Los riesgos de una reforma constitucional, de Manuel Ramírez en ABC

LA TERCERA DE ABC

COMO cada vez que nuestra actual Constitución celebra su cumpleaños y sin que se sepa la causa, aparece en la escena política el tema de la necesidad de su reforma. Es posible que se trate de mera casualidad o quizá ande medio oculta alguna otra razón, como la de derivar la atención de la ciudadanía que tiene problemas mucho más graves y cercanos. En el caso de estos días, el hecho de que el tema venga a colación parece aupado por dos circunstancias aparentemente muy diferentes.

En primer lugar, la consideración de establecer la igualdad entre hombre y mujer en el orden sucesorio a la Corona, eliminando la actual prevalencia del varón que establece el art. 57 de la Constitución. Se trata de establecer lo previamente señalado en el art. 14 que impide cualquier tipo de discriminación por razón de sexo. La reforma, en este caso, está reforzada con una serie de requisitos que estimo ya conocidos por el lector. Admitiendo su necesidad, no es posible soslayar que su realización requiere una gran fortaleza parlamentaria del gobierno que la inicia o una situación de total consenso en el hemiciclo. Y, en segundo lugar, se trata de una reforma que no es en absoluto urgente en los momentos actuales, salvo hecatombe de muy alto alcance. Es algo que puede esperar y que, además, hay que abordar con gran tacto político.

La segunda circunstancia bien puede denominarse colateral. Hemos estado viviendo todo un año de «magnificación» hacia la segunda República Española en base al setenta y cinco aniversario de su establecimiento el 14 de abril de 1931. Creo que el hecho ha ido mucho más allá de un adecuado recordatorio o de una merecida celebración. Se ha visto aquel evento como la conocida definición religiosa: «conjunto de bienes sin mezcla de mal alguno». Y, claro está, no fue así. Entre otras cosas por un defecto en el que solemos caer para todo: mirar con ojos de hoy los acontecimientos del ayer. Si no se rectifica este proceder, no se entiende nada. Ni la Reconquista, ni la Inquisición, ni las Cruzadas, ni la figura del Cid, ni la aparición del Quijote, ni la Guerra Civil, ni lo que vino después. Nada de nada. La Segunda República tuvo zonas de luz y zonas de sombra. Y estas últimas no pueden esconderse bajo el pretexto de su abortado final. Naturalmente, cuando algo se «engrandece» en demasía es siempre a costa de que otro algo se «empequeñece» más o menos. Y con este factor por medio, tampoco me parece el momento más oportuno para una reforma constitucional aséptica, abordada «con manos temblorosas» como aconseja la doctrina clásica.

Intima consideración de esta «magnificación» señalada conduce, casi inevitablemente a otra exaltación sin sentido. Y es lógico. Si idílica fue la Segunda República, idílico resulta el texto que reguló su corta vida: la Constitución de 1931. Ende, a la hora de reformar ya tenemos ahí, bien cerca, el texto republicano. A mi entender, el hecho de afirmar tal equiparación y sostener que nuestra actual Ley de Leyes es consecuencia, desarrollo o equiparación de la Constitución de 1931, no deja de constituir un craso dislate desde el punto de vista científico. La Constitución de 1931 fue un texto desfasado (establecimiento de la omnipotencia de la Asamblea cuando Europa y otras partes del mundo caminaban ya por el sendero del llamado «reforzamiento de Ejecutivo») e inútil para la integración de la ciudadanía (fundamentalmente por el carácter claramente sectario con el que se regula el tema religioso). De aquí su fracaso y hasta su temprano rechazo por gran parte de la ciudadanía que no tardó en explicitarlo: aquella no podía ser «su Constitución». Y sin que faltaran los juicios que empañaron sin recato la obra: «conjunto de ambigüedades huecas de verdadero contenido» (Unamuno) o «Constitución lamentable, sin pies ni cabeza, ni el resto de materia orgánica que suele haber entre los pies y la cabeza» (Ortega).

Ocurre, por otra parte, que en cuanto suena la voz de posible reforma, aparecen los cien pareceres sobre lo que una Constitución supone. Ley de Leyes. Norma Fundamental intangible. Biblia de perpetua veneración. Mera herramienta siempre cambiable y válida para regular la vida y el funcionamiento de los poderes. Conjunto de normas de aplicación directa. Y así seguiríamos.

