La vida menos breve de Julio Stein, de Carlos María Domínguez en Brecha

Me entero, tarde, que este año falleció en Israel Julio Adín. Los lectores de Juan Carlos Onetti lo conocen por Julio Stein, el amigo de Brausen en La vida breve. Hacía años vivía en Tel Aviv con su última mujer, afectado por un mal que deshacía su pasado como se desmadeja un sueño.

La historia de Stein fue contada en la ficción que fundó Santa María para la literatura hispanoamericana, pero la de Julio Adín y la de su relación con Onetti pertenecen al real e inasible tiempo humano. Judío ruso nacido en la aldea de Grodno, Adín tenía 16 años cuando cometió dos imprudencias que lo traerían al Río de la Plata: creer que Grodno pertenecía a Rusia, cuando permanecía en manos polacas, y fundar la primera célula de estudiantes del Partido Comunista en la región de mayor terrorismo antibolchevique. El grupo no tardó en ser diezmado. El compañero que los delató se disparó un tiro en la cabeza, otro murió en las torturas y un tercero desapareció. Adín logró escapar con dos camaradas gracias a un cónsul uruguayo en Prusia oriental que vendía pasaportes falsos por doscientos dólares. Una red de contrabandistas lo ayudó a pasar la frontera polaca y a cruzar territorio alemán, y en 1931, sin hablar una palabra de español, desembarcó en el puerto de Montevideo.

Se vinculó al Partido Comunista Uruguayo y consiguió ingresar en la Facultad de Veterinaria, donde pletórico de fe en la movilización de las masas lideró una huelga de estudiantes que paralizó la facultad durante dos días. Allí conoció a Tola Invernizzi, por entonces representante de la llamada Asociación Estudiantil Roja. Llegó a Buenos Aires en 1938 para trabajar de periodista en un diario judío y poco después, un alemán que atendía las necesidades de los refugiados de la guerra le compró unas máquinas de linotipia, le abrió una cuenta en el banco y le montó una empresa editorial que se encargó rápidamente de fundir.

Una noche de 1943, Tola Invernizzi lo llevó a conocer a Onetti. Se citaron en una lechería ubicada a pocos metros de Corrientes y Pueyrredón que, pese a su nombre, tenía la virtud de servir copas de grapa. Tola y Adín conversaron con entusiasmo sobre la obra de Walt Whitman, mientras Onetti los observaba en silencio, atento a los gestos y palabras de Julio.
Al rato, un hombre entró a la lechería y fue hacia el mostrador con un alcohólico zigzag. Ante el previsible pedido de una grapa, el dueño contestó que no había alcohol. Los borrachos miran desconsoladamente la estupidez de los mozos cuando delante de estanterías abastecidas insisten en que el alcohol se acabó, pero los mozos nunca quieren enterarse de lo que dicen esos ojos. Acaso por eso, cuando el hombre emprendió la retirada y pasó junto a su mesa, Onetti lo invito a tomar una copa. “Vení, acá hay”, dijo y le ofreció la suya. “No sé por qué no me quiere vender”, se quejó el hombre mientras hundía la mano en el bolsillo y sacaba un enorme fajo de billetes que, se enterarían después, era producto de un asalto.

“Desde entonces quedé completamente enamorado y seducido por ese personaje llamado Onetti –me dijo Julio Adín una tarde en casa de Darío Queijeiro, cuando escribía con María Esther Gilio la biografía de Onetti–. Lo nuestro fue amor a primera vista. Empezamos a vernos casi todos los días. Después hicimos una especie de trío con Alsinita (Homero Alsina Thevenet), que por entonces daba en Buenos Aires sus primeros pasos de niño prodigio.”

A diferencia de Onetti, que mantenía una actitud progresista pero reticente a los pronunciamientos ideológicos, Julio exponía sus análisis políticos con pasión de iluminado, sobre todo si en la mesa había mujeres. “Julio era deslumbrante –afirmaba Alsina Thevenet–. La clase de tipo que te conoce y a los treinta segundos sabe qué es lo que te interesa de la vida, qué opinás de esto y aquello, lo que estás pensando y no te animás a decir.”

Sus diferencias respecto de la política se diluían en materia de conquistas sexuales. Cada uno ejercía su modo de seducir. Si Julio las impactaba con su inteligencia, Juan Carlos las atraía con un aire de misterio. “Julio era como la novia de Onetti contó Fabi, quien alternativamente fue amante de ambos–. Los tres estábamos muy unidos pero en ellos, tal cual los veía yo, aunque uno alardeara y el otro escondiera, había una especie de represión permanente.”

Una noche Julio Adín atendió el teléfono de su casa y oyó la voz de Onetti que le decía: “Escuchá, no digas nada... Stein, ¿te parece bien? Julio Stein”, repitió. “Sí –le dijo Julio–, me parece bien.” Así cruzó el umbral de la literatura onettiana, con un nombre que se haría tanto o más real que el propio. De sus andanzas comunes, Onetti construyó un personaje enamorado de la noche y la frivolidad, deportista de la generosidad, el amor y la inteligencia. “Entonces yo seducía a las mujeres con fervor, con la fe del amor, creía en la pasión –contó Adín–. Con el tiempo, descubrí que Onetti lograba ser testigo de las situaciones que vivíamos. No sólo era actor como yo, que estaba perdido en mi juego, limitadamente. Él me observaba a mí, pero también se observaba a sí mismo en el amor.”

Mantuvieron la amistad por muchos años, hasta que el conflicto judío-palestino los separó para siempre. En una carta dirigida a Hugo Alfaro y publicada en el cuarto número de BRECHA (1-XI-85), entre felicitaciones y saludos por la aparición del semanario, Onetti escribía con mordaz ironía desde Madrid: “(...) Veo que el corresponsal de la nonata BRECHA en Tel Aviv es un tal Julio Adín. (Su verdadero apellido es Stein y nunca escuché chistes tan graciosos sobre el sionismo como los que me contó entre una mujer y otra.) Espero informará minuciosamente sobre las matanzas de palestinos que no son, claro está, actos terroristas”.

La respuesta de Adín desde Israel, donde se había radicado en 1964, no demoró en llegar. Decía que el sionismo había llegado tarde a la historia para recurrir al genocidio, que pese a los crímenes cometidos por el ejército israelí no había tal genocidio en Palestina. Agregaba que no pretendía discutir con Onetti ni arañar el mármol, pero sentía curiosidad por saber si entre los papeles de su abuelo, que había sido secretario de Rivera, no encontró referencias a la olch (Organización para la Liberación de los Charrúas).

La provocación enfureció a Onetti. “Cuando meses más tarde viajé a Madrid y lo llamé por teléfono –contó Adín–, atendió Dolly. Quedó petrificada al escuchar mi nombre y ya supe que estaba perdido, que me borraban del mapa.

—Hola –dice Onetti.

—Habla Julio.

—Andate a la mierda –me dice.

—Me voy a Israel.

—Es lo mismo.

—Ah... –le digo–. Ya no vas a hacer como Arturito.
—¿Qué?

—Como Arturito Rimbaud, que‘por delicadeza yo perdí mi vida’.
Quería decirle con aquel poema de Rimbaud que no fuera grosero conmigo, pero no me dio pelota.

—Andate a la mierda –volvió a decir.

—Te traigo la entrevista con María Esther. ¿Te la mando por correo?
—Chau.

Ahí terminó mi relación con uno de los hombres más inteligentes y cabales que conocí en mi vida. Es difícil sospechar qué puede herir la susceptibilidad onettiana.”

Ahora que Julio Stein extravió su origen y sólo queda su memoria y una novela, verdad y literatura muestran una vez más la paradoja de barro que las une. Una es cierta y confusa, la otra alisa y engaña, inseparablemente.

servido por caffereggio sin comentarios compártelo favorito

Verde que te quiero verde, de Fabián Werner en Brecha

La militarización del conflicto con Argentina

El gobierno uruguayo pasó a la ofensiva en la disputa con Argentina al decidir tres medidas duras. La más fuerte en términos simbólicos, encargar al Ejército la custodia de la planta de Botnia, supone un salto cualitativo de gran magnitud.

“Se está cuidando un predio de que eventualmente pueda suceder algún tipo de cosa.” Con esta explicación, el prosecretario de la Presidencia Jorge Vázquez explicó el miércoles 30 la decisión del Poder Ejecutivo de mover tropas del Ejército para custodiar el predio en el que se construye la planta de celulosa de Botnia, en Río Negro. Vázquez fue abordado ese día por un grupo de periodistas, cuando todavía se buscaba la confirmación de la noticia divulgada esa mañana por Últimas Noticias. Dijo además que la medida fue tomada por el gobierno uruguayo, sin que mediara petición de la empresa, para encarar “un problema del país”, y que no puede ser interpretada como una demostración de fuerza. Consultado sobre la asignación de la tarea a efectivos militares y no policiales, respondió: “Lo podría hacer la Policía, sí, cómo no. Pero las Fuerzas Armadas están y tienen que cumplir un papel y, bueno, se les ha adjudicado ese papel”.

La labor fue resuelta en una reunión mantenida el jueves 23 por el presidente Tabaré Vázquez y sus ministros del Interior José Díaz, de Defensa Azucena Berruti, y de Trabajo Eduardo Bonomi. Según fuentes del Ministerio del Interior, el pedido fue planteado por los jerarcas de esta cartera, que consideraban necesario tomar medidas “precautorias” respecto a la planta, pero por sentirse “desbordados” pidieron la colaboración de Defensa.

La medida sorprendió a propios y extraños. Es que, según diversas consultas realizadas por BRECHA, no hay un antecedente de este tipo desde el regreso a la democracia. Es el carácter inusual de la decisión lo que, por el momento, genera muchas más preguntas que certezas. Una de ellas tiene que ver con el marco legal en que se produce, cuestión que preocupa a civiles pero también a los militares involucrados en la medida, que esperan que aparezca el decreto presidencial que le ponga marco a su intervención. El texto sigue en etapa de revisión, y no estará firmado hasta la semana próxima, lo que demorará unos días la puesta en práctica del operativo.

¿Qué pasa si hay un incidente en el que tengan que intervenir los soldados? ¿Tienen idoneidad para hacerlo? Preguntas similares se plantearon cuando, años atrás, se produjo un conflicto de fueros entre la justicia civil y la militar en un caso relacionado con la custodia perimetral de las cárceles (véase recuadro).

Pero más allá de la sorpresa, la entrada a escena de los infantes no es una medida aislada. Se suma a un decreto aprobado en octubre, que –con mucho menos alharaca– aumentó la frecuencia de los patrullajes de la Prefectura Nacional Naval en el río Uruguay y que los ambientalistas argentinos denunciaron como una especie de cortejo a los barcos que atracaron en el “puerto ilegal” de Botnia. La empresa, por su lado, se apuró a negar que la decisión gubernamental de enviar al Ejército a cuidar su planta se haya originado en un pedido suyo. Lo mismo hizo el gobierno finlandés a través de su embajada en Buenos Aires.

