mucho más simples, aunque igualmente penosas. ¿Podrá ella misma zanjar la fronda de los Länder alemanes contra los proyectos del Estado federal? ¿Podrá sobrevivir la coalición de cristianodemócratas y socialdemócratas que ella lidera, a cambio de haber enterrado parcialmente las grandes reformas de su programa electoral? ¿Puede asumir Alemania un liderazgo continental debilitada por el euroescepticismo de su opinión pública, la división de su clase política y las aspiraciones de sus gobiernos regionales?
Angela Merkel se ha distanciado de Moscú y ha reorientado hacia Washington la diplomacia nacional alemana, dentro de los límites estrictos que imponen las reservas de su influyente ministro de asuntos exteriores, Frank-Walter Steinmeier, socialdemócrata. Se trata de movimientos mucho más fáciles de realizar que el avance de un proyecto realista de reforma institucional de la UE, que lleva diez o quince años empantanada.
Angela Merkel puede sugerir cambios y maquillajes del proyecto de tratado constitucional rechazado por Francia. Las sutilezas bizantinas de la diplomacia europea crean la ilusión de un «relanzamiento» cuyos fundamentos se desconocen. ¿Alguien cree posible una Europa institucional sin Francia? ¿Qué discusión realista puede tenerse con una capital europea, París, que desconocerá el nombre de su futuro o futura presidente hasta primeros de mayo? ¿Resolvería un tratado constitucional el problema del escaso crecimiento europeo de los últimos quince o veinte años? ¿Puede evitar la Unión Europea el retroceso comparativo de las universidades europeas en la nueva geografía mundial del conocimiento y la influencia?
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30 Diciembre 2006
EN el Reino Unido, la sociedad democrática más viva de Europa, las gentes se hacen lenguas, a mitad de camino entre el escándalo y la condena, porque su primer ministro Tony Blair pasa las vacaciones de fin de año en Miami, en la residencia de Robin Gibb. Es, como suele suceder en el mundo anglosajón, cuestión de formas. Los ciudadanos, que saben quiénes son sus representantes, les exigen una conducta recta -¡no faltaba más!- y una apariencia impecable. Algo que aquí echamos en falta quienes quisiéramos una democracia distinta de la que impone nuestro sistema electoral y distante de la que tanto propician, sin excepción, los grupos políticos que ocupan los diecinueve Parlamentos de la Nación.
Robin Gibb, con sus hermanos Barry y Maurice, integraron los míticos Bee Gees, a quienes, incluso los menos amantes de la música de nuestro tiempo, recordarán por la banda sonora de la película que lanzó a John Travolta, «Fiebre del sábado noche». En la actualidad vive el músico en una lujosa mansión de Cayo Vizcaíno en la que ha recibido como huéspedes al matrimonio Blair. Los diarios ingleses han desatado la polémica. Después de recordar la afición de la pareja a descansar en residencias de notables, desde Silvio Berlusconi a Cliff Richard, los colegas británicos y el Partido Conservador quieren saber quién paga estas vacaciones y despejar la incógnita, si son gratuitas -algo que incomoda a la mayoría-, de una posible relación de la invitación con la campaña desplegada por Gibb para que los derechos de autor tengan un plazo de vigencia más largo que el que actualmente se contempla.
Reseño el caso con admiración cívica. Nuestro Blair doméstico, José Luis Rodríguez Zapatero, pasa estos días de vacaciones en Doñana, algo que pagamos todos y nadie apunta una nota crítica ni, mucho menos, la circunstancia produzca escándalo, como tampoco lo produjo la de sus antecesores en La Moncloa. Ningún primer ministro europeo dispone, como los nuestros, de las instalaciones públicas para su recreo privado. Ese es un lujo protocolario que sólo corresponde a los jefes de Estado; pero aquí aceptamos como «normal» que cada quisque con firma en el BOE, o en sus diecisiete boletines clónicos, vaya y venga, entre y salga, duerma o esté despierto, en las suntuosas instalaciones que mantienen nuestros impuestos e integran el patrimonio común.
La dignidad del poder, que es el gran remate que adorna la democracia, exige una conducta transparente y ejemplar de los líderes políticos. El hecho de concurrir a unas elecciones establece un compromiso de conducta que debiera arrancar por la diáfana separación entre lo público y lo privado. Una democracia adormecida acepta con un «qué más da» la vacación de Zapatero; una más viva y pujante, arma la tremolina por una apariencia indebida. Es una diferencia que no marcan los gobiernos, sino los gobernados.