Siendo posible que algo de verdad exista en cada una de estas afirmaciones, uno se suma a la sagaz concepción del maestro García Pelayo quien con buen tino recuerda que «la Constitución es, al fin y al cabo, un componente de un conjunto más amplio al que, en términos generales, podemos designar como sistema político, y por consiguiente, lo que sea y signifique dependerá de su interacción con otros componentes de dicho sistema entre los que podemos mencionar, a título de ejemplo, los partidos políticos, las organización de intereses, las actitudes políticas, etc». Y, siendo así, su estabilidad irá estrechamente unida a su propia «capacidad de adaptación a las diversas condiciones en que se desarrollan los diferentes aspectos y situaciones de la vida política de un pueblo». De esta forma llegamos a la conclusión de que estamos ante algo, todo lo solemne que se quiera, pero inserto en un todo que nosotros llamaríamos el régimen político que la misma Constitución está llamada a intentar regular. Y es en ese todo en el que, a la hora de hablar de reforma, hemos de poner nuestros ojos y atención.

Es por ello por lo que, aquí y ahora, las preguntas son múltiples y determinantes. ¿Vivimos una situación en que nuestras fuerzas políticas han sido capaces de crear un clima sereno de consenso para abordar tanto la reforma como la solución de otros grandes temas de Estado? Evidentemente, no. En el caso de la reforma constitucional, el partido que está en el gobierno habla de cuatro puntos concretos. El mayor de la oposición ofrece hasta catorce, de inmediato descalificados por Izquierda Unida. Y el nacionalismo de izquierda y republicano de Cataluña aprovecha la ocasión para volver a la clara aspiración de «nación». Es decir, abierto el melón, cada partido quiere mayores tajadas.

En estos instantes de sociedad mucho más virulenta que en décadas anteriores, la opinión pública manifiesta tener, como temas de interés o preocupación, otros muchos problemas: inmigración, terrorismo, etc. No conozco ninguna encuesta o sondeo en el que el tema de una reforma constitucional ocupe lugar prioritario. Y esto tiene detrás una no confesada explicación: la reforma no evitará los males que los mismos partidos crean y que no estarán en ninguna propuesta reformatoria por la cuenta que les trae en su absoluta hegemonía cercana a la partitocracia. Están a la vista: reinado de los grupos parlamentarios con minusvaloración del debate en el hemiciclo, férrea disciplina de voto diga lo que diga el contrincante, tradicional recurso al «y más tú» en cualquier debate, nula libertad del ciudadano a la hora del voto ( el partido es el que coloca o elimina nombres), progresivo desguace del Estado (la puerta abierta del art. 150,2 se cierra simplemente con su no ejercicio: ni transferir, ni delegar más, dado el carácter no obligatorio de elección por vía parlamentaria, algo tampoco establecido en ningún artículo de la Constitución y que, por demás, tanto dañoestá haciendo sobre todo en el campo del poder judicial, etc...). Podríamos seguir con los ejemplos. Y todos engendrados no en el texto, sino en la paulatina degradación del sistema político en su conjunto. ¿A qué viene entonces la urgencia de la reforma? Limpiemos antes el conjunto de lo existente y no perdamos el tiempo pensando en lo que la letra, por muy solemne que sea, en nada va a arreglar. Si no es así, el riesgo será una nueva rifa de pactos superior a la existente.

Manuel Ramírez. Catedrático de Derecho Político. Universidad de Zaragoza.

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Hacia una nueva codificación, de Alberto Dorrego de Carlos en ABC

UNO de los tópicos más ampliamente extendidos entre los juristas contemporáneos es el reproche a la agobiante proliferación normativa del Estado, cuyos (evidentes) excesos tienden a vincularse con la pérdida generalizada de calidad técnica de la legislación, y, en último extremo, con una seria amenaza al derecho constitucional de los ciudadanos a la seguridad jurídica.

Las pruebas del supuesto desbocamiento legislativo en que nos hallamos son numerosas y crecientemente alarmantes. Solo en el Congreso de los Diputados se tramitan en la actualidad 41 proyectos de ley del Gobierno (unidos a los 71 que han sido ya tramitados durante la presente Legislatura) y nada menos que 147 proposiciones de ley de los Grupos Parlamentarios. Fenómeno que se agudiza en España con la fuerte dispersión de los centros de producción normativa debido a la implantación a partir de los años ochenta del Estado autonómico y la adhesión a la Unión Europea en 1986. Así (y aun cuando el dato tiene un valor científico relativo), de las 210.697 normas jurídicas que a día de hoy se consideran vigentes (La Ley-Nexus) sólo poco más de 100.000 son ya de ámbito nacional. Más aún: desde la Legislatura constituyente, las Cortes Generales han aprobado 931 leyes (ordinarias y orgánicas), por cierto 739 procedentes de proyectos de ley del Gobierno, y convalidado 422 decretos-ley, mientras que las normas con rango de ley de las Comunidades autónomas vigentes a día de hoy son 3.357.