Los encargados de la custodia serán los efectivos del Batallón de Infantería Mecanizada 9 con asiento en Fray Bentos, en base a un plan elaborado por el jefe de la División de Ejército III, general Juan Giorello. Al igual que el resto de las unidades militares del país, ésta cuenta con personal especialmente capacitado para lo que podría denominarse “lucha antiterrorista”: han sido entrenados para actuar ante toma de rehenes y para desactivar explosivos, y entre ellos hay francotiradores. Por el momento se estima que la custodia insumirá alrededor de veinte efectivos, la instalación de casetas en puntos considerados “sensibles” y alejados de la planta, y un buen número de vehículos militares y material que permita levantar un nuevo cerco perimetral en el predio de la firma finlandesa.

La situación en Río Negro tiene aspectos en común con la que se vive en la provincia chilena de Valdivia. Dos meses atrás, el gobierno de Michelle Bachelet ordenó a la Armada proteger la planta de la papelera Celco, fuertemente cuestionada por los pobladores locales por el alto grado de contaminación ya generado por sus desechos. Durante una protesta, los marinos dispararon sobre los manifestantes. La asamblea ambientalista de Gualeguaychú cita el caso de Valdivia como ejemplo de lo que ocurrirá en Fray Bentos con Botnia.

LA REACCIÓN ARGENTINA. Si bien cada país tiene la potestad de mover sus tropas para donde quiera dentro de su territorio, tal como se encargó de recordar el prosecretario Jorge Vázquez, siempre se considera “descortés” (por decir lo menos) hacerlo en una frontera sin que se avise al vecino de al lado. Según supo BRECHA, en este caso hubo una comunicación de las autoridades de defensa uruguayas a sus pares argentinas de que se produciría el movimiento tendiente a darle mayor seguridad a Botnia. Ayer jueves también trascendió que el agregado militar de la embajada argentina en Montevideo se contactó con autoridades del Ejército nacional para conocer de primera mano los detalles del operativo.

Pero inesperadamente, en un acto público por los 200 años de la localidad bonaerense de San Andrés de Giles, ayer por la tarde, el presidente Néstor Kirchner aprovechó para hacer mención al asunto. “¿Por qué mandó a custodiar una papelera? No nos merecíamos semejante afrenta, le pedimos que rectifique ese error. Por Dios, no hay que perder la razón ni hay que buscar réditos internos en algo que nos conmueve, tratando de mostrar xenofobias del pasado”, exclamó el mandatario aludiendo a su par uruguayo.

Por su lado, el ministro del Interior Aníbal Fernández calificó de “desmedida” la decisión de Tabaré Vázquez y evaluó que “esto lo que hace es llevar una suerte de afrenta que hay que resolver”.

El día antes, el vicecanciller argentino Roberto García Moritán había dicho que la medida del gobierno uruguayo puede provocar una alarma “innecesaria” en la opinión pública. El diplomático añadió que “más allá de las necesidades internas uruguayas que originan la decisión y sobre las que no tengo nada que comentar, en las actuales circunstancias no parece ser una buena señal involucrar a las Fuerzas Armadas en una tarea de carácter policial”. En esa línea, aclaró que “no juzgamos las intenciones, pero las percepciones, en la actualidad, tienen un valor particular”.

¿Pero qué origina la inquietud oficial? Al parecer, algunos dichos de los asambleístas de Gualeguaychú. “Sin exagerar, ahora mismo hay más de mil personas dispuestas a cruzar y a hacer lo que sea”, dijo Miguel Campostrino, miembro de la asamblea (El País, 25-XI-06), mientras otro comentó que “puede llegar a aparecer un Bin Laden” que atente contra las instalaciones de Botnia. “Ha habido expresiones que dan para preocuparnos”, dijo el vicepresidente Rodolfo Nin el miércoles 29. “No queremos crear elementos de inseguridad, pero es necesario tomar precauciones, queremos garantizar el desarrollo de las inversiones en Uruguay”, apuntó. La alusión a un émulo del autor intelectual del atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York no parece ser suficiente para explicar el movimiento militar en Uruguay, más teniendo en cuenta que se produce en un contexto en el que cualquier medida es tomada, a uno y otro lado, con particular sensibilidad en el marco de una escalada que se agrava con el paso de las semanas.

Y es que esta decisión del gobierno oriental se suma a otras dos, igualmente molestas para el argentino. La primera es la presentación de un pedido de medidas cautelares ante la Corte Internacional de La Haya contra los cortes de ruta en la frontera. La Corte ya fijó audiencias para el lunes 18 y el martes 19, y aquí se estima que el veredicto podrá conocerse en el correr del mes de enero. Si se produjera un nuevo fallo favorable a Uruguay, la situación de la diplomacia argentina podría verse seriamente comprometida y alterar la actitud que el gobierno de Kirchner ha tenido hasta el momento ante los cortes de ruta.

El otro tema que alimenta la hoguera de las diferencias es la aprobación de un decreto que impone un arancel a las importaciones de varios productos argentinos elaborados en las zonas de promoción industrial de las provincias de La Rioja, San Luis, San Juan o Catamarca, o por grupos económicos que tengan plantas en dichas zonas. La medida podrá tomarse a instancias del Poder Ejecutivo, de oficio o a pedido de productores domésticos.

TODOS SOMOS BOTNIA. La defensa de la inversión extranjera como una forma de dar empleo y mantener el desarrollo –argumento clave en el discurso del equipo económico uruguayo– es uno de los pilares de la reacción nacionalista que campea de este lado del río.
Ana Filippini, integrante de la organización ambientalista uruguaya Guayubira, se queja de que ya no es posible brindar información crítica que aporte a un profundo debate nacional sobre el monocultivo forestal. “Nuestra posición es la misma de hace cinco años: que la información que se le está dando a la gente es insuficiente y que debió haberse propiciado desde el gobierno un ámbito de discusión para que la gente abra los ojos”, dijo Filippini a BRECHA.

Asuntos como las consecuencias de los monocultivos o las denuncias de incumplimientos laborales por las empresas del sector son, ahora, poco menos que intratables. “Habría que ponerse a discutir qué tipo de país productivo queremos. Nosotros, por lo pronto, perdimos toda posibilidad de comunicación para plantear estos problemas, no hay espacio para nosotros en la televisión desde que asumió este gobierno”, se lamentó.

En cuanto al manejo de los términos del conflicto con Argentina, Filippini estimó que “ha sido planteado como un partido de fútbol entre uruguayos y argentinos, y no como la agresión que sufrimos los ciudadanos de parte de las empresas que vienen a buscar agua gratis, tierra y mano de obra barata, exoneraciones tributarias” y que se benefician por los “escasos controles ambientales y la inversión estatal para la construcción de carreteras”. En este contexto, la integrante de Guayubira consideró que una medida que podría bajar los decibeles de la discusión sería que el gobierno uruguayo dispusiera habilitar un debate sobre los monocultivos forestales y suspendiera mientras tanto su desarrollo. “Sería bien visto por quienes ya se sienten perjudicados en Uruguay y también en Argentina”, señaló. Sin embargo, “con la intransigencia de la empresa de seguir adelante pase lo que pase parece difícil que esto se pueda solucionar”. Es que en medio del conflicto, los ambientalistas uruguayos estiman que el panorama para ellos no puede más que empeorar. “El gobierno debería haber cambiado el rumbo. Es increíble que la gente se haya olvidado que estos que hoy se aplican eran los planes de los gobiernos de derecha anteriores. Habría que privilegiar a los sectores postergados que tanto trabajaron para el cambio”, dijo.

En tanto, para el sociólogo Agustín Canzani hay un elemento sobre el que hasta ahora no se ha trabajado, y es la situación que quedará en Gualeguaychú cuando pase el conflicto entre los gobiernos. Si bien admitió que hoy es difícil pensar en esa perspectiva dada la gravedad que adquirió el conflicto, estimó que ese elemento debería preocupar el gobierno uruguayo a mediano plazo, ya que no depende del acuerdo al que puedan llegar los gobiernos. La cuestión podría abordarse buscando la forma de que los pobladores de la ribera argentina tuvieran algún beneficio, y no sintieran que reciben únicamente agresiones o perjuicios, como lo están percibiendo ahora, subrayó.

Respecto a la baja exposición pública de las posturas más críticas hacia la actual estrategia forestal del gobierno, Canzani consideró comprensible que haya un retraimiento en un momento en que toda marginación de una causa vista como “nacional” es leída como una “traición”. De todos modos, coincidió en la necesidad de una mayor discusión sobre la política forestal y la cuestión ambiental, evitando, precisó, una falsa oposición entre defensa del entorno ecológico y generación de empleo.

En este último aspecto fue que puso énfasis el pit-cnt al aprobar la semana pasada una declaración contra los cortes de ruta y convocando a una “movilización nacional en defensa de la soberanía y los puestos de trabajo”. El secretario de organización de la central, Marcelo Abdala, dijo a BRECHA que al discutir el asunto el secretariado ejecutivo tuvo en consideración el daño que causa la situación actual a la perspectiva de integración latinoamericana y el impacto de los cortes, que terminan pagando los trabajadores. “De ninguna manera esto es alinearse con los intereses de Botnia, esto está dicho expresamente en la declaración, donde también hay una crítica al manejo de la contratación de personal que ha hecho la empresa”, explicó el sindicalista. Y subrayó que si bien los planteos gremiales “son independientes” del gobierno, “en determinadas situaciones convergen”.

En ese sentido recordó la disposición de la central a trabajar con sus pares de Argentina y de otros países de la región para aportar a una solución del conflicto. Sostuvo que “está cerca” una reunión con centrales sindicales argentinas, aunque su concreción “no depende de nosotros”.
Consultado sobre la custodia militar que dispuso el gobierno al predio de Botnia, opinó que “la situación es muy preocupante, peligrosa, y hay que moverse con responsabilidad” y recordó que “no todas las razones de Estado se difunden”, por lo cual carece de elementos de juicio suficientes. De todos modos, dijo que estos hechos no inhibirán al pit-cnt de “desarrollar las críticas fundadas que nosotros tengamos, como el hecho de que el gobierno haya enviado al ministro de Economía y al secretario de la Presidencia a gestionar un préstamo al Banco Mundial y no se muevan acá para pedir firmemente a la empresa las contrapartes del trabajo nacional”.

