Tuvimos dos abuelos, de José María Ruiz Soroa en El País

Pocas cosas reflejan mejor el cambio, lento pero imparable, que se ha producido en la escena política española estos últimos años que las visiones cambiantes de nuestra historia próxima que se han ido sucediendo en ella. Porque, aunque pueda sonar a boutade, nada hay más cierto que la afirmación de Michael Oakeshott de que la historia práctica es una reflexión sobre el presente. Es nuestra comprensión de éste la que determina la reconstrucción del pasado como un relato que justifique nuestras definiciones actuales.

La historia de nuestro pasado más próximo (la República y la Guerra Civil) se construyó durante los años de la transición y del primer periodo de gobierno del PSOE bajo un paradigma, propuesto ya desde 1956 por el Partido Comunista. El de que esa historia era, ante todo, un desastre colectivo que sólo servía como negativo para construir una nueva realidad política. No se trató de una amnesia generalizada, como se afirma hoy a pesar de su radical contradicción con hechos perfectamente constatables (un editorial de este diario del 18-7-2006 insiste incomprensiblemente en la tesis de la amnesia), sino, como lo describió Santos Juliá, de un muy consciente y deliberado asumir y echar al olvido el pasado próximo. Hanna Arendt, en La condición humana, subrayó el valor fundacional del perdón, algo sobre lo que precisamente se construyó nuestra democracia actual. Perdonar el pasado fue la única forma para tener un presente.

Es obvio que este paradigma ha caducado, pero las razones de ello deben buscarse en el presente, no en una supuesta recuperación de una memoria histórica que habría estado reprimida hasta hoy. Desde luego, ha colaborado a ello el intento de la derecha española durante los mandatos de Aznar de reescribir el pasado en clave sedicentemente "liberal", recuperando para esa supuesta tradición propia tanto a la Restauración como a figuras señeras como Manuel Azaña. Una reescritura radicalmente imposible, sobre todo porque Aznar (y la mayoría del PP) siempre ha estado en las antípodas de la tradición liberal española. También ha influido, cómo no, el intento de esa misma derecha de congelar la evolución de la democracia, haciendo de la Constitución de 1978 y del consenso que la produjo un fetiche mágico que podía blandirse como arma contra cualquier adversario político. Y también ha influido, cómo no, el descubrimiento de la izquierda de que podía utilizar la memoria como arma para deslegitimar a los gobiernos de la derecha, un arma con enorme potencia simbólica y, por tanto, gran efectividad. Y así, un PSOE que no había considerado necesario durante sus 14 años de gobierno condenar expresamente al franquismo, decidió que había llegado el momento de poner fin a la regla no escrita de no utilizar el pasado en las luchas políticas del presente.

Pero no basta con estos argumentos, puesto que han pasado ya los gobiernos de la derecha y, sin embargo, continúa más activa que nunca la política de la memoria. En parte, claro está, por el cambio generacional, pues los nietos de la guerra no pueden verla igual que los hijos. Pero creo que hay más, mucho más: estamos ante una recomposición política del presente, que se redefine entre otras cosas echando mano de una nueva historia. Y el nuevo paradigma es el de la escisión básica, una escisión a la vez binaria y excluyente. En el anterior paradigma (el del fracaso colectivo), la derecha e izquierda actuales estaban dotadas de la misma legitimidad democrática de origen. El nuevo (la derecha culpable de haber abortado violentamente la primera democracia patria) excluye en principio a la derecha, que sólo podría relegitimarse pidiendo perdón por el pasado. La escisión se proyecta en forma simplista y maniquea al pasado, manoseando de nuevo el mito de las "dos Españas". Da igual que la estampa sea o no correcta desde el punto de vista histórico-científico, pero la República se nos aparece ahora como un añorado régimen democrático, dotado de un valor moral superior incluso a la democracia presente. Son sus banderas las que se exhiben con orgullo, no las constitucionales, que se abandonan a la derecha. Tanto la época republicana como la Guerra Civil se presentan como la lucha de dos bandos, sólo dos (el republicano-democrático-legalista y el militar-fascista-monárquico), unos bandos que se perpetuarían directamente en el presente a través de sus herederos directos: los populares, de un lado, y los progresistas-nacionalistas, de otro. Todas las fuerzas políticas revolucionarias y no democráticas que colaboraron con entusiasmo en los años treinta a centrifugar la política republicana y tuvieron una gran responsabilidad en su fracaso se reconvierten por arte de magia en heroicos demócratas defensores de la legalidad, sin caer en la cuenta de que su heroísmo postrero no justifica su desastroso desprecio por la legalidad burguesa. Quienes intentaron en los últimos días negociar una paz por separado y se ofrecieron a convertirse en "protectorados" del Reino Unido con tal de conservar sus derechos particulares pasan hoy por firmes defensores de la República española.