El incremento de la actividad legislativa del Estado es, además, exponencial. Los repertorios legislativos registran que en 1977 se publicaron en España 2.123 normas jurídicas de distinto rango. En 1982 fueron 3.411. En 1996 se publicaron 6.067. Y, ya son 8.987 las publicadas desde el comienzo de 2006. Se estima que las normas jurídicas que se modifican al año (con todas las cautelas que implica ofrecer esta cifra) son, aproximadamente, 19.000.

Aun cuando de estos datos, que, por otro lado, difieren escasamente de los que ofrece la práctica legislativa del resto de los Estados europeos, se desprenden motivos justificados de inquietud entre la comunidad jurídica, creo necesario no desenfocar en exceso el problema ni exagerar la crítica, sino indagar acerca de la radical transformación que está experimentando la función legislativa del Estado en la sociedad globalizada y contribuir a la articulación de nuevas y más avanzadas soluciones técnicas, constitucionales y administrativas.

Como es bien conocido, el alumbramiento del Estado moderno en el Renacimiento, fundado sobre la noción capital de soberanía (summa et soluta potestas, en la versión latina de Bodino) supuso el fin de la idea medieval del Derecho, insuperablemente expuesta entre nosotros por García Pelayo, cimentada sobre el principio consuetudinario y sobre la concepción del poder como iuris-dictio, esto es, limitada al descubrimiento del buen Derecho viejo perteneciente a la Comunidad desde tiempo inmemorial (del good old law citado aun por Coke en el Bonham Case).
De este modo se abrió camino la moderna vinculación entre el poder político y la función legislativa que se asienta definitivamente con el advenimiento del Estado constitucional (del Estado democrático-liberal contemporáneo). Esto es, la plena aceptación de la ley (de la voluntad escrita y democráticamente expresada de la living generation) como potencia creadora del Derecho. Sin otro límite que el respeto a los derechos inviolables «...que le son inherentes...» a la persona humana (libertad y propiedad) en los cuales se fundamenta la existencia misma del Estado (art. 10.1 de la Constitución).

La motorización legislativa del Estado social nacido tras la segunda guerra mundial, sobre la cual ya nos advirtió Carl Schmitt, viene relativizando desde hace décadas aquel concepto liberal de ley (mandato normativo racional y objetivo, dotado por ello de razonable estabilidad y fijeza), que, como gusta señalar a mi maestro y amigo Benigno Pendás, esta irremediablemente condenado al museo de la arqueología constitucional. Desde luego no han desaparecido nuestros viejos códigos (aún cuando se modifican incesantemente y se parcelan sus contenidos), pero se ven impelidos a coexistir con un sinfín de normas jurídicas que carecen en buena medida de tal carácter. Simples leyes-medida.

Pero, ni siquiera este conocido análisis hoy ya nos sirve. Desde hace unos años, sin que casi hayamos sido capaces de advertirlo, vivimos inmersos en un nuevo mundo global radicalmente distinto al que conocieron las precedentes generaciones de juristas. Se basa no solo ya en la transnacionalización de la economía, de la producción y de los servicios (la llamada primera globalización) sino en la interconexión permanente de redes, empresas y personas a través de las comunicaciones electrónicas. Ello ha derivado en un efecto de aplanamiento del mundo (como lo denomina Thomas Friedman) y de las relaciones humanas mediante una permanente relativización de las estructuras jerárquicas y del valor (antes esencial) de la intermediación. Como indica el título de su conocido ensayo: The world is flat. ¿Acaso no tiene también alguna incidencia este aplanamiento del mundo y la revolución tecnológica de la cual trae causa sobre el orden jurídico y sobre el proceso de producción normativa? En mi opinión es obvio que sí.

La proliferación de normas jurídicas no implica, eo ipse, la perdida de certeza del ordenamiento jurídico. En nuestro mundo, vertiginosamente cambiante e hiper-comunicado, la permanente innovación normativa no solo es razonable (absolutamente imprescindible en muchas materias), sino que constituye una clara demanda social a la que todo gobernante-legislador, más allá de tecnicismos jurídicos, está obligado a dar respuesta. Y, con toda seguridad, lo hará. En mi opinión, los juristas debemos afanarnos no tanto en frenar el supuesto crecimiento exponencial de nuestra legislación (que no se producirá) sino en exigir, como vienen indicando las instituciones de la UE desde la celebre Resolución del Consejo de 8 de junio de 1993, luego incorporada a los Tratados, máxima transparencia en el proceso de producción normativa, accesibilidad de las normas para los operadores jurídicos y los ciudadanos en general y un mayor esfuerzo en la calidad técnica de las soluciones adoptadas.