Un mal antecedente

La intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad pública es un viejo anhelo de la derecha uruguaya. A mediados de 1997 ministros y legisladores colorados y blancos pensaron en echar mano a los militares que estaban ociosos en los cuarteles y encomendarles variadas tareas. La lista incluía la guardia perimetral de las cárceles, la vigilancia de las sedes diplomáticas y el patrullaje callejero. Reparos expresados por los propios representantes de gobiernos extranjeros hicieron que la posibilidad de que militares aseguraran la custodia de las embajadas fuera rápidamente abandonada. El sentido común también hizo desistir de asignarles la vigilancia callejera. Es que hasta los propios mandos se resistían a asumirla, reconociendo la falta de preparación de sus subordinados.

Finalmente, el 10 de octubre de 1997 el Poder Ejecutivo encomendó por decreto la custodia militar de las cárceles de Libertad, Santiago Vázquez y Canelones, por un plazo de tres meses (luego prorrogado). El 17 de octubre comenzó a aplicarse el nuevo sistema, al cual se destinaron 170 efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, liberándose un número similar de funcionarios policiales a los cuales se asignaron tareas de seguridad en la calle. El 24 de diciembre se fugó un preso y en la madrugada del 1 de enero de 1998 dos más.

El 26 de marzo de 1998 se volvió a prorrogar la vigencia de la medida, pero esta vez sin plazo, lo cual contradecía lo acordado a nivel político y lo aceptado por los mandos militares.

En la noche del 7 de setiembre de 1998 ocho reclusos intentaron fugar del Comcar. Cinco lo lograron, y de los tres restantes uno fue muerto de un balazo que le hizo estallar la cabeza. Los otros dos se entregaron.
El incidente generó un conflicto entre los fueros civil y militar sobre cuál sería el encargado de juzgar el hecho. El 28 de febrero de 2000, la Suprema Corte de Justicia declaró competente para entender en el caso a la justicia ordinaria. Ante las versiones castrenses que indicaban que el soldado investigado por la muerte no sería entregado, el diputado herrerista Jaime Trobo defendió la necesidad de aprobar urgentemente un marco jurídico para regular la actuación de los militares en tareas vinculadas con la seguridad interna.

En diciembre de 2000 la jueza penal Anabella Damasco archivó el presumario, en el entendido de que el militar actuó en cumplimiento de la ley. Todavía hoy el marco jurídico reclamado brilla por su ausencia.

La versión electrónica del diario argentino La Nación daba cuenta ayer jueves de una inflexión en la actitud de la asamblea ambientalista de la ciudad de Colón. La semana pasada la asamblea había descartado volver a los cortes de ruta, pero ahora un sector “radical” habría resuelto retomar la medida a partir de hoy viernes, y por una semana, durante seis horas al día. “Hay mucha inquietud en la comunidad y posiblemente se sumen voluntades para el corte”, comentó incluso Carlos Serretti, del ala “moderada” de la asamblea.

servido por caffereggio sin comentarios compártelo favorito

Seguridad se conjuga con… ¿qué?, de Alma Bolón en Brecha

La rambla y la cumbre

“Los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el Esperpento”, hace decir Valle-Inclán a Máximo Estrella, en Luces de bohemia. Algunos decenios antes, Marx había iniciado El 18 Brumario de Luis Bonaparte: “Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal se producen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y otra vez como farsa”.

A comienzos de noviembre hubo en Montevideo, se recordará, un encuentro de presidentes iberoamericanos. Se recordará también la preocupación por la seguridad, que llevó a proponer y a descartar varios planes a su favor.

Sobre el escenario del Solís, la inauguración del acto transcurrió apacible, y casi logró anular la diferencia entre representación política y representación histriónica: ¿era el actor haciendo que reinaba o era el rey haciendo que actuaba?

Como las reuniones políticas y protocolares tuvieron lugar, principalmente, en los aledaños de la plaza Independencia, en aras de la seguridad, se estableció una zona de exclusión.

Por el sur, la zona de exclusión de la cumbre lindaba con un plano cargado, que se extiende desde el Templo Inglés hasta el monumento al vizconde de Mauá. En ese llano mínimo y salpicado de palmeras quedan reunidos aebu, Hebraica y Macabi, una estación Ancap y el Mercado Central. En el extremo oeste, el Templo Inglés; en el este, el homenaje industrioso al afán de progreso de Mauá.

Durante los soleados días del encuentro presidencial, esa zona se benefició de la protección con la que también contaron otras partes de la ciudad: los helicópteros sobrevolaban, las lanchas de guerra patrullaban, los aviones militares cumplían misiones, las sirenas cortaban el aire. Los pescadores de la rambla, no muy convencidos de que hubiera algo que mirar, titubeaban entre encarnar o atender los despliegues logísticos.

Sin embargo, la sobria rutina de helicópteros, lanchas, aviones y sirenas se incrementaba llamativamente en el extremo oeste. Entre el Templo Inglés y aebu, a sendos lados de la bella y hierática estatua de Isabel la Católica, había depositadas dos baterías antiaéreas, con los correspondientes servidores. Hombres y armas se hallaban bajo un cobertizo de redes con ramas y follaje entrelazado, camuflados ante el enemigo y expuestos ante los mirones. Las baterías, bajo el cielo de selva artificial, apuntaban a un horizonte bastante incierto.

La ocasión, el emplazamiento, la vetustez y la pobreza visibles (salvo estudiado efecto de camuflaje) del despliegue guerrero llevaban a preguntarse cuáles o quiénes eran los enemigos en la mira. Quiénes o cuáles eran los enemigos que esas baterías disuadirían, malherirían, abatirían, aniquilarían. Transcurridos los días, la pregunta sigue.

“Seguridad” es una palabra con la que no resulta tan fácil hacer oraciones, a pesar de que abunden y sobreabunden: no resulta tan fácil encontrar un verbo para “seguridad”. Con “libertad”, puede decirse, por ejemplo, “luchar por la libertad”, “perder la libertad”, “defender la libertad”, e inclusive el abrumador “morir por la libertad”. La “soledad” se “canta”, “busca”, “maldice” o “disfruta”; la “calidad” se “alaba”, “adquiere”, “admira” o “paga”; sin embargo, no está muy claro cuáles son los verbos que corresponden a “seguridad”. La “seguridad” ¿se defiende?, ¿se produce?, ¿se encuentra?, ¿se construye?, ¿se elabora? Sucede como si la dupla “haber seguridad/faltar seguridad”, con sus diferentes modulaciones (tiene que haber, hay que dar, es condenable que falte), agotara el espectro de lo decible a propósito de “seguridad”.

Obvia y tercamente, en sus escasas variaciones, la “seguridad” se impone como una materia cuya existencia es naturalmente buena, por lo tanto exigible. Si la seguridad es buena porque es seguridad, será buena cualquier escenificación que la vuelva visible.

Enfrente de las baterías antiaéreas de aquellos días de cumbre, en la otra acera de la rambla, en una balconada sobre el mar, un grafiti sobre una lápida homenajea a una dama: “Silvana, polvo de estrellas”. Bajo el grafiti, una inscripción ilegible recuerda que ahí se emplazaba el Cubo del Sur. Acevedo Díaz, en Ismael, imaginó el sitio sureño según habría sido en los primeros años del siglo xix: “Al mediodía, un torreón recién construido, se avanzaba sobre los peñascos de la costa, a poca distancia de la cortina en que hizo brecha el cañón inglés; seguíanse las baterías de San Sebastián y de San Diego con sus merlones reconstruidos; (...)”.

Cabe presumir que, hace 200 años, por lo menos supieron a quiénes apuntaban. Será que ahora el espejo de aguas del río refleja cóncavo.

servido por caffereggio sin comentarios compártelo favorito

El Frente Amplio en elecciones internas, de Editorial en Brecha

Bastante en juego

El mayor desafío es lograr que los frenteamplistas vayan a votar. De todos modos, la mayoría de los sectores históricos cruzan los dedos para que los moderados no tengan una buena votación, pues temen que se produzcan fuertes modificaciones en la composición del bloque de sustento del gobierno, con un desplazamiento de los viejos aliados de la izquierda.

Con el antecedente de los 70 mil votantes en la elección de los concejos vecinales de Montevideo del 22 de octubre, el FA encara con cierto optimismo los comicios internos del próximo domingo.

La preocupación por el número de votantes aparece en primer lugar porque se ha planteado que la concurrencia a las urnas es una de las formas más claras de apoyar al gobierno. De ahí que la primera batalla para la mayoría de los grupos frenteamplistas sea asegurar una participación significativa, que pretenden ronde el 20 por ciento de quienes sufragaron por el FA el 31 de octubre de 2004 (es decir, por encima de las 200 mil personas, un contingente similar al que sufragó en las últimas internas frenteamplistas de mayo de 2002).

El escenario nacional y de la propia fuerza política presenta algunos episodios que aparentan ayudar a que los frenteamplistas concurran a sufragar el domingo. Uno de ellos refiere al resurgimiento del sentimiento de “identidad agredida” que vivió la población de izquierda a partir del paro patronal del 23 de octubre, complementado por la creciente agresividad de la oposición política (con acusaciones de que el gobierno viola la Constitución y, por tanto, cae en el autoritarismo) y la reunión de los jefes militares con los líderes de los partidos Colorado y Nacional.

Por otro lado, la negativa del presidente Tabaré Vázquez a firmar un tlc con Estados Unidos, la destitución del comandante en jefe del Ejército por su reunión con el ex presidente Julio María Sanguinetti, y la firmeza con que actuó el mandatario ante el paro de los camioneros, permitieron generar un nuevo estado de ánimo en la base frenteamplista, quitando del medio los temas que enturbiaban la relación de la militancia de izquierda con el gobierno.

Preservados de este modo los rasgos identitarios –como la hostilidad hacia Estados Unidos, y la percepción de que la derecha agrede a una administración que promueve cambios–, el escenario parece proclive a motivar a la masa frenteamplista.

Sin embargo, no faltan quienes advierten que la votación de 2002 tuvo un componente muy fuerte de rechazo al gobierno colorado de Jorge Batlle, y que la disposición no es la misma cuando se trata de apoyar.

LOS DÍAS QUE VENDRÁN.

En un cuadro de recomposición de la unidad entre la fuerza política y el Ejecutivo, no se pronostican cambios dramáticos en la política del partido ni que el resultado modifique las líneas sustanciales en la actuación del gobierno. Algunas encuestas encargadas por los distintos sectores predicen un triunfo del MPP, con alrededor de un tercio de votos de los participantes; en segundo lugar ubican al Espacio 90; y luego a la 1001 (pcu y Fidel) y Asamblea Uruguay (au). Estos datos pueden variar según el universo de participantes. Si el número de votantes es reducido caería la votación de au, y crecería la de la 1001. Lo contrario ocurriría si los votantes aumentan.