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30 Diciembre 2006
CUANDO la ministra Narbona salió con su peregrina ocurrencia de acabar con la muerte de los toros en la plaza, un simple director general de la Junta de Andalucía le puso las peras al cuarto: en el nuevo Estatuto de autonomía, vino a decir, las competencias sobre la lidia las voy a tener yo, y ya pueden los ministros cantar misa u orar mirando a la Meca; aquí se va a hacer lo que nosotros queramos. No se puede retratar de un modo más nítido la verdadera «realidad nacional» de España tras la oleada de reformas estatutarias que ha propiciado el Gobierno a partir de la deriva catalana. El Estado va a quedar convertido en un aparato residual sin apenas influencia práctica en la gestión de los asuntos públicos. Con las competencias y los recursos para aplicarlas en manos de las administraciones territoriales, el poder del Gobierno se limitará a la elaboración de vagas leyes de regulación general... siempre que no colisionen con las legislaciones autonómicas.
Lejos de acabarse con el Estatuto catalán, el problema de la estructura del Estado no ha hecho sino comenzar de nuevo en un inquietante proceso de desguace. Zapatero lo acaba de comprobar cuando la Generalitat de su teórico correligionario Montilla ha emprendido la escalada de pleitos competenciales y de financiación, que pronto cuajará en la exigencia de que se cumpla de manera real la bilateralidad consagrada en el nuevo texto. Luego llegarán Andalucía, Valencia, Galicia, Canarias y todo el resto, en cola para demandar el cumplimiento efectivo de sus flamantes normas. Si el Gobierno pensaba marear la perdiz va listo; abierta la espita del nuevo orden autonómico, el vapor de la cohesión estructural se escapa a toda presión por la rendija y no habrá manera de devolverlo a su ser. Se trata de una reforma políticamente irreversible.
Este Gobierno pasará a la Historia por haberse hecho a sí mismo el harakiri de la autodisolución, convirtiéndose en un poco más que un mero órgano colegiado de supervisión administrativa. Ha liquidado la España de los ciudadanos para sustituirla por una confusa nación de territorios en la que las verdaderas decisiones de poder van a quedar al albur caprichoso de los dirigentes de las autonomías. Es decir, ha consagrado un principio de desigualdad que ni siquiera se ha molestado en corregir de manera retórica o teórica en algunos de los nuevos textos estatutarios, trocados en constituciones en miniatura de unos Estados de la señorita Pepis que acumulan para sí mismos toda la capacidad de distribución de recursos públicos.
Por eso, cuando Zapatero saca pecho al hacer balance de su gestión anual, no se entiende muy bien de qué país está hablando. Porque pronto no presidirá más que formalmente un territorio que, en el caso de la mayoría de los Ministerios, apenas si pueden gobernar más allá de los límites de las ventanas de sus despachos.
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30 Diciembre 2006
LA TERCERA DE ABC
El día 31 de diciembre del 1936, en plena guerra civil, un día frío y luminoso, alrededor de la hora ritual española de las cinco de la tarde, Miguel de Unamuno murió en Salamanca, «de mal de España», como diagnosticaría Ortega y Gasset. Los médicos dirían que había muerto de una congestión cerebral, producida por las emanaciones de anhídrido carbónico del brasero doméstico. Su muerte sólo fue presenciada por un joven falangista, Bartolomé Aragón, que, recién venido del frente bélico, había ido a visitarlo, admirativo y fiel. Cuando Unamuno, después de su última irritación dialéctica y de su última frase para la historia y para su biografía, con su ciego voluntarismo suicida a flor de piel: «¡Dios no puede volverle la espalda a España! ¡España se salvará porque tiene que salvarse!», dejó caer su cabeza sobre el pecho, en un desvanecimiento ya preagónico; su visitante no se atrevió a despertarlo, hasta que se dio cuenta, por el olor a quemado, que el viejo maestro inconsciente había metido su zapatilla en el brasero y se le estaba quemando, sin que él lo sintiera, porque ya estaba muerto.
Aquella muerte es patética por las circunstancias que la precedieron y la acompañaron. Y, si toda muerte personal, se aborda desde la soledad, la de Unamuno fue doblemente solitaria, al final de una larga agonía (en el sentido unamuniano y etimológico de la palabra, como lucha por sobrevivir) de tres meses, marginado por los hombres y por la historia, sin los amigos que le hubiera gustado tener durante aquellas últimas semanas trágicas y sin las razones suficientes para entender lo que estaba ocurriendo en aquella España sangrienta de la última contienda civil, que a aquellas alturas de su vida se le vino encima, de golpe y porrazo, aunque él mismo la había estado anunciando desde hacía tiempo, sin acabar de creérselo enteramente y sobre todo sin imaginarse que fuera como finalmente fue. Había vivido horrorizado durante aquellos meses y, lo que es peor, tenemos muchas razones para pensar, que temió por su vida y que el desasosiego y el miedo fueron una proximidad indeseable hasta las vísperas de su muerte.