Los nuevos bandos no son ya de naturaleza socioeconómica, sino puramente política, y de ahí precisamente la importancia de lo cultural y lo simbólico para hacer efectiva la fractura entre ellos. Estamos, como Joseba Arregi advertía hace tiempo, ante una nueva kulturkampf en la que la pugna se sitúa sobre todo en el terreno de la construcción del universo simbólico de referencia. No nos engañemos por tanto, no se trata ya de hacer las paces con nuestro pasado colectivo (algo que en realidad se hizo hace mucho tiempo), sino de traer ese pasado a la actualidad para dar un halo de inevitabilidad histórica a la división actual. A pesar de que, con ello, estamos comenzando a amputar nuestra memoria, a seleccionar a nuestros antepasados, a convertirnos en nietos de un único abuelo.

José María Ruiz Soroa es abogado.

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Relatos políticos veraniegos, de Joan Subirats en El País de Cataluña

A menos de 100 días de las elecciones autonómicas catalanas, los candidatos tratan de aprovechar esta fase de confusión y calentamiento estival generalizado para tratar de dejar bien colocados sus primeros mensajes y empezar así a definir el campo de juego y los espacios de cada cual. Son momentos de tanteo, pero no por ello menos importantes. ¿Quién va a quedarse con la imagen de estabilidad? ¿Cómo aparecer como innovador con relación a lo que no ha funcionado y al mismo tiempo ser capaz de reivindicar lo que de bueno se ha hecho? ¿Cómo ser visto como una nueva alternativa de gobierno cuando uno ha estado gobernando el país más de 20 años? ¿A quién identificaremos con progreso, a quién con igualdad? ¿Hay una sola lectura de la sostenibilidad? ¿Puede uno defender a ultranza la competitividad y al mismo tiempo declararse valedor de la ampliación de las políticas de bienestar y cohesión social? Estamos en plena etapa de construcción de relatos políticos. Unos relatos que sigan manteniendo a los tuyos convencidos de que vale la pena seguir confiando en lo que el candidato y su partido representan, y al mismo tiempo incorporen a nuevos electores atraídos por esa imagen, por esa metáfora, por esa narración que invita a uno a implicarse, a con-sentir.

En la literatura especializada se viene hablando de la creciente importancia de visiones posempiristas en la construcción de las políticas públicas. Y en este sentido se recupera la importancia de los valores en la formulación de políticas, subrayando los aspectos simbólicos y narrativos de la política y de los políticos, que de esta manera construyen los problemas y les buscan soluciones de manera concertada y deliberativa. Sin palabras no podemos tratar de los problemas políticos del país. Y ahí está el asunto, quién se queda con qué palabra que significa o pretende simbolizar tal otra cosa. Cada término lanzado, cada pieza simbólica colocada en la arena política, pretende capturar nuestra imaginación, formatear nuestras percepciones y reducir nuestro natural escepticismo con relación a que las cosas vayan realmente a mejorar. Todo ello acaba, si se hace bien, configurando un relato, una historia, un discurso. Y en ese relato, como es habitual, van apareciendo los buenos y los malos, los héroes y los villanos, los nuestros y los otros. En el escenario político español los discursos están ahora muy asentados. Sobre todo el del Partido Popular, cuyos dirigentes, con disciplina casi castrense, han llevado esa configuración de roles y ese formateo del imaginario político colectivo a extremos caricaturescos. Pero, en cambio, cuando el escenario está tan abierto como lo está ahora en Cataluña y cuando el periodo del que se proviene ha sido tan turbulento como el que hemos vivido, la importancia de la fase de construcción de relatos, de las historias políticas de cada cual, se refuerza. Y una vez más, con la excepción de los populares, los papeles de cada cual están aún relativamente abiertos, y hay temas de la agenda política aún por atribuir.