De todos modos, nada indica que el presidente Tabaré Vázquez tenga en cuenta de manera preponderante el resultado del domingo 12, ya que, en todo caso, expresará la voluntad de un universo muy inferior a los 1,2 millones de electores que lo respaldaron en las nacionales de octubre de 2004. La salvedad a este razonamiento puede estar dada por una nueva composición de la dirección del FA con mayor peso de la izquierda histórica, lo que no sólo podría dinamizar las estructuras frenteamplistas sino también acentuar las exigencias sobre el gobierno para que lleve a la discusión de la fuerza política las grandes líneas de acción, cosa que hasta el presente ha omitido hacer.

Otra cosa sería –coinciden dirigentes comunistas, emepepistas y algunos socialistas– si en los comicios internos el sector de Danilo Astori mejora sustancialmente su performance con respecto a 2002. En ese caso, un mayor respaldo de los frenteamplistas a su línea implicaría un desplazamiento de los sectores de la izquierda histórica, permitiendo la lectura de que los frenteamplistas comparten una política económica que los líderes de aquellos sectores han enfrentado a veces públicamente y otras en privado.

En opinión de quienes conviven con esa orientación económica, pero no la suscriben, una buena votación de Astori tendría repercusiones en la puja interna por el rumbo del gobierno, incluso con modificaciones en el bloque social que sustenta al mismo.

Otro factor que podría modificarse sería la dirección de las reformas propuestas y su ritmo. Varios dirigentes del MPP comentaron a BRECHA que prevén un escenario de polarización con la derecha y los sectores empresariales (del que la alianza entre la Asociación Rural y la patronal de transportistas de carga fue una muestra) si el gobierno se aplica al programa. La resultante de esa contradicción sería la definición muy precisa de los bloques enfrentados y la consiguiente desa-parición del buen relacionamiento que por ahora existe con el mundo empresarial y la banca nacional e internacional, y también del “buen clima de negocios” que dice haber generado el equipo económico.

SIN EXTREMOS.

Otro análisis del nuevo escenario generado en estos dos últimos meses permite aproximar la siguiente conclusión: el cuadro varió negativamente para los sectores más radicales, caracterizados por la oposición constante al gobierno, al que acusan abiertamente de desconocer el programa. Es que la realidad, en opinión de varios dirigentes sectoriales, tiene elementos de contención para los disidentes, sin necesidad de que éstos deban optar por la fuga hacia los radicales del 26 de Marzo y la Corriente de Izquierda (lista 5271326). No obstante, entienden que puede haber un crecimiento de aquellos grupos críticos de varias medidas del gobierno, que aparecen como promotores del cambio de conducta del Ejecutivo.

Distinta sería la performance de los sectores moderados. au, por ejemplo, ha consolidado un respaldo entre los votantes del FA a nivel de las elecciones nacionales que oscila entre el 20 y el 17 por ciento, pero ese porcentaje se reduce en oportunidad de las internas. Una explicación que han ensayado sus competidores es que recoge parte del crecimiento del FA, en particular de ex votantes colorados, que encuentran en su discurso una posibilidad de romper con el pasado sin mayores traumas. Sin embargo, la tendencia que ha llevado a este grupo a caer al cuarto o quinto lugar en las internas podría modificarse si la estabilidad económica y el crecimiento logrado alcanzan para acercar a las urnas a nuevos electores, y el sector saca rédito de la identificación superlativa de Astori con la gestión de gobierno.

CIELO NUBOSO.

El retorno del buen clima interno, al menos de una mayoritaria sensación de satisfacción compartida, tiene sus bemoles. La rebaja del boleto en el transporte colectivo de pasajeros y el anuncio de Astori de cancelar la deuda con el fmi, liberando al país de su estricto control, han merecido lecturas ajenas a la complacencia o la discrepancia.

Algunos sectores del FA –públicamente los comunistas– reaccionaron con desconfianza ante estas dos últimas iniciativas y las interpretaron como jugadas destinadas a incidir en las elecciones internas. Esas sospechas están abonadas porque los ministros promotores de las medidas son además jefes partidarios y por tanto, se dijo, capaces de hacer que su cartera juegue en función del sector. Las dos iniciativas fueron impulsadas sin discusión en la fuerza política o el gabinete, pero con el respaldo del presidente Vázquez. Las sospechas también recayeron sobre el ministro de Ganadería José Mujica, a raíz de su planteo de abrir la reforma tributaria para contemplar algunas aspiraciones del sector rural. Asimismo, la presencia de Astori en la Cumbre Iberoamericana y su ubicación al lado de Vázquez fue señalada como una decisión política del presidente.

Así las cosas, todos son contestes en que del resultado de las internas debería desprenderse un mejor funcionamiento de la fuerza política. Fuentes emepepistas dijeron a BRECHA que se trata de transformar la Mesa Política en una verdadera dirección y que para ello será necesario, además, que haya otro presidente del FA. Esto no significa, añadieron, cuestionar a Jorge Brovetto, “pero no se puede tener un pie en el gobierno y otro en la fuerza política; debe dedicarse exclusivamente a esta última”.

servido por caffereggio sin comentarios compártelo favorito

La cancelación de la deuda con el FMI, de Gabriel Papa en Brecha

¿Día de la independencia?

La operación “cambio de perfil” ha concretado una nueva etapa y, en esta oportunidad, se anuncia la cancelación de parte de la “deuda condicionada”, la mantenida con el FMI. La jugada encierra la posibilidad de manejar la política económica con mayores grados de libertad.

El mismo día en el cual el presidente Tabaré Vázquez proponía reunir todos los festejos oficiales en una sola fecha patria, su ministro de Economía, Danilo Astori, anunció que el gobierno se propone pagar la totalidad de la deuda con el FMI y cancelar el programa stand by que vincula al país con el organismo multilateral hasta mayo de 2008. En otros tiempos, el anuncio ministerial hubiera provocado un verdadero festejo, al ser interpretado como un verdadero gesto de “independencia”.

Lo cierto es que Uruguay ha demostrado ser verdaderamente “amigable” con sus acreedores, sean éstos instituciones multilaterales o “los mercados” (es decir los fondos y tenedores privados que se mueven en los mercados financieros). Al respecto, es necesario tener en cuenta que la nueva operación se inscribe con total coherencia en una política de largo plazo, la del gobierno, que tiene como objetivo generar lazos de “confianza” con sus acreedores. En esta línea, el ministro Astori ha jugado un papel fundamental y nunca ha ocultado que ser merecedor de la “confianza” de “los mercados” constituye una pieza clave de su gestión.
Basta recordar* que al inicio del gobierno y en una reu-nión anual del bid, el novel ministro de Economía afirmaba que “Uruguay tiene hoy un capital intangible de enorme valor: el respeto con el que se observa su esfuerzo.
Y ese capital hay que cuidarlo y seguir alimentándolo, porque es un formidable antecedente para asegurar sustentabilidad al camino a recorrer, mientras se sigue contando con el apoyo de los mercados”.

Hace tan sólo dos semanas se concretó el hasta entonces penúltimo capítulo de la gestión de deuda cuando, en términos “amigables” y en un marco de “confianza”, se canjearon 1.143 millones de dólares de deuda con acreedores privados, en una operación en la cual se logró permutar algo más de la mitad de los bonos 2011 y 2015 por otros con vencimiento en 2022 y 2036. Esta semana, el gobierno cancela parte de la llamada “deuda condicionada”, con el emblemático FMI, en una operación que alcanza los 1.080 millones de dólares e implica tanto el uso de reservas como, principalmente, el recurso a los dólares provenientes de recientes emisiones. La cancelación no reduce sustancialmente el monto total de la deuda pública, en la medida en que se da en el marco de un cambio en la titularidad de los acreedores. Sin embargo, por un lado se continúan despejando vencimientos de corto y mediano plazo, y por otro se logra un cierto ahorro financiero, ya que las tasas a las cuales la deuda con el FMI había sido contraída eran relativamente elevadas.

En este punto, convendría poner sobre la mesa que la operación también refleja una innegable convergencia de intereses entre el gobierno y el FMI. Al respecto, quizás convenga repasar las declaraciones de Graciana del Castillo,** una consultora que trabaja para organismos privados e instituciones financieras internacionales y que supo ocupar posiciones de jerarquía en la calificadora Standard & Poor’s. Preguntada acerca del estado de las relaciones entre el país y el FMI, la elegante consultora afirmó que “la mayor preo-cupación del FMI es que en 2002 le concedió a Uruguay créditos equivalentes al 23 por ciento del pbi, lo que representa la mayor ayuda financiera de la historia del organismo multilateral de crédito medida en términos de producto. (...) Como eso ha creado un precedente, creo que el FMI desea que Uruguay reduzca su deuda lo más pronto posible”.

Pero tal vez lo más relevante es que el país sustituye “deuda condicionada” por “deuda soberana”. Y basta con leer una carta de intención –la última de las cuales, firmada por Walter Cancela, presidente del Banco Central, y Danilo Astori, se encuentra para consulta de la ciudadanía, en inglés, en la página web del mef– para tomar conciencia de la seriedad con la cual se detallan los compromisos asumidos. La larga lista de las “reformas estructurales” (con su respectiva fecha de envío al Parlamento) y un pormenorizado conjunto de metas cuantitativas (referidas a aspectos fiscales y monetarios) son objeto de un seguimiento trimestral por equipos de trabajo que tienen su oficina en el edificio del Banco Central.

En todo caso tal supervisión no se circunscribe únicamente a Uruguay sino que se refiere a la decena de países que, junto al nuestro, mantienen acuerdos stand by con el FMI. Para una mayor comprensión de la filosofía de la “condicionalidad” que inspira y practica el FMI, la ciudadanía puede consultar, en español, la página web del organismo. Allí se expresa que “cuando un país miembro obtiene un préstamo del FMI, las autoridades del país se comprometen a aplicar ciertas políticas económicas y financieras, requisito que se conoce con el nombre de ‘condicionalidad’”.

Pero, como se trata de organismos serios que se proponen supervisar el cumplimiento de los compromisos asumidos, se establece que “el seguimiento del programa se basa en varios mecanismos diferentes”. Figuran en primer lugar las “acciones previas”, que son medidas que un país “conviene en adoptar antes de que el directorio ejecutivo del FMI apruebe el préstamo o complete el examen”. Luego están los “criterios de ejecución”, condiciones específicas que “han de cumplirse para que se efectúe el desembolso del monto acordado de crédito”. Hay dos tipos de “criterios de ejecución”: los cuantitativos (“suelen referirse a variables de política macroeconómica como las reservas internacionales, los agregados monetarios y de crédito, los saldos fiscales o los empréstitos externos” ) y los estructurales (“varían mucho de un programa a otro, pero pueden incluir, por ejemplo, medidas específicas para mejorar las operaciones del sector financiero, reformar los sistemas de seguridad social, o reestructurar sectores clave como el de la energía”). Hay, además, “metas indicativas” y “parámetros de referencia estructural”.
Pero lamentablemente existe también el “examen del programa”, que permite al directorio ejecutivo del FMI “analizar las medidas de política y efectuar las modificaciones del programa que se estimen pertinentes según la evolución de la situación”.