Acceder hoy a las normas vigentes de nuestro ordenamiento jurídico y desbrozar aquello que nos interesa en el estudio de un asunto, implica hoy menos esfuerzo que hace diez o veinte años, aun cuando las normas publicadas eran entonces muchas menos. Más allá de la imprescindible especialización técnica de los juristas, incluso de la micro-especialización, como sucede en la mayor parte de las profesiones, es evidente que los instrumentos tecnológicos actuales y, en particular, la codificación electrónica que realizan los operadores privados al modo los tradicionales statute books anglosajones, están aplanando también el ordenamiento jurídico en el sentido señalado por T. Friedman. Es tiempo de que el Estado y los parlamentos abandonen sus arcaicos usos y se comprometan, de una vez por todas, en esta nueva codificación, aportando a la misma el valor de la certeza y la oficialidad.

Alberto Dorrego de Carlos. Letrado de las Cortes y abogado.

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El fantástico zapatero, de M. Martín Ferrand en ABC

ES necesario recurrir a las «Charlas de Antoñita y don Antonio» -Antoñita la Fantástica y Antonio Calderón- para encontrar argumentos tan engañosos y lejanos de la realidad como los que suele manejar el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, especialmente en lo que respecta al orden público, la seguridad y la lucha contra ETA. La diferencia estriba en que Antoñita la Fantástica -hija literaria y radiofónica de Borita Casas- solo pretendía, con una sonrisa, aliviar las penas y las necesidades ciudadanas de los años cuarenta y cincuenta y sus continuadores gubernamentales de hoy lo que quieren es confundirnos. Pretenden que veamos blanco lo que evidentemente es negro. Algo mucho más burdo y rechazable.

Sostiene el Gobierno, sin que a Zapatero se le borre la sonrisa o Alfredo Pérez Rubalcaba mueva uno solo de sus músculos faciales, que ETA no intenta rearmarse. Incluso es capaz de afirmar que el último zulo encontrado por la policía en Amorebieta no fue construido con intenciones asesinas, a pesar de su contenido en materias explosivas, sino con el propósito de ser descubierto. Algo así como un gesto de fuerza para demostrar que la organización está viva y sus asesinos ni aflojan el pulso ni pierden fuerza como consecuencia de la «tregua» en curso. Un zulo no logístico hecho para la propaganda.

Negar lo evidente es, en las personas, una de las primeras etapas del deterioro intelectual. Supongo que puede establecerse el paralelismo con los grupos y, en esa dirección, el deterioro gubernamental es grande. Incapaz para la autocrítica, el Gobierno se obstina en «tener razón» y eso no tiene más salida que el ridículo. Es el fundamento del humor del absurdo. Joan Mesquida, el polivalente director de la Policía y de la Guardia Civil, se supone que el hombre mejor informado sobre la cuestión, dice que no hay datos que permitan pensar que los etarras acumulen material para una eventual vuelta a las andadas terroristas. No admite que sea leche el líquido que, blanco y en botella -o en tetrabrik- nos ofrecen las vacas. Ni tan siquiera después de contar las trescientas cincuenta pistolas que la banda consiguió en suelo francés.

Antoñita la Fantástica era una mitómana divertida y Zapatero es un mentiroso empedernido. No es lo mismo. Los dos personajes, prácticamente igual de irreales, viven separados por la diferencia de sus intenciones y por la distinta condición ética de su imaginación. El fantástico Zapatero no fabula gratuitamente. Esa es su táctica, a falta de estrategia, para perpetuarse en el poder y, lo que más parece obsesionarle, anular al PP. Como si el partido de Mariano Rajoy fuera, como el infierno del padre Astete, la conjunción de todos los males sin presencia de bien alguno. Antoñita tendría sitio entre los Santos Inocentes; Zapatero, no. No es inocente.