En estos días estamos asistiendo a los primeros escarceos en ese sentido. Montilla y Mas se disputan el campo del mainstream político, de esa mayoría de catalanes que, aparentemente, buscan estabilidad y confort psíquico después de tanto ajetreo tripartítico. Montilla pugna por aparecer, en sus primeras entrevistas, como alguien situado en el centro del escenario político, con mensajes que dirige a los sectores (recordemos las recientes jornadas económicas de Sitges) que con más escepticismo y desasosiego han vivido los tres años últimos en la política catalana. Y así, se habla de infraestructuras con pasión, se anatemizan los "ecologismos de salón" y se pretende superar una imagen de político muy vinculado a las instituciones y al aparato del partido, con mensajes que no sean intervensionistas o excesivamente regulativos. Artur Mas hurga en la herida de la no fiabilidad de los socios de Montilla y trata de superarle en liberalismo, agitando de nuevo el fantasma de los cheques como vía para democratizar los servicios públicos, apoyándose en la buena imagen de los socialdemócratas del norte europeo, aunque la aplicación de tal medida en un contexto nada nórdico como el nuestro acabaría generando sólo desigualdad. Esquerra Republicana llega con retraso a la cita del mercado simbólico en el que tan eficazmente navegó en la campaña electoral de 2003. Sus preocupaciones se centran ahora en afianzar liderazgos, en coser desgarros y en recuperar fiabilidad, cuando precisamente consiguió grandes avances con su atrevimiento y sus formas poco convencionales. La gente de Iniciativa cuenta con el legado que le puede dar su consistencia interna, su buen comportamiento como socio de gobierno, pero necesita reforzar su perfil diferenciado superando la imagen que quieren endosarles de Pepito Grillo periférico.

En esa feria de discursos e imaginarios, seguramente una de las piezas estelares será el tema del crecimiento, del desarrollo que impulsar en el país. El mensaje que llega desde emisores muy potentes es: "Cataluña puede perder el tren del progreso. Se necesitan infraestructuras potentes. No podemos permitir la parálisis del país". En el otro lado se advierte que, si no se avanza con cuidado, los daños pueden ser irreversibles, e invitan a mirar lo que ocurre más al sur, en Valencia o Murcia. Los que quieren progreso, contra los que defienden que ese progreso no puede ser a cualquier precio. Probablemente ése va a ser, junto con la vivienda y la precariedad, uno de los ejes centrales ante los que todos deberán tomar posiciones, ya que tiene la ventaja de ser un tema que sintetiza muchos otros. Y en esa área temática, el debate energético será, a su vez, un punto especialmente caliente. La política se expresa en palabras, pero no termina en ellas. Antes de las palabras, hay valores. Y siempre, antes y después de las palabras, hay hechos y conductas más menos consistentes con los mensajes que se lanzan. Una vez más, los ciudadanos deberán separar palabras y conductas, mensajes y trayectorias. Necesitamos relatos que nos señalen caminos, pero sobre todo necesitamos relatos que no acaben siendo pura retórica.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona.

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Saber y no saber, de Cristina Peri Rossi en El Mundo de Cataluña

El Gafi (Grupo de Acción Financiera) ha suspendido a España en la vigilancia del dinero negro en inmobiliarias, notarías y abogados.Vaya novedad. ¿Qué ciudadano de este país, o de estos países lo ignora? Hacienda controla a los funcionarios, a los pequeños comerciantes, pero el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales, sólo dispone de dos inspectores para vigilar a los profesionales. ¿Cuántas inmobiliarias hay? ¿Cuántos notarios? ¿Cuántos psicoanalistas? No le pida usted una factura a su psicoanalista, le dirá psicótico. ¿Y las inmobiliarias? ¿Alguien controla a las inmobiliarias?