Constituye un verdadero enigma distinguir el grado de “condicionalidad” incorporado en los distintos compromisos cuantitativos y cualitativos asumidos por el gobierno en la carta de intención que, dentro de poco, será historia. El discurso del ministro de Economía, y del equipo económico en general, no ha cesado de destacar que la carta de intención con el FMI no contiene otra cosa que el “programa de gobierno del Frente Amplio”.

En todo caso, es evidente que el ministro Astori pierde un argumento de peso para sostener tanto su política de rigor fiscal como orientaciones de política y/o “reformas estructurales” que no son necesariamente compartidas con tanto vigor por sus colegas en el gabinete o la fuerza política. Basta señalar, por ejemplo, el escenario que se puede delinear en la discusión de la próxima rendición de cuentas o en torno a la reforma de la carta orgánica del Banco Central. No será posible esgrimir argumentos del tipo “los compromisos asumidos con el FMI no me lo permite”...

Finalmente, la insistente referencia del ministro Astori a que la cancelación de la deuda con el FMI y la caída del programa stand by habilitan mayores grados de libertad en el manejo de la política económica debería sugerir que se abre un escenario en el cual es posible esperar nuevos énfasis, matices y/o cambios.

* Véase BRECHA, 29-IV-05.
** Suplemento Economía & Mercado de El País, 6-XI-06.

Comentarios

Después de que durante muchos años los dirigentes del Frente Amplio postularon no pagar al Fondo Monetario, “ahora, bajo el cuento de que se liberan, están pagando”, comentó el presidente del Directorio del Partido Nacional, Jorge Larrañaga. El dirigente blanco relacionó la fecha del anuncio con las elecciones internas en el partido de gobierno. “Cada ministro tiene algo para ofrecer y se termina politizando todo”, afirmó al semanario Búsqueda. También desde la oposición, el ex director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (opp) Javier de Haedo dijo que la decisión del gobierno era esperable dada la estrategia de reperfilamiento de deuda que maneja, y opinó que para que las cosas no se terminen desbarrancando el Ejecutivo deberá continuar con la política de disciplina fiscal. A su vez, el ex presidente del Banco Central Juan Protasi dijo que la decisión gubernamental tiene “aspectos positivos y no tan positivos”. Entre los primeros destacó la independencia que se gana, y entre los segundos que puede consolidar “las señales del gobierno en materia de política económica, que son últimamente de corte populista por el incremento del gasto”. Michele Santo, economista de orientación liberal, dijo por su lado que la cancelación de la deuda con el Fondo puede ser positiva o negativa “dependiendo de lo que va a hacer el gobierno en adelante”, ya que si lo hace para eludir las reformas aconsejadas por el FMI se estaría ante “una señal negativa para la economía en el mediano y largo plazo”.

En filas del gobierno, el ministro de Ganadería, José Mujica, dijo que “perder la condicionalidad le da un margen de mayor libertad a este gobierno y a los que vendrán”. En el mismo sentido se expresó el secretario general del Partido Socialista, Eduardo Fernández, para quien, en prinicpio, tomar distancia del FMI otorga al país mayor independencia. Pero advirtió: “Espero que 2007 sea el año de la inversión productiva”. También para el ministro de Turismo, Héctor Lescano, el pago de la deuda con el FMI y el descenso de la pobreza (otro dato divulgado en los últimos días) “son buenas noticias que hay que ponderar. Por lo tanto 2007 tiene que ser un año de crecimiento con mayor redistribución”.
La mayoría de los legisladores oficialistas se mostraron satisfechos con la decisión. Una excepción –relativa– fue la del senador Alberto Couriel –independiente pero electo por el Espacio 609–, para quien aun si “está bien pagarle al Fondo” ello “no significa que se esté bajando el endeudamiento global”, porque, a diferencia de Brasil y Argentina –que saldaron sus deudas con el organismo–, Uruguay tiene una balanza comercial deficitaria, y no superavitaria como es el caso de ambos vecinos. “No estamos pagando con reservas, estamos pagando con otra deuda. Emitimos deuda en el mercado de capitales para pagarle al FMI. Por eso (sólo) estamos cambiando la composición de los acreedores”, concluyó.

En filas del pit-cnt, Juan Castillo sostuvo que, aun si siempre fue una demanda de los sectores populares terminar la relación con el Fondo Monetario, hubiera sido mejor que el dinero utilizado para cancelar la deuda se lo hubiera destinado a inversión productiva. Castillo remarcó como una contradicción que se haya negado aumentos más sustanciales para salarios y pasividades mientras se destinan más de mil millones de dólares a cancelar deuda. Y recordó que el presidente Tabaré Vázquez aseguró al asumir que su gobierno cumpliría con las obligaciones financieras pero también con la deuda social.

servido por caffereggio sin comentarios compártelo favorito

No va más, de Jorge A. Bañales en Brecha

Elecciones en Estados Unidos

En una elección legislativa que se convirtió en plebiscito sobre la administración de George W Bush, los republicanos perdieron la mayoría que tuvieron durante doce años en el Congreso, y la mayoría de los votantes indicó su disposición a un cambio de rumbo.

La economía de Estados Unidos funciona razonablemente bien, el desempleo ha bajado al 4,4 por ciento de la fuerza laboral, la inflación sigue contenida a pesar de los aumentos en los precios de los combustibles, y el gasto de los consumidores –que representa más de dos tercios del producto bruto interno– sigue creciendo y se prepara para el festival de compras de fin de año. Y no obstante todo ello, los votantes estadounidenses concurrieron este martes en niveles altos y le dieron la espalda a su presidente George W Bush y al Partido Republicano, que tampoco lo respalda de manera firme.

Las encuestas previas a las elecciones legislativas y de gobernadores indicaron que casi el 70 por ciento de los estadounidenses cree que el terrorismo es uno de los asuntos más importantes que encara el país. Pero más del 60 por ciento también indicó que no cree que la guerra en Irak haya mejorado la seguridad de Estados Unidos.

Estas elecciones debieron haber sido sobre los asuntos locales y estatales, en torno a los cuales giran las campañas de diputados, senadores, gobernadores, y las decenas de iniciativas sometidas a plebiscitos en todo el país. Sin embargo el presidente Bush –que eligió en Irak el sitio equivocado para su guerra contra el terrorismo– erró también al convertir estos comicios en una batalla decisiva por su propia gestión.

Los demócratas no sólo ganaron la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado, sino que triunfaron en 20 de las 36 contiendas por gobernadores de estados. Ahora habrá 28 estados con gobernadores demócratas y 22 con gobernadores republicanos. Por primera vez en doce años los demócratas controlan las dos cámaras y su líder, Nancy Pelosi, será la primera mujer en la historia de Estados Unidos en presidir la Cámara de Representantes.

La decisión de la ciudadanía no representa tanto una elección a favor de los demócratas como un repudio a Bush y al Partido Republicano, marcados por numerosos escándalos, y la percepción de que el país ha ido a una guerra que no puede ganar y de la cual no puede salirse.

FUTURO INMEDIATO. El nuevo Congreso recién iniciará sesiones en enero de 2007, de manera que todavía queda un resto de esta legislatura con mayoría republicana, pero es poco probable que la administración Bush obtenga algo sustancial. Los políticos republicanos, que ya estaban un poco desconfiados de que el apego a Bush les redituara beneficios electorales, tienen ahora la comprobación: el país quiere cambios.

En los próximos dos años hasta la elección presidencial, a menos que ocurra algún acontecimiento de gran magnitud como un ataque terrorista en el país o un vuelco espectacular de la guerra en Irak, el gobierno estará atascado en la puja entre la Casa Blanca y el Congreso.

Quizá la única legislación de verdadera importancia para el resto del mundo que llegará a votación será la renovación de la autoridad presidencial para la negociación de acuerdos comerciales con otros países. Este mecanismo, otrora llamado fast track o “vía rápida”, permite que el Poder Ejecutivo negocie los acuerdos comerciales con otros países que luego se someten a la votación del Congreso, donde la opción es sí o no, pero sin enmiendas.

El Congreso con mayoría republicana otorgó esa autoridad a Bush, pero debe renovarse durante 2007. Los demócratas, en general, se oponen a los acuerdos comerciales que no incluyan cláusulas sobre la protección de los derechos de los trabajadores (los demócratas deben pagarle su cuota de apoyo político a los sindicatos), y cláusulas sobre la protección ambiental (otra cuota para grupos que apoyan al Partido Demócrata).

La reforma pendiente de las leyes de inmigración probablemente no progrese mucho más. Cuando Bush contaba con la mayoría republicana en ambas cámaras no pudo sacar adelante su propuesta, que incluye un programa de visas de trabajo temporales, aceleración de los trámites de residencia para los inmigrantes que ya se encuentran en Estados Unidos y una mayor vigilancia de la frontera. Con mayoría demócrata probablemente el Congreso aprobará leyes de inmigración que el presidente no promulgará, prolongando el estancamiento.

HACIA DÓNDE EN IRAK. Cuando los estadounidenses concurrieron a las elecciones legislativas de 2002, la popularidad del presidente Bush estaba en el 63 por ciento. Dos años más tarde, Bush ganó su reelección contando todavía con la reacción básica del electorado de que se apoya al comandante en jefe durante la guerra, o la versión criolla de que no se cambia de caballo en medio del río.

Antes de la elección del martes pasado sólo el 44 por ciento de los estadounidenses aprobaba la gestión de Bush, y el índice era aun más bajo en lo que se refiere a la guerra en Irak. Con casi 3 mil soldados estadounidenses muertos, más de 20 mil heridos, y casi 144 mil apostados en territorio hostil en medio de tribus dispuestas a la carnicería, la intervención en Irak la critican en Estados Unidos tanto quienes proponen un uso mayor y más decisivo de la fuerza militar como quienes claman por una retirada inmediata.

Algunos legisladores republicanos, incluidos los senadores presidenciables John McCain y Charles Hagel, han señalado numerosas fallas en la estrategia que buscó una guerra rápida sin calcular las consecuencias de una ocupación prolongada. Generales retirados y oficiales en servicio han salido a la luz pública criticando al jefe del Pentágono, Donald Rumsfeld, y algunos candidatos a representantes republicanos enfatizaron en sus campañas que ellos nunca apoyaron la invasión.