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Inocentes... y culpables, de Ignacio Camacho en ABC

ACASO la verdadera razón por la que los diarios españoles han ido suprimiendo la tradición de las inocentadas no haya sido tanto la voluntad de consolidar un periodismo serio y de calidad como la evidencia de que la realidad se estaba apoderando de la fantasía hasta neutralizar cualquier capacidad de sorpresa. Uno abre cualquier día el periódico y tiene que frotarse los ojos para creer lo que está leyendo, sobre todo si se trata de las ocurrencias del Gobierno, que un día propone suprimir la muerte del toro en la plaza y otro debate con toda seriedad en el Congreso los derechos de los Grandes Simios. En un panorama de objetividades perfectamente inverosímiles, las bromas carecen de relevancia para abrirse paso. Como sugiere el filósofo Gustavo Bueno, el presidente Zapatero tiene, como la Alicia de Carroll, dificultades para delimitar los mundos de la realidad y de la quimera, y se figura a sí mismo un horizonte ilusorio en el que De Juana Chaos se transfigura en un hombre de paz, Carod Rovira en un aliado respetable, Magdalena Álvarez en una dúctil negociadora, Hugo Chávez en un ilustrado reformista y el ayatollah Jatamí en un modernizador demócrata. Si para Larra había llegado un momento en que todo el año era Carnaval, para el zapaterismo el calendario se ha convertido en un perpetuo día de los Inocentes. Aunque para inocentes, sobre todo, los que sigan creyendo que estamos en manos de gente de fiar.

Porque lo más inquietante de este «pensamiento Alicia» (Bueno dixit) es que no se sabe a ciencia cierta hasta qué punto se lo creen los que lo formulan o hasta dónde pretenden que nos lo creamos los demás. Malo sería, por ejemplo, que el presidente tratase de engañarnos al presentar a una ETA con voluntad de disolución, pero quizá peor fuese que él mismo se convenciera de lo que la realidad le está desmintiendo a voces.
Resultaría nefasto que el Gobierno descreyese de las virtudes de la diáspora autonómica, el estatuto catalán y el desmontaje de la Constitución que viene propiciando, pero si de veras está persuadido de sus bondades nos podemos hallar ante un proceso consciente de desguace del Estado. Casi es preferible creer en la inocencia de todo este programa de revisionismo y ruptura, y considerarlo fruto de una concepción mirífica y rousseauniana de la política, de una mezcla indigesta de progresía y flower power; entre la hipótesis de unos gobernantes malos o tontos, es mejor siempre pensar que al menos vienen con buenas intenciones. Lo contrario indicaría que son ellos quienes nos toman a los ciudadanos por idiotas.

Y eso sí es grave. Porque puede que andemos todos algo confundidos, pero aún sabemos distinguir entre la realidad y el deseo. Y desde luego entre inocentes y culpables; por el contrario, vistos los últimos acontecimientos, no parece que el Gobierno lo tenga tan claro.

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¿Tiene futuro la Universidad?, de Enrique Battaner Arias en ABC

LA TERCERA DE ABC

LA Institución Universitaria ha cumplido ya casi mil años de existencia. Mil años en los que, desde su misma fundación, ha estado sometida a una revisión constante, a una crítica casi consustancial a sí misma, a una continua censura social. Veamos lo que se dice entre nosotros: Torre de marfil; ajena al mundo real; de espaldas al sector productivo; refugio de funcionarios indolentes; apartada de las grandes corrientes del conocimiento y de su génesis; dotada de una autonomía que utilizan como patente de corso; gobernada por un dudoso sistema autogestionario de origen sesentayochesco, endogámica y replegada sobre sí misma. Y muchas otras lindezas que, como todos los lugares comunes, tienen su parte de verdad.

Sin embargo, la Universidad sigue existiendo; y no sólo eso: sigue medrando. La Universidad española, en los últimos treinta años, ha incrementado en órdenes de magnitud el número de alumnos, de profesores y de personal no docente, ampliando al tiempo su base social hasta extremos inimaginables; la producción científica de las universidades se acerca a cantidades conmensurables con nuestro nivel de renta; los graduados universitarios, lejos de ser un colectivo de parados, encuentran rápido acomodo en el sistema productivo (véanse estadísticas, y no tópicos). Las Universidades desarrollan amplios planes de colaboración con empresas; mantienen unas relaciones internacionales envidiables; y en fin, presentan una transparencia en la gestión de sus fondos a mi juicio modélica cuando la comparamos con otros organismos de la Administración Pública. No hay, por otra parte, ningún cuerpo de funcionarios que haya asimilado tanto y tan concienzudamente la evaluación periódica de su calidad como los cuerpos docentes universitarios. A la Universidad española actual le ocurre, en gran medida, lo mismo que a la propia España: no es capaz de construir sobre sus propios éxitos. Ni siquiera se los cree.