Todos lo sabíamos. Como sabíamos que los traficantes de droga están a la salida de los colegios, como sabemos que hay tráfico de blancas, de armas y blanqueo de capitales. Tampoco se controla a los casinos. En el fondo, tengo la sensación de que sólo se controla a los honestos, a quienes como usted y yo, pagamos nuestros impuestos y no blanqueamos más que la ropa. Y eso que el Banco de España presionó para evitar este informe que deja a nuestro país (¿o países?) muy mal parado. Pero donde está parado, lo sabemos desde hace muchos años, como sabíamos lo de Marbella, como sabemos la especulación inmobiliaria. Sólo los gobiernos no lo saben, no quieren saberlo o hacen como que no lo saben.Y no estamos hablando de poca cosa. Estamos hablando de grandes masas de dinero, de operaciones financieras nada transparentes, de pelotazo va y pelotazo viene. En el año 2005, sólo fueron inspeccionados dos casinos y 13 inmobiliarias, cuando hay más inmobiliarias por metro cuadrado que ambulatorios de la Seguridad Social. Lean bien este dato: en España hay cerca de 50 mil inmobiliarias.Algo deben vender, si no, estarían cerradas.

El informe tiene una conclusión bastante obvia: constituimos un país (¿o países?) de alto riesgo en cuanto al blanqueo de dinero y a la evasión fiscal. ¿Algún ciudadano honesto pensaba otra cosa? ¿Y qué piensan nuestros políticos de este informe? Por lo que yo sé, se preocuparon mucho por disimular las conclusiones, para que no fueran tan «duras». Dura es la realidad, no el informe.

Entretanto, Paz Vega nos alegra los ojos desde unos espléndidos anuncios de los helados Magnum donde se la ve desafiante, turbadora, bellísima, buscándose a sí misma, su yo verdadero. Por fin unos carteles publicitarios donde una mujer hermosa es sujeto de sí misma. El anuncio no le ha gustado nada a algunas asociaciones católicas que han iniciado una campaña contra la publicidad. Dicen que sugiere la homosexualidad femenina. ¡Por fin hemos dado con el enemigo! El enemigo es la belleza, la sensualidad femeninas, si no hay un macho cerca que se beneficie de ellas.

Acabáramos, y yo, que había pensado, ingenuamente, que los enemigos eran el blanqueo de dinero, el tráfico de mujeres y de niños, la explotación del hombre por el hombre, el calor, que ya ha matado a ocho trabajadores en la calle. Es que no me entero de nada.

© Mundinteractivos, S.A.

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Votar para perder menos, de Juan-José López Burniol en El Periódico

El 15 de junio de 1977 --tras tres meses de ejercer como notario en Barcelona-- se celebraron las primeras elecciones democráticas. La experiencia republicana --aún viva en mis colegas más antiguos-- había sido pródiga en la utilización del acta notarial como instrumento para fijar las irregularidades electorales, a efectos de ulteriores impugnaciones. Por esta razón, el entonces decano --Josep-Maria Puig Salellas-- adscribió un grupo de notarios a cada partido político: a mí me tocó Alianza Popular. Y aquella jornada calurosa, mientras esperaba ser requerido --lo fui media docena de veces--, comenté con un compañero un tema que me apasionaba: ¿quién llenará el vacío dejado por la CNT? Pensaba que, durante la Segunda República, las masas obreras seguían en Catalunya los dictados de la organización anarquista, de modo que, cuando esta decidía que había que votar, ganaba la izquierda, mientras que, cuando la CNT ordenaba abstenerse, ganaba la derecha; pero en 1977, desvanecida la sindical anarquista, ¿qué partido ocuparía su lugar? Visto el tema con perspectiva, la respuesta es clara: el PSC. Pero, entonces, nadie lo sabía.

No obstante, 30 años después, parece ser que mi análisis era errado, pues se sostiene ahora que no es cierto que la abstención obrera fuese fruto de las campañas anarquistas, sino consecuencia del juego de otros factores. Este es uno de los temas que estudia el Atles electoral de la Segona República a Catalunya, obra reciente de Mercedes Vilanova, catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Barcelona y adelantada en la aplicación de la estadística y en la utilización de fuentes orales paras el análisis del comportamiento político. Desde esta doble perspectiva y enfrentándose a la tesis que sustenta la influencia decisiva de la abstención libertaria, formula en su obra varias afirmaciones innovadoras.

EN PRIMER lugar, sostiene "la estabilidad del voto y de la participación durante todo el periodo republicano", y añade que "fue la burguesía y no la CNT la que promovió la abstención, (...) porque los industriales, a partir de su control de los lugares de trabajo, intentaban forzar la abstención". La razón es obvia: "La oferta laboral había atraído a miles de inmigrantes, de modo que la industrialización instaló a una mayoría obrera que representaba un 70% del electorado barcelonés. En estas condiciones de desigualdad nu- mérica, era lógico que la Lliga propiciara la abstención y que la pequeña burguesía que lideraba Esquerra no quisiera promover un partido de clase que le hubiera sido adverso". Tan era así, que Mercedes Vilanova no duda en afirmar que, tras la derrota conservadora en las elecciones del Frente Popular de 1936, "la clase dominante creyó que las urnas le serían adversas siempre y apostó por dejar de lado la democracia para iniciar una lucha de clases que se transformó en una guerra civil".