En el bando demócrata la crítica a la guerra en Irak es más generalizada y cercana a los grupos pacifistas que creen que Estados Unidos estará más seguro si retira a todos sus soldados y deja Irak a merced de sus propias tribus enemigas y de los vecinos hambrientos como Irán.
El domingo un tribunal en Bagdad condenó a muerte al ex amigo de Washington Saddam Hussein, pero ni siquiera ese símbolo de “misión cumplida” de la invasión a Irak atrajo más votantes en respaldo de Bush.
El lunes antes de la elección los periódicos militares Army Times, Navy Times y Air Force Times –de propiedad privada pero muy bien vinculados con los mandos– publicaron un editorial pidiendo la salida de Rumsfeld, sea por destitución o renuncia. El miércoles, apenas un día después de la votación, Rumsfeld presentó su renuncia que fue inmediatamente aceptada por Bush, quien nombró en su lugar a Robert Gates, ex director de la cia. Bush anunció en rueda de prensa que “era necesaria una nueva cara al frente del Pentágono y de la guerra en Irak”.

Ahora, pasada la elección, es probable que la administración Bush encare un cambio de rumbo en Irak. La estrategia más probable será la de fortalecer en lo posible a las fuerzas de seguridad del gobierno iraquí, y la búsqueda de un diálogo con Irán que contenga el avance chiita en Oriente Medio.

servido por caffereggio sin comentarios compártelo favorito

Un festival de irracionalidad, de Guillermo Waksman en Brecha

Portada :: Néstor Kirchner, Tabaré Vázquez y Mahatma Gandhi

Cada día que pasa parece el más tenso del largo conflicto entre Argentina y Uruguay. Impera la irracionalidad. Si los puentes están cortados no se dialoga, dice el presidente Vázquez, y si no se cortan, dicen los entrerrianos, su voz no se escucha. La Cumbre Iberoamericana era una oportunidad para acortar la distancia entre los dos países, pero una vez más la esperanza fue lo último que se perdió.

La celebración en Montevideo de la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, cuya inauguración está prevista para hoy, viernes, agudizó la tensión entre Argentina y Uruguay. El conflicto entre los dos vecinos por la construcción de las plantas de celulosa en Fray Bentos llegó así a su clímax e incluso dio lugar a sospechas sobre los verdaderos motivos de algunas actitudes de las autoridades de terceros países. En este sentido, era previsible que el presidente argentino redujera en todo lo posible su presencia en Montevideo, y que por uno de sus voceros dejara deslizar al diario La Nación (de ayer, jueves) que “si fuera sólo por Tabaré, Kirchner faltaría a la cumbre. Va por España”, dijo la fuente, en alusión a la reunión en agenda con el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Era igualmente previsible que el mandatario uruguayo despejara de plano cualquier posible inicio de negociación con su par argentino: “Con puentes cortados no hay diálogo”, afirmó el miércoles 1. En cambio, es particularmente llamativa la inasistencia del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, motivada –según se explicó oficialmente– por el cansancio ante la reciente campaña electoral que el 29 de octubre le permitió lograr su reelección.
La realización de la cumbre no fue, por supuesto, la causa directa del agravamiento de la tirantez entre los dos países, pero sí una causa indirecta, en la medida en que era una oportunidad para que cada uno de los actores –no sólo los dos gobiernos sino también la Asamblea de Ciudadanos Ambientalistas de Gualeguaychú– tuviese un ámbito donde amplificar la difusión de sus respectivos reclamos.

La presencia en Montevideo de los 22 jefes de Estado y de gobierno –y en especial de los presidentes de Brasil y España– permitía a Uruguay alentar expectativas con respecto a posibles gestiones informales que contribuyesen a convencer a Néstor Kirchner de la necesidad de acatar las decisiones ya adoptadas por la Corte Internacional de Justicia y por el Tribunal de Solución de Controversias del Mercosur. Por esas mismas razones, al gobierno argentino le convenía evitar que el conflicto fuera tema de conversación durante la cumbre, ni siquiera en los pasillos del hotel Radisson.

PRA OBOL, BRASIL.

Al presidente Lula –que además en este semestre ocupa la presidencia pro témpore del Mercosur– se le ha reprochado lavarse las manos en este conflicto, alegando que se trata de un asunto exclusivamente bilateral. Ese juicio, que algunas autoridades del gobierno uruguayo plantean en voz baja y pidiendo que no se las cite, es formulado abiertamente por dirigentes de la oposición, como el senador blanco y ex canciller Sergio Abreu, quien dijo que Argentina actúa con prepotencia y Brasil con indiferencia y agregó, fulminante: “Me preocupa mucho el gobierno argentino, pero hago mucho más responsable a la República Federativa del Brasil” (radio El Espectador, miércoles 1).

La explicación que a lo largo de este conflicto han reiterado funcionarios de Itamaraty es que ningún gobierno puede mediar en un conflicto entre otros dos países, a menos que ambos se lo pidan, y que ni Argentina ni Uruguay le han pedido a Brasil que lo hiciera.

La presencia en Montevideo del vicecanciller Samuel Pinheiro Guimaraes, la semana pasada, y las reuniones que mantuvo con los ministros Danilo Astori, José Mujica y Reinaldo Gargano, y con el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, permitieron alentar la expectativa de que el gobierno de Lula, que seguramente iba a ser reelecto pocos días después, intentaría finalmente acercar a las partes enfrentadas por las plantas de celulosa, en aras de la unidad regional.

Sin embargo, según pudo saber BRECHA, Pinheiro se limitó a escuchar los planteos de Uruguay con respecto al Mercosur, pero en especial los relativos a la reducción de aranceles y otros de carácter económico. Fue, eso sí, portador de una carta del canciller Gargano a su par Celso Amorim, en la que se pide que el incumplimiento de Argentina de lo resuelto por unanimidad en el Tribunal de Controversias del Mercosur sea incluido en el orden del día de la reunión del Consejo del Mercado Común, el máximo órgano del bloque regional, a celebrarse en Brasilia los días 13 y 14 de diciembre, oportunidad en la que Lula cederá la presidencia pro témpore al presidente paraguayo, Nicolás Duarte.

Según pudo saber BRECHA, no es seguro ni mucho menos que la solicitud uruguaya sea aceptada; lo más probable sería que el propio órgano máximo del Mercosur, integrado por los presidentes, resuelva si el tema se incluye en la agenda. Si así fuera, las perspectivas no son muy alentadoras para Uruguay: las decisiones a ese nivel se adoptan por consenso y seguramente Argentina se opondría al mismo.

EL MURO DE MERLÍN.

El domingo 29 de octubre la Asamblea de Ciudadanos Ambientalistas de Gualeguaychú votó “prácticamente por unanimidad que el corte vuelve a ser la herramienta de protesta”. La resolución prevé además levantar “un muro simbólico que se construirá a partir de un bloque llevado por cada persona que participe del corte y donde se podrán escribir mensajes, colocar grafitis y demás”. Ese muro, que tiene mucho de mágico, de escenografía, será derribado en su momento por los propios ambientalistas, según declararon a la prensa algunos de sus dirigentes. Sin embargo, el comunicado señala que posiblemente, “de no mediar respuesta alguna sobre la erradicación de las pasteras de la cuenca, se convierta en el primer muro ambientalista de la historia”. Los asambleístas fundan su derecho en los siguientes términos: “Nos avalan numerosos artículos de la Constitución, pero –y además– nos respalda el derecho a la vida, que es superior a cualquier otro derecho, porque sin vida nada existe”. Y aclaran, finalmente: “No somos delincuentes por defender lo que es mejor para la naturaleza, la vida y por ende para nosotros y las próximas generaciones”.

El muro, que tendrá seis metros de ancho y atravesará la ruta 136, fue diseñado por arquitectos. La idea, aprobada por aclamación en la asamblea, fue propuesta por un médico, Adolfo Weinberg, quien se apresuró a aclarar: “Este muro no quiere decir que querramos dividir los dos pueblos; es un llamado de atención más para mostrar la realidad que estamos viviendo” (Radio Máxima, Gualeguaychú, martes 31).

El gobierno uruguayo, por boca del vicepresidente Rodolfo Nin, comparó el muro de Gualeguaychú con el de Berlín. Y en la misma sintonía, el editorial principal del diario El Observador (martes 31), sostuvo, bajo el título “Gravedad con ribete ridículo”: “El proyecto se parece más al muro de Berlín que a los que dividen a palestinos e israelíes o a mexicanos y estadou-nidenses. El objetivo de estos dos últimos es evitar que entren terroristas o inmigrantes ilegales y narcotraficantes. El de Berlín, en cambio, fue construido por los comunistas para evitar que sus compatriotas salieran hacia el sector occidental, lo cual lo asemeja al proyecto del doctor Weimberg ya que busca impedir que sus compatriotas salgan del país hacia los centros turísticos uruguayos”.

Pero el muro y los cortes no fueron las únicas medidas votadas por los asambleístas de Gualeguay-chú. También se aprobó el envío de sendas cartas a los presidentes Kirchner y Vázquez. En la dirigida a la Casa Rosada trasmiten “la desesperación con que vive la comunidad de Gualeguaychú el sostenido avance en la construcción de la pastera de la empresa Botnia y las continuas provocaciones que recibimos por parte del gobierno uruguayo autorizando unilateralmente nuevas concesiones a la empresa, que significan renovadas transgresiones al Estatuto del río Uruguay”.

Afirman también que “la comunidad intuye que el Banco Mundial está decidido a otorgar los créditos de cualquier manera. Nos sentimos realmente humillados frente a un nuevo informe que de nuevo no tiene absolutamente nada, ya que es casi una copia de los anteriores”.

Sostienen que “todas las muestras de buena voluntad y de acercamiento han sido argentinas; Uruguay sólo ha respondido con traiciones, retaceando información requerida e incumpliendo lo acordado”. Por eso, dicen, “volvemos a instarlo a renovar el diálogo con su par uruguayo sin dilación alguna y en forma pública, para dilucidar el fondo de la cuestión. Si el problema es la creación de empleos, sabemos que existen caminos que podrían solucionar este tema. Por el contrario, si el asunto reside en los vergonzosos acuerdos firmados por el ex presidente Batlle, creemos que sólo a través del diálogo y del consenso podremos solucionar esta controversia, sacando a la luz las ‘verdaderas’ motivaciones del conflicto.
En el caso de que aun así no tuviéramos resultados deseados declare a Uruguay ‘país agresor’”. Agregan que pretenden que “su intención sea llegar a una solución que se base en la verdad y no en un mero arreglo de compromiso para paliar la situación, que en poco tiempo podría derivar en un no deseado escenario de violencia con impredecibles e irreparables secuelas”.

En la carta dirigida al presidente Vázquez, los asambleístas afirman que les llama “mucho la atención” que “reniegue de los principios que sustentó antes de llegar a la primera magistratura”. Agregan que “no puede ignorar que su país violó el Tratado del río Uruguay como tampoco ignora las nefastas consecuencias que empresas como ence y Botnia producen en el medio ambiente, para lo cual le bastaría con prestar atención a lo expresado por su propia Universidad de la República y por numerosas entidades de su país, por no mencionarle las abundantes aseveraciones de científicos de todo el mundo”.