Ante este panorama deliberadamente idílico (pero no falso) cabe preguntarse por qué la imagen pública de la Institución se corresponde más con la primera enumeración de lacras que con la segunda de logros. La respuesta está en que la Universidad española nunca ha creado pautas innovadoras en la evolución de la propia Institución. Siempre hemos ido a remolque de otros modelos. Se ponen los medios, se hace el esfuerzo, y cuando llegamos resulta que el modelo ya es otro y que seguimos atrasados. La Sociedad siempre percibe este déficit mucho antes que la Institución, y de ahí su mala imagen.

En la Universidad persiste aún mucho de lo primigenio. Aquellos gremios medievales de escolares o de maestros, mutatis mutandis, siguen presentes en ella. La Universidad, institución europea donde las haya, sigue manteniendo unas maneras gremiales características, que por una parte irritan al público, que las despacha, un tanto acríticamente, con el nombre de «endogamia»; y por otra, los antiguos privilegios medievales se han transformado en una «autonomía universitaria» que siempre resulta algo incómoda a otras administraciones con las que coexiste (municipal, autonómica o estatal). ¿Cómo ha logrado sobrevivir tal antigualla?

La respuesta está clara: por su propia inestabilidad, por su permanente puesta-en-cuestión, y sobre todo, como consecuencia de lo anterior, por la facultad que la Universidad tiene de asimilar e incorporar todo lo nuevo y todos los cambios sociales. A veces lo hace con una parsimonia extrema; pero esta capacidad de incorporación es la garantía de su supervivencia como una de las instituciones más características —y copiadas, no lo olvidemos— de lo que hemos dado en llamar civilización occidental. La Universidad incorporó la necesidad de formación de cuadros en el Medioevo y en el Renacimiento; la Universidad terminó incorporando el «saber útil» que preconizaban los ilustrados desde sus Academias; la Universidad, desde Humboldt, asumió la creación de conocimiento —investigación— entre sus tareas específicas; la Universidad incorporó, en fin, las necesidades del sistema productivo —cursos específicos, investigación aplicada— a lo largo del siglo XX.

La Universidad española, por su parte, está en una importante encrucijada, ante la que se abren varios caminos, no necesariamente divergentes. A los retos de alcanzar el nivel académico de los países de nuestro entorno y de entrar en el Espacio Europeo, se une la necesidad de definir cuál es su papel en la sociedad del futuro; es decir, qué es lo que tiene que incorporar, aquí y ahora, para seguir siendo un instrumento de servicio público. Porque ya no basta el modelo humboldtiano puro, esto es, la Universidad investigadora, la Universidad de Herr Professor Doktor o la Universidad del scholar de Oxford.

La Universidad del futuro ha de ser el ámbito natural de la Sociedad del Conocimiento. En primer lugar la Universidad debe ser todo lo que ha sido hasta ahora, sin renuncias; debe seguir siendo el reservorio del conocimiento humanístico; debe seguir siendo la vanguardia en la transmisión y creación de conocimiento; debe seguir formando profesionales. Pero tiene necesariamente que ir mucho más allá.

Por ejemplo, la Universidad debe romper totalmente con las barreras que actualmente la constriñen. En primer y principal lugar, la edad. La Universidad del futuro ha de ser un espacio para toda la ciudadanía, un espacio en que jóvenes y mayores convivan en un ámbito de educación permanente, en el que los papeles de docente y discente sean continuamente intercambiables en aras de una comunicación continua de experiencias. Las barreras a las diferentes discapacidades deben ser sistemáticamente suprimidas; y no digamos las barreras de nacionalidad o de lengua, profundizando en la internacionalización de la actividad académica. Se hace necesario asimismo un sistema de títulos y cursos mucho más flexible que aquellos a los que estamos acostumbrados, más flexible incluso que el Espacio Europeo al que estamos abocados en los próximos años. Debe adoptar también una postura mucho más activa en lo que se ha dado en llamar «competencias transversales». La Universidad del futuro debe dar soluciones a medida a problemas concretos en todos los ámbitos de la sociedad, en un ir y venir continuo entre Universidad y sistema productivo. La Universidad tiene que ser el lugar natural de la innovación y la creatividad, ocupando espacios, como los de Bellas Artes, que hasta ahora sólo se han asomado, tímidamente, al ámbito académico. La Universidad debe ser asimismo el lugar natural para la difusión hacia la sociedad de las nuevas tecnologías, una difusión crítica y abierta al debate. La Universidad debe ser la vanguardia del desarrollo sostenible; debe ser la conciencia del planeta en un mundo que debe compatibilizar bienestar con conservación. La Universidad debe ser el ámbito de debate y propuestas en torno a los grandes problemas socioeconómicos y culturales que aquejan al mundo de hoy.