Esta firmeza de la autora se funda en las entrevistas con las que culminó su trabajo estadístico. Una de ellas fue con Pilar Llamazares, miembro de la CNT, quien --pese a pertenecer a este sindicato-- votó siempre. Estas son sus razones: "Si uno no iba a votar le apreciaban más que a otro que fuera a votar (...). Usted ya sabe que a la gente de dinero, según qué gente, no le gusta que los trabajadores sean rebeldes"; y es que "no votar favorecía a los amos". La conclusión de Mercedes Vilanova es clara: "En el decurso del análisis nos dimos cuenta de que el abstencionismo ideológico o político, de raíz libertaria, tan solo fue vivido conscientemente por una minoría y no guardaba relación con el resultado de los escrutinios. (...) Los obreros no siguieron consignas ciegamente ni decidieron a la ligera si votar o abstenerse; su compromiso electoral fue vivido con tal intensidad que permite predecir su nivel de militancia durante la guerra civil y el grado de represión franquista que hubieron de sufrir a partir de 1939".

Otra conclusión del trabajo es que "resulta incontrovertible que durante la República las mujeres tendieron a participar algo menos que los hombres", pese a lo cual "a través de datos cuantitativos o de las fuentes orales es fácil demostrar que las mujeres participaron mayoritariamente (...), en el mismo sentido que los hombres". La tasa de abstención femenina, superior en 10 puntos a la masculina, no significaba mayor apoliticismo: eran mujeres abrumadas por el trabajo a destajo en la fábrica y en casa, marginadas de la información y de la cultura y sin acceso a los mecanismos de decisión política. De ahí que el cambio cultural y social que anunciaba la Segunda República fuera visto por muchas mujeres como uno de sus mayores logros.

Y una constatación final: la de que las tasas de abstención fueron en alguna ocasión --como en las elecciones al Parlamento catalán de 1932-- inferiores a las actuales, lo que demuestra la intensidad política del periodo republicano, cuando las mayorías analfabetas o semialfabetizadas votaban, como decían, "para perder menos".

HOY,LAS circunstancias de todo tipo han cambiado para bien. Pero, en el ámbito electoral, subsiste incólume un viejo problema: la derecha vota siempre, es la izquierda la que a veces se abstiene. Y, cuando lo hace, regala el poder als del porró --que decía Ernest Lluch--, es decir, a los que desde siempre se van pasando el porrón de mano en mano. Porque, incluso debajo de las palabras más sagradas, lo que subyace es una desnuda cuestión de poder.

JUAN-JOSÉ López Burniol. Notario.

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El protagonista de la transición, de Francesc de Carreras en La Vanguardia

Dos buenos amigos me han criticado el artículo del jueves pasado sobre las causas del final del franquismo y la relativa facilidad con la que se desarrolló la transición. El fondo de mi argumentación consistía en señalar que las transformaciones económicas, sociales y culturales que se produjeron en la sociedad española durante los quince años anteriores a la muerte de Franco fueron los principales motivos que explican el rápido paso de una dictadura a una democracia en el corto periodo 1975-1978.

Las objeciones de mis amigos eran dos: el escaso relieve que daba a la lucha antifranquista y la subestimación con la que trataba el periodo de la transición. Debo confesar que, si esto es lo que se desprendía del artículo, ambos amigos tienen razón: la oposición al franquismo fue determinante en la salida que se le dio a la dictadura y la habilidad en conducir las complicadas vicisitudes de la transición constituyó un elemento decisivo del resultado final. Por tanto, lamento no haberme explicado mejor y sólo puedo alegar como disculpa las limitaciones de espacio que impone un artículo de periódico.