Quizá tuvo la muerte que se merecía (aunque nadie se merece la muerte), después de una vida de ir «contra esto y aquello», con la razón y contra la razón, manteniéndose en una contradicción permanente, entre quiebros intelectuales y paradojas, en un perpetuo equilibrio inestable, y haciendo siempre del principio de la incertidumbre el eje de su pensamiento y la raíz de su conducta. Pero la guerra civil, a tiro limpio, no toleraba estas posiciones marginales, ambiguas y descomprometidas. La guerra civil era tajante y expeditiva. No le iban los matices y menos las sutilezas. La posición de Unamuno, frente a unos y frente a los otros, había nacido de una coherencia interna y se había expresado en un lenguaje infiel a la solidez de las ideas, que en aquel tiempo se habían convertido en balas. Preocupado por abarcar la totalidad de lo real, a riesgo de la negación de cualquier tipo de verdad adquirida, Unamuno se encontraba siempre solo y más solo en la guerra civil. Porque no estaba la Magdalena para tafetanes ni el horno para bollos. El fuego cruzado de los enemigos lo cogió en medio y le dieron leña por todos lados. Lo que le había amenazado siempre, se cumplió al final de su vida. Después de brearlo bien breado, lo mandaron a su casa, condenado al silencio y al ostracismo. Y así murió.
Su inicial aceptación del levantamiento militar, debido a su desencanto crítico de la trayectoria política del régimen republicano, en la esperanza de que las cosas mejoraran, y también, apasionado como era, por sus puntuales y rencorosas disidencias con algunos de sus prohombres, sobre todo con Azaña, al que no podía ver ni en pintura, le duró más o menos quince días, decepcionado por las maneras de los sublevados y por sus propósitos antidemocráticos, cada vez más evidentes. El encarcelamiento y la muerte de algunos de sus íntimos le abrieron los ojos y, a primeros de agosto, ya estaba de vuelta de su error. En carta del 10 del mismo mes le escribió a un amigo suyo, socialista belga: «No me abochorna confesar que me he equivocado. Lo que lamento es haber engañado a otros muchos». Pero, para entonces, el gobierno de la República ya lo había reprobado y le había cesado en todos los cargos y honores que le había dado, y sus amigos republicanos le habían abandonado. La prensa de Madrid le había atacado duramente, ridiculizándolo y machacándolo, con chistes y caricaturas. El día 23 de agosto, «La Gaceta de Madrid» publicó el Decreto de su destitución, lamentando su decisión política de alinearse con los enemigos de la República.
Ocho días después, la Junta de Defensa Nacional, de Burgos, le repuso en todos cargos y honores, expresando su admiración y su agradecimiento por su gesto de ayuda «a la cruzada emprendida por España -pueblo y Ejército- para librar a la civilización de Occidente del secuestro en que gentes incomprensivas de su excelencia la retenían». Pero Unamuno ya no estaba en esa órbita y las decepciones acumuladas y las rabias contenidas de los meses de agosto y septiembre le hicieron estallar el 12 de octubre, en el Paraninfo de la Universidad salmantina, cuando ostentaba la representación del Jefe del Gobierno del Estado, general Franco, en su célebre enfrentamiento con Millán Astray, donde dio rienda suelta a su indignación y estigmatizó a los sublevados, diciéndoles: «Os falta razón y derecho en la lucha. Es inútil pediros que penséis en España». El día 22, naturalmente, el general Franco lo volvió a destituir, completando el círculo de la soledad en torno a aquel hombre viejo, que caminaba, sin saberlo, a pasos agigantados hacia la muerte, completamente solo.
En todo este calvario debió pasarlo mal. Hay un testimonio fotográfico del día 25 de julio, con motivo de la constitución del primer Ayuntamiento de Salamanca de los sublevados, en el que participó como Concejal («Estoy aquí porque me considero un elemento de continuación, pues el pueblo me eligió concejal el 12 de abril, y porque el pueblo me trajo, aquí estoy, sirviendo a España por la República»), en el que se le ve enflaquecido, desgarbado, un poco desaliñado y como ausente. Lo que más llama la atención es su delgadez, muy lejos de aquel Unamuno fondón del retrato de Juan de Echeverría y más cerca del Unamuno esclerótico de Gutiérrez Solana. Ocupa el borde izquierdo de la foto y se apoya indolentemente en un mueble, despegado del resto de los ediles, que están al fondo de la imagen, eufóricos, pletóricos, casi desafiantes y sonrientes. La silueta agarabatada de Unamuno se parece más a la escultura angustiosa de Pablo Serrano que a la de Victorio Macho, pétrea y robusta. Aparece reconcomido de tensiones interiores y nos imaginamos las luchas que debió tener consigo mismo para desembocar en aquella foto. Dos meses después, Nikos Kazantzakis lo visitó y lo encontró «súbitamente envejecido, literalmente hundido y ya encorvado por la edad».
No había sido un exhibicionista, con su yo a la intemperie, ni un viejo testarudo, que le gustara llevarle la contraria a todos, sino un hombre de una estricta moral puritana, casi calvinista, que había buscado una coherencia ética, en un mundo incoherente y desquiciado. Evidentemente, no era de este mundo.
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