Una Universidad así concebida, abierta totalmente a la sociedad, transciende del concepto «campus» e incluso de lo que consideramos Comunidad Universitaria; se desarrolla no sólo en un espacio físico, sino también, incluso principalmente, en el ciberespacio. La educación superior como servicio público camina así hacia un ámbito a la vez real y virtual de conocimiento, de experiencias compartidas, de creación, abierto a toda la sociedad, en un ambiente internacionalizado, global. En la medida en que sepamos hacerlo, nos acercaremos más al servicio público y por tanto, a la pública estima. Podríamos intentar, igualmente, ser por una vez los primeros.

Intentémoslo.

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Caffarel y el franquismo, de César Alonso de los Ríos en ABC

¿Existió alguna vez el régimen de Franco? A juzgar por el fascinante programa sobre el cincuentenario de TVE, nunca hubo censura, nunca dictadura, nunca oficialismo... El aparato de comunicación más poderoso del sistema fue templo de demócratas, escenario de la modernización de la sociedad española, el instrumento que «cambió nuestras vidas», el espacio en el que se formalizó la convivencia mucho antes de que llegara la Transición, cuyo espíritu de concordia ha tenido que ser reivindicado por el Rey en su discurso navideño a la vista de la política del Gobierno socialista en relación con el PP.

Desde el punto de vista de la «memoria histórica», el trabajo de los guionistas de Caffarel ha sido tan riguroso que al espectador le ha resultado imposible distinguir entre la TVE anterior y posterior a la Transición... Según ese reportaje extraordinario y fascinante, precedido de testimonios de todas las tendencias políticas, la existencia de TVE fue un hecho milagroso: fue «buena» en un régimen «malo». ¿Acaso escapó a las reglas de juego? ¿O acaso no hubo dictadura? Porque a la vista de este programa no cabe deducir que en algún momento hubieran existido la censura, el control, la manipulación... Por supuesto, no se ha dado cuenta en él de proceso alguno de persecución a los profesionales ni tampoco de actos de rebeldía por parte de estos. Si acaso, alguno de los famosos que han desfilado estos días con sus testimonios han podido vanagloriarse de haber sorteado la cerrazón mental de algún censor.
Finísimo ejercicio este de la memoria histórica de la Televisión realizado por los equipos de esta TV condenada a la desaparición. Tan «profesional» y fino que en el relato ni siquiera se advierte la llegada de la transición y la Monarquía constitucional... Gran canto -esto sí- al pluralismo que iban a suponer las emisoras autonómicas y sus «nunca mais».

¿Cabría decir con esta forma de conmemorar la historia de TVE que la dirección socialista ha querido hacer un ejercicio de convivencia con el PP al silenciar tantas cosas del pasado? O, dicho de otro modo, ¿por qué Caffarel no ha llevado la batalla de la confrontación entre derecha e izquierda a los reportajes sobre la historia de TVE? ¿Sencillamente porque ha tenido que defender el silencio de tantos de los suyos comprometidos con el Régimen «anterior»?...

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La indecencia nacional, de M. Martín Ferrand en ABC

JOSÉ Joaquín Mora, uno de nuestros grandes liberales del XIX -tuvo, naturalmente, que huir de España-, dejó dicho que: «La honradez no reside en el monedero únicamente. Personas incapaces de tomar nada que no sea suyo son proclives con demasiada frecuencia a decir lo contrario de lo que piensan y a buscar, con un jirón de gloria, una posición que no es la suya y que significa apostasía con su propio pasado». Conviene repetirlo de vez en cuando y más cuando la corrupción económica adquiere dimensiones gigantescas. Malo es, desde luego, que quienes han recibido el respaldo de sus electores, en cualquiera de los rangos representativos de nuestra vida política, engorden su bolsa de manera desordenada y delictiva; pero, moralmente, es aún peor que promuevan su propia imagen y prediquen ideas que no son suyas y que, en continuada superchería, las presenten de modo bien distinto al de su propia realidad. Es la costumbre del gato por liebre.