Piden tambien al presidente “y todos sus funcionarios que dejen de mentir a su pueblo y al nuestro y dejen de hacer falsas promesas a sabiendas de que lo que traerán estas empresas son maldades para los ciudadanos comunes y perjuicios graves para el medio ambiente”.

La Presidencia devolvió la carta a sus remitentes por considerarla improcedente.

El lunes 30, la Asamblea Popular Ambiental de Colón (apac) decidió también cortar la ruta 135, poco antes del acceso al puente internacional José Artigas, que une a esa ciudad con Paysandú. La apac, una escisión de la organización constituida inicialmente en Colón, entendió que no podía dejar pasar la ocasión de cortar la ruta en los días en que se celebra en Montevideo la Cumbre Iberoamericana. La capacidad de convocatoria de la apac y el nivel de movilización de la población de Colón son muy inferiores a los de Gualeguaychú y, al cierre de esta edición, BRECHA supo que no es seguro que el corte del puente José Artigas llegue a concretarse durante las 48 horas que durará la Cumbre de Montevideo.

Las cartas a los presidentes y el levantamiento de “un muro que no divide” ilustran el pensamiento de los ciudadanos ambientalistas de Gualeguaychú. ¿Qué piensa, a esta altura, el gobierno argentino? El propio presidente, el gobernador de Entre Ríos, la secretaria de Medio Ambiente y el canciller han pedido a las asambleas ciudadanas que no corten las rutas, señalándoles que esas acciones perjudican los intereses argentinos en los tribunales internacionales. La explicación oficial es que el gobierno de Kirchner no reprime las movilizaciones populares; sólo trata de disuadirlas.

El embajador en Uruguay, Hernán Patiño Mayer, fue muy gráfico esta semana, al recordar las dificultades que tuvo el imperio británico para evitar la resistencia pacífica encabezada por Gandhi en India. En medio de un clima hostil, sus declaraciones fueron manipuladas por algunos medios y el diputado forista Washington Abdala le reclamó al gobierno de Kirchner que lo remueva como una contribución a la solución del conflicto binacional.

El silogismo es perfecto. El gobierno argentino apuesta a la disuasión. Los asambleístas se sienten seguros de que en ningún caso serán reprimidos. Ergo, las decisiones de Argentina en materia de relaciones internacionales no están en manos del gobierno.

PENÚLTIMOS RECURSOS.

El miércoles 1, en carta dirigida a su par Gargano y entregada personalmente en Buenos Aires al embajador Francisco Bustillo, el canciller argentino Jorge Taiana protestó en términos muy duros por lo que considera una nueva violación del Estatuto del río Uruguay al haberse autorizado a la empresa Botnia, sin consulta al gobierno argentino, a usar casi el doble de agua de lo previsto en el proyecto de la fábrica de celulosa que construye frente a Gualeguaychú. “Mi gobierno lamenta esta nueva acción unilateral”, sostiene Taiana, y afirma que la misma “provoca un agravamiento de una situación de por sí tensa entre ambos países”. El canciller argentino recuerda que la Corte de La Haya instó a los dos países a “abstenerse de cualquier acción que pueda hacer más difícil la resolución de la presente controversia” y advierte que, en consecuencia, “al conceder el referido permiso, Uruguay actúa de manera incompatible con los requerimientos de la Corte Internacional”.

Por su parte, el director de Asuntos Ambientales de la cancillería, Raúl Estrada Oyuela, declaró a la prensa que “el proyecto de la empresa decía que necesitaba 30 millones de metros cúbicos al año; ahora se los autorizó a tomar 60 millones”. A su juicio, esa resolución, adoptada el 12 de setiembre último, “agravará el riesgo ecológico” a partir de un mayor vertido de fósforo y nitrógeno: “Van a llenar el río de algas venenosas”, agregó.

BRECHA consultó al respecto a Víctor Rossi, ministro de Transporte y Obras Públicas, quien afirmó que la resolución, adoptada por la Dirección de Hidrografía de su cartera con relación al agua del río Uruguay que podrá utilizar Botnia, no constituye un aumento respecto del volumen previsto en el proyecto general, que en su momento fue aprobado por las autoridades uruguayas y cuya aplicación no fue rechazada por la Corte de La Haya, en su fallo del 13 de julio último. Agregó que, como es habitual, este tipo de habilitaciones se otorgan en forma gradual, a medida que avanza la construcción del proyecto, y son absolutamente normales siempre que estén, como en este caso, dentro del máximo previsto originalmente. Dijo también que la resolución fue oportunamente comunicada a la Comisión Administradora del Río Uruguay (caru). Fue precisamente a través de la delegación argentina ante este organismo que el canciller Taiana y el presidente Kirchner tuvieron noticia del asunto. Según Rossi, nada se ocultó ni nada había para ocultar: la Corte de La Haya, si bien no se ha pronunciado sobre el fondo del litigio planteado por Argentina, no hizo lugar a la solicitud del país demandante de suspender preventivamente las obras, de modo que no puede alegarse que hay un incumplimiento del fallo por parte de Uruguay al habilitar una medida necesaria para la construcción de las mismas y prevista en el proyecto original. Rossi aseguró asimismo que el volumen de agua que las autoridades uruguayas autorizaron a usar a la empresa finlandesa no causará, según coinciden todos los estudios ambientales efectuados hasta hoy, daño alguno al ambiente ni supondrá ningún trastorno a la navegabilidad de las aguas.

Mientras tanto, la semana entrante una delegación argentina intentará nuevamente persuadir al Banco Mundial (bm) de que se abstenga de aprobar el préstamo solicitado por Botnia para la construcción de su planta. La misión está encabezada por la secretaria de Medio Ambiente Romina Picolotti y, según trascendió, teniendo en cuenta que la Corporación Financiera Internacional ya elevó al bm un informe técnico según el cual se descarta que el funcionamiento de las plantas genere contaminación, los argumentos se centrarán en la inconveniencia de financiar un proyecto que ha dado lugar a un conflicto bilateral de enormes proporciones.

La ong Redes Amigos de la Tierra consideró que los cortes son “absolutamente inconvenientes” (véase BRECHA, 27-X-06). Señaló, entre otras cosas, que “desvían la atención de los aspectos principales en torno a los cuales los ambientalistas debemos seguir trabajando”. Dijo asimismo que contribuyen a “chovinismos absurdos y mezquinos nacionalismos inconducentes”. Y sostuvo que la lucha “debe girar en torno a denunciar la falta de garantías y debilidad de los controles públicos” y “debatir los efectos ambientales que tienen estas industrias”. A 325 quilómetros de Gualeguaychú y a muy pocas cuadras de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, los ambientalistas uruguayos pusieron un toque de racionalidad.

Veto argentino

En realidad, la medida más dura del conflicto fue la adoptada por Argentina a mediados de octubre, cuando de hecho vetó la prácticamente asegurada elección de Uruguay como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Este órgano está integrado por representantes de 15 países: cinco con carácter permanente –Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y China– y los otros diez duran dos años en sus funciones y cinco de ellos se renuevan cada año.

Antes del 31 de diciembre debía renovarse el cargo actualmente ocupado por Argentina, uno de los dos representantes de América Latina. Para reemplazarlo inicialmente se postularon Guatemala –impulsada por Estados Unidos– y Venezuela. Al cabo de 47 votaciones ninguno de los dos países había logrado, a fin de octubre, la mayoría especial de dos tercios de votos de la Asamblea General requerida por la Carta de la onu, por lo que –de acuerdo con la tradición en esta materia– ambos renunciaron a sus candidaturas y propusieron la postulación de Panamá como candidato único del bloque regional.

La elección se inició el 16 de octubre y pocos días después, cuando se habían celebrado más de veinte votaciones en las que si bien Guatemala llevaba una ventaja estaba lejos de alcanzar la mayoría exigida, surgió con fuerza la posibilidad de que Uruguay fuera el candidato de consenso. Fue una iniciativa planteada por Perú, contó rápidamente con el respaldo de Chile –que también era un candidato alternativo– y obtuvo el visto bueno de Estados Unidos y la aceptación de Guatemala y Venezuela. Sin embargo, este último país consideró oportuno recabar previamente la opinión del Mercosur y consultó a Lula, su presidente pro témpore. El presidente brasileño vio con muy buenos ojos la propuesta pero, al pedir la opinión de Kirchner, obtuvo una cerrada negativa.

La noticia, que llegó a BRECHA desde Argentina, fue confirmada por fuentes del gobierno uruguayo que pidieron reserva de su identidad. La opinión del Mercosur no era formalmente necesaria, pero el gobierno de Venezuela la consideró políticamente conveniente, habida cuenta de su reciente ingreso al bloque y de la situación que podía generarse a raíz del conflicto entre Argentina y Uruguay. El veto argentino no habría sido un acto de puro capricho: ocupar un cargo en el Consejo de Seguridad “es una posición de prestigio, nos da un poder político que aumenta nuestro poder negociador en los asuntos en los que tenemos interés”, como ha sostenido Felipe Paolillo, profesor de derecho internacional y ex embajador uruguayo ante la onu (radio El Espectador, 19 de octubre).

servido por caffereggio sin comentarios compártelo favorito

Un martes de decisiones en Estados Unidos, de Jorge A. Bañales en Brecha

Unos poco y otros nada

El martes los votantes en Estados Unidos tendrán la oportunidad de elegir a los 433 miembros de la Cámara de Representantes, 33 de los 100 miembros del Senado, y los gobernadores de 36 de los 50 estados. Es una elección que los republicanos merecen perder y los demócratas no merecen ganar.

El sistema electoral estadounidense estipula que los miembros de la Cámara de Representantes –los diputados– se sometan al juicio de sus representados cada dos años. En teoría, esto debería dar una gran movilidad a la Cámara baja del Congreso, pero en la realidad el costo de las campañas y la manipulación de los distritos electorales se han combinado para que la mayoría de los diputados tenga asegurada su reelección.

Más consolidada aun es la posición de los senadores, con lo cual, el próximo 7 de noviembre está en juego sólo un puñado de puestos legislativos.

Y aun así lo que está en juego es mucho más: desde 1994 el Partido Republicano ha mantenido, de manera casi ininterrumpida, la mayoría en ambas cámaras del Congreso. Esto fue una pesadilla para el presidente demócrata Bill Clinton, y no ha sido precisamente una bendición para el republicano George W Bush.

Actualmente en el Senado los republicanos tienen 55 puestos, los demócratas 44 y hay un independiente. Los demócratas tendrían que ganar seis asientos para obtener la mayoría. En la Cámara de Representantes hay 230 republicanos, 201 demócratas, un independiente, y un puesto vacante. Los demócratas necesitan ganar 15 escaños para alcanzar la mayoría.

Tradicionalmente, en las elecciones de “medio término” predominan los asuntos locales, y los votantes toman su decisión sobre tal o cual diputado de acuerdo con el servicio prestado o las promesas ofrecidas en relación con problemas de interés en tal o cual distrito, o quizá en un estado. Pero en esta ocasión los múltiples votos podrían convertirse en un plebiscito sobre la gestión del presidente Bush, dominada por la guerra en Irak.