No obstante, todo ello plantea un problema general de método: ¿cuáles son los elementos que explican la realidad política, los estructurales o los coyunturales, los objetivos o los subjetivos? Un ejemplo de trágica actualidad: ¿cuál es la causa de la guerra de Líbano, el secuestro de dos soldados israelíes por Hezbollah o los intentos de Estados Unidos por controlar Oriente Medio, poniendo fin a los regímenes de Irán y Siria? En definitiva, volviendo a las cuestiones de método: ¿hay que explicar la historia estudiando los acontecimientos concretos o las transformaciones sociales profundas?

No me cabe ninguna duda de que ambos planos - el estructural y el coyuntural, el objetivo y el subjetivo- son necesarios para entender la historia de una sociedad determinada, para estudiar uno de sus periodos concretos. Sin embargo, tampoco me cabe duda alguna de que el plano estructural y objetivo es el marco indispensable donde únicamente pueden entenderse los hechos coyunturales y subjetivos.

Vayamos al caso concreto del franquismo. ¿Por qué fracasó la guerrilla antifranquista en los años cuarenta? Entre otras causas, que no tenemos espacio para enumerar, porque no obtuvo la respuesta social que esperaba debido al miedo a las represalias, a la falta de ayuda exterior, a las luchas internas, al desánimo y desconfianza de los españoles, o debido a cualquier otra causa; pero en todo caso, debido a que la sociedad española no fue capaz, en aquellos años, de apoyar el movimiento guerrillero. Es decir, principalmente por causas objetivas del pueblo, no por causas subjetivas de la guerrilla.

Más ejemplos, ya en los años cincuenta, ¿por qué la muy importante y masiva huelga de tranvías de Barcelona en el año 1951 o la revuelta de los estudiantes universitarios en Madrid en 1956 quedaron como hechos aislados, sin capacidad alguna para derribar al régimen franquista? A mi modo de ver, la causa estaba en que la sociedad española que años más tarde, tras la muerte de Franco, mayoritariamente apoyará la democracia, todavía era incapaz de concebir una España sin Franco y sin otra guerra civil. Para que ello fuera posible, para que se afrontara sin miedo un futuro democrático - elemento subjetivo- era necesario que se produjeran transformaciones estructurales y objetivas: que desaparecieran el gran atraso económico y las brutales desigualdades sociales respecto a Europa y que se produjera un cambio en la cultura y en la mentalidad política de los españoles. Sólo en el caldo de cultivo de esa sociedad española económica, social y culturalmente nueva podrían tener los partidos y grupos de oposición al franquismo un efecto decisivo que ocasionara el final definitivo del régimen.

Asimismo, la transición entendida como un pacto implícito entre un sector de políticos comprometidos con el franquismo que deseaban el paso sin traumas a la democracia y unas fuerzas de oposición partidarias de la ruptura pero que, sin embargo, no habían encontrado el método eficaz para llevarla a cabo, sólo podía darse en una España profundamente transformada. Otra cosa es la inteligencia política y el sentido de Estado de sus principales protagonistas, y por ello no hay que regatear elogios al Rey y a su padre, ni a Fernández Miranda, Suárez, Carrillo, González, Gutiérrez Mellado, Fraga, JORDI BARBA Fuentes Quintana, Camacho, Redondo, Pujol, Ruiz-Giménez y Landelino Lavilla, entre otros muchos.

Pero el gran protagonista de la transición, como siempre se dice aunque sea para quedar bien, fue el pueblo español. Y, en efecto, así fue. Pero se trata de un pueblo español concreto, fruto de unas transformaciones sociales profundas, no un ente abstracto, demócrata de toda la vida pero que hasta entonces no había podido expresarse en libertad.

Probablemente, la gran diferencia entre la transición a la democracia de 1931 y la de 1975-1978 sea que en la segunda se habían operado en la sociedad española las necesarias transformaciones económicas, sociales y culturales que la hacían posible. La indudable mayor inteligencia y sentido de Estado de los políticos de nuestra transición respecto a los políticos de los años treinta es también un factor decisivo, pero condicionado por el anterior.

Estructura y coyuntura, lo objetivo y lo subjetivo, son tan indispensables como indisociables para el análisis político. Pero lo primero condiciona a lo segundo, no al revés.

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Reescribir la historia, de Alberto Reig Tapia en El País

Uno de los muchos éxitos de la transición fue el consenso historiográfico alcanzado en torno a la República y a la Guerra Civil. Sorprendentemente, a partir del año 2000 la historia empezó a ser secuestrada y