De apóstatas de su propio pasado andamos aquí bien surtidos y en muchos casos -ellos saben quiénes son- su recorrido por el área ideológica es tan vertiginoso y prolongado que ya no cabe preguntarse en qué momento fueron sinceros. Puede deducirse que ni lo fueron ni lo son. Un pequeño ejercicio autocrítico en el seno de sus actuales partidos les y nos haría mucho bien. Tampoco es menor la falsificación de las posturas que lleva a muchos nombres, especialmente del mundo económico, a manifestarse a favor de lo que atenta contra sus propios y legítimos intereses. Se trata de no desagradar al poder. Las Administraciones del Estado, las tres, se han convertido en el primer cliente en muchos ramos de la actividad y, sobre el falso supuesto de que el cliente siempre tiene razón, aplauden dichos, normas y conductas que, desde la coherencia, debieran repudiar.

Esa endeblez moral que tan generosamente se reparte por todos los rincones -públicos, sociales, económicos y culturales- de nuestra vida pública es un factor sin el que la mayor parte de nuestra calamidad colectiva es difícil de explicar e imposible de entender. Se advierte más todavía en los entornos de los nacionalismos que tanto nos desgastan y que constantemente traicionan, ante el general consentimiento, el espíritu de la vigente Constitución. Los grandes grupos burgueses que, especialmente en Cataluña y en el País Vasco, viven amancebados con la izquierda radical y separatista, son un caso tan flagrante como frecuente de falta de honradez intelectual y cívica. Unos se justifican con el miedo, otros por el interés y a los más les cabe la acusación de pasividad culpable en esa creciente carencia que manifiesta la decencia nacional. Si no aprendemos a condenar ostentosamente a los golfos que nos rodean -los del dinero o los de las conductas- esto seguirá yendo a peor. Los políticos son sólo una pequeña parte del problema.

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Apología del consenso, de Ignacio Camacho en ABC

ESE consenso de la Transición que elogió el Rey en Nochebuena no fue, como nos pretenden hacer creer algunos, una especie de artificial gestualidad acomplejada o un mal menor impuesto por el miedo, sino una convicción colectiva de que este país necesitaba un pacto contra los demonios de la sangre y el cainismo. Tampoco resultó una balsa de aceite; por si alguien no se acuerda, fue una época de enorme confrontación, en la que partidos como UCD y el propio PCE fueron demolidos sin piedad, y de no pocas zozobras entre conspiraciones golpistas y ataques del terrorismo de ETA y GRAPO. Si cuajó el acuerdo constitucional fue por una razón elemental que hoy parece tan incomprensible de puro lejana: existía una profunda certeza de que los proyectos políticos de cada cual no podían construirse contra los del adversario, con voluntad de exclusión, sino que formaban parte de un mapa común, complementario, que la dictadura había destrozado a partir del fracaso republicano. Simplemente se trataba de evitar que volviesen a aparecer los fantasmas de unos españoles contra los otros, la vieja lucha cainita que colapsaba el progreso nacional.

En esa transición que hoy desprecia una parte de la izquierda -no toda, porque muchos socialistas sensatos desconfían de la actual deriva rupturista-, un pacto como el del Tinell habría resultado incomprensible, y se hubiese entendido como una maniobra contra el espíritu de la reconciliación, que consistía justamente en todo lo contrario: en que cualquiera pudiese pactar con quien fuese. Fraga y Carrillo, juntos en el Club Siglo XXI: ésa era la clave. El pasado no quedaba en modo alguno olvidado, pero servía como modelo de lo que no había que repetir para zafarse de una vez del lastre de las dos Españas bipolares y enfrentadas.

Ahora algunos pretenden que todo aquello fue una suerte de trato vergonzante y perdonavidas entre vencedores y vencidos, forzado por la amenaza de unos poderes nostálgicos de la dictadura. Olvidan que ese pacto liquidó el franquismo, evaporó a los franquistas y permitió dos mayorías absolutas consecutivas del PSOE, que certificaron el tránsito a la normalidad democrática. Este Gobierno, que por cierto está en minoría, se cree llamado a consumar una victoria social impedida por las circunstancias históricas, y basa su proyecto en la exclusión de la derecha, que fue el gran error de la República. El menosprecio con que el zapaterismo trata la Constitución es fruto de ese concepto revisionista que considera la Transición un proceso superado y menosprecia el consenso como una servidumbre forzosa. El Rey ha tenido que recordar que no sólo fue un modo de salir del marasmo histórico, sino una herramienta crucial para construir esta España emergente y próspera. Hasta ahora no se ha encontrado otra fórmula mejor ni con mayor respaldo, por mucho que estos adanes sectarios se consideren capaces de enmendarle la plana a una generación con más talento, más imaginación y, sobre todo, más generosidad.

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