EL FACTOR BUSH.

Como es también tradicional, el presidente realiza giras por todo el país y dice discursos en apoyo de los candidatos locales de su partido. Estas presentaciones tienen un propósito doble: el aliento a los votantes y la recolección de fondos para la campaña.

Pero a cinco años de iniciada la guerra en Afganistán y a 40 meses de la invasión de Irak, la opinión pública en su mayoría se ha volcado contra las campañas militares, por lo cual muchos políticos locales no se sienten del todo cómodos con el abrazo de Bush. Por ejemplo, el candidato republicano al Senado por el estado de Washington, Mike McGavick, afirma en uno de sus avisos de la televisión que “el presidente Bush no entiende nuestra frustración: es tiempo de actuar de manera decisiva y derrotar a los terroristas”.

La solución al empantanamiento de más de 140 mil soldados estadounidenses en Irak es, según McGavick, “que se divida el país si es necesario y que nuestras tropas retornen victoriosas”. Desde hace unos cinco meses circula en Washington la idea de que Irak está fraccionándose, de hecho, en el norte kurdo, el centro sunita y el sur chiita, y que Estados Unidos no debería seguir empeñando su esfuerzo y la vida de sus soldados por mantenerlo unido.

En Rhode Island, el senador republicano Lincoln Chafee, quien enfrenta el desafío del demócrata Sheldon Whitehouse y su retórica antibélica, recuerda a sus votantes que él se mantuvo “firme contra el Senado y el presidente” y votó en contra de la resolución de 2002 que autorizó a Bush a invadir Irak. Otro que votó contra aquella resolución, y ahora lo recuerda a sus votantes, es el diputado republicano John Hostettler, de Indiana, quien en su propaganda de campaña señala que “la información que teníamos no sustentaba la alegación de que Irak tenía armas químicas, biológicas o radiactivas”.

Y en Nueva Jersey el republicano Thomas Kean, que busca quitarle su puesto al senador demócrata Robert Menéndez, sostiene en un aviso de campaña que él quiere “cambiar el rumbo en Irak”, y eso empezaría con la destitución del actual jefe del Pentágono, Donald Rumsfeld.

La economía de Estados Unidos sigue creciendo, a ritmo lento, pero constante. El desempleo y la inflación se mantienen bajos. El país no ha sufrido otro ataque terrorista devastador desde el 11 de setiembre de 2001. El costo de las guerras –en vidas de soldados, en soldados heridos, y en recursos económicos– sigue siendo pequeño en relación con la población y el tamaño de la economía. Pero los estadounidenses están impacientándose con una “guerra contra el terrorismo” a la cual no se le ve progreso ni término.

DEMÓCRATAS SIN BRÚJULA.

Si el debate preelectoral para estos comicios estuviese fraccionado, como sería normal, en la miríada de cuestiones a nivel de ciudades, condados, estados, probablemente los republicanos estarían en mejor posición. En algunos asuntos, como la inmigración que preocupa de manera más prominente a los votantes en los estados del suroeste, los candidatos republicanos ofrecen respuestas claras que el electorado entiende: control de la frontera, penalización por el empleo de inmigrantes indocumentados, deportaciones. Los demócratas levantan la voz contra todas estas medidas, pero no explican cómo atenderán las necesidades de las escuelas y los hospitales donde crece rápidamente la población inmigrante.

De todos modos la insistencia de la administración Bush, y el oportunismo del Partido Demócrata, han puesto la guerra de Irak en el centro del debate, y esto que perjudica a los republicanos oculta la otra mitad de la historia: que los demócratas proponen nada.

El Partido Demócrata se ha esmerado en la crítica de todo lo que hace la administración de Bush, y la lleva a cabo de manera constante y cuidadosa. Pero hasta ahora ningún dirigente del Partido Demócrata, ni algún candidato al Senado o a la Cámara de Representantes ha presentado un plan concreto que ofrezca alguna solución ya sea para la guerra en Irak o el conflicto en Afganistán.

Aparentemente, los demócratas han llegado a la conclusión de que capitalizarán en estas elecciones dos factores: el desaliento del votante republicano más conservador, y la agitación de los votantes demócratas o independientes más pacifistas.

FRACTURA REPUBLICANA.

Cuando en las elecciones de 1994 conquistaron la mayoría en el Congreso, los republicanos llegaron con una plataforma muy detallada a la que bautizaron “Contrato con Estados Unidos”. Fue la concreción de una “revolución conservadora” que se había iniciado en los años ochenta con el presidente Ronald Reagan, y a la cual los conservadores reaganianos querían darle el ímpetu decisivo.

El programa incluía la reducción de impuestos, la poda del papel del Estado en la economía, los recortes sustanciales en los programas de asistencia social, la ilegalización del aborto y la instauración de las oraciones en las escuelas públicas. En política internacional, en general, estos conservadores eran aislacionistas y militaristas: Estados Unidos no debería involucrarse en los conflictos de otras partes del mundo a menos que presentaran una amenaza clara y directa, en cuyo caso la respuesta debería ser contundente, para lo cual obviamente se requería una fuerza militar superior a la del resto del planeta. Doce años después se ha quebrado la alianza entre los sectores más conservadores del electorado, los votantes cristianos evangélicos y el Partido Republicano.

“¿Dónde fue que la revolución perdió su rumbo? –se preguntó esta semana el ex jefe de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes Dick Armey–. La respuesta es sencilla: los legisladores republicanos olvidaron los principios del partido, se enamoraron del poder y los puestos, y pusieron la ventaja política sobre las grandes políticas.”
“El gobierno está fuera de control –añadió Armey–. En lugar de achicar el gobierno ahora tenemos un nuevo beneficio de subsidio de medicamentos para los ancianos que cuesta 1.200 millones de dólares, y el gasto fiscal aparte del militar crece a un ritmo dos veces más alto que durante la administración de Clinton. El sistema de jubilaciones está en quiebra, y hay más naciones que adquieren armas nucleares. Pero los legisladores republicanos están ocupados en proyectos de ley que prohíban la quema de la bandera o el casamiento de homosexuales.”

Una fuente de apoyo firme para Bush ha sido el bloque de votantes cristianos evangélicos. Pero también ahí hay fracturas: en los últimos tres años de pronto los evangélicos han prestado más atención a los problemas ambientales y llegaron a la conclusión de que el mandato bíblico obliga a que los humanos seamos cuidadosos con el resto de la naturaleza.

La administración de Bush ha dejado de lado el Protocolo de Kyoto para la reducción de la contaminación atmosférica, y tanto el presidente como sus portavoces han puesto en duda los datos científicos que vinculan el cambio climático con la contaminación industrial. Los evangélicos ahora dicen que, a la hora de votar, el buen cristiano ha de tener en cuenta la posición de sus diputados y senadores sobre el ambiente.

Y doce años de hegemonía han pasado su cuota de corrupción al Partido Republicano, que llegó dispuesto a sanear el Congreso. Ha habido escándalos por los negociados de los lobbysts (cabilderos, gestores), y hace pocas semanas salió a luz que un diputado de Florida, Mark Foley, había intercambiado mensajes electrónicos de contenido sexual con varios de los jovencitos que pasan un año como mensajeros y ujieres en el Congreso.

CABLES CRUZADOS.

Dos ejemplos de la diversidad de asuntos en juego en las elecciones legislativas de Estados Unidos ocurren en los estados de Virginia y Maryland, vecinos ambos de Washington.

En Virginia el senador republicano George Allen busca su reelección en una campaña muy reñida con el aspirante demócrata James Webb. Las encuestas muestran a ambos muy parejos en la preferencia de los votantes. También aquí el “contexto nacional” distorsiona el panorama: Webb muestra una y otra vez que Allen “ha apoyado en el 96 por ciento de sus votos y decisiones la política de Bush en Irak, que consiste en mantener el mismo rumbo aunque sea al desastre”.

Pero luego están los componentes puramente locales. El 7 de noviembre los votantes de Virginia también tienen la oportunidad de pronunciarse en un plebiscito sobre una enmienda a la Constitución del Estado que definiría el matrimonio exclusivamente como la unión de un hombre y una mujer. En primera instancia tal plebiscito debería beneficiar a Webb atrayendo a la votación a los electores cristianos evangélicos. Pero estos votantes son los que están desencantados con el Partido Republicano.
Ocurre que la misma enmienda también es muy atractiva para los votantes negros de Virginia. Y el problema es que muchos negros, que son el 20 por ciento de la población de Virginia, consideran que Allen no presta la atención debida a la discriminación y no merece un segundo mandato en el Senado. Las encuestas señalan que el 81 por ciento de los votantes negros simpatiza con Webb.

Al otro lado del río Potomac, la jubilación del veterano senador demócrata Paul Sarbanes ha dejado abierta la contienda entre el demócrata Ben Cardin, un judío que ha sido miembro de la Cámara de Representantes desde 1986, y el católico republicano Michael Steele, quien es el vicegobernador de Maryland. El ingrediente que trastorna todos los cálculos en Maryland es que mientras Cardin es blanco, Steele es negro, de hecho uno más del creciente número de políticos negros que alcanzan posiciones prominentes en el Partido Republicano.

La vinculación del “voto negro” y los dos partidos dominantes en la política de Estados Unidos ha cambiado a lo largo de la historia. Fue el Partido Republicano, con Abraham Lincoln a la cabeza, el que libró una guerra con el sur esclavista y proclamó la emancipación de los esclavos en 1865. Fueron los políticos demócratas los que perpetuaron la segregación en el sur, hasta que en 1965, un siglo después de la emancipación, el presidente demócrata Lyndon Johnson promulgó la ley de derechos civiles. Durante más de tres décadas, el Partido Demócrata ha dado por seguro el voto de los negros, al igual que el de los hispanos, las mujeres y los sindicalistas.

En algunos asuntos, como la familia tradicional, los valores religiosos y la promoción de las empresas pequeñas y negocios individuales, el Partido Republicano ha respondido en años recientes de manera más satisfactoria a las aspiraciones de muchos negros. A su vez, la insistencia de los demócratas en los programas de asistencia social encuentra una resistencia creciente entre iglesias y grupos activistas negros que ven en tales programas una receta para la dependencia.

La paradoja en Maryland es que algunos ataques de matiz claramente racista contra el republicano Steele no han levantado la voz airada de protesta de las organizaciones negras más prominentes, que siguen esperando los favores del Partido Demócrata. Así, en Virginia, el republicano Allen puede perder la elección porque los negros lo consideran racista, mientras que en Maryland el republicano Steele podría ganarla si la mayoría de los negros abandona el Partido Demócrata.

servido por caffereggio sin comentarios compártelo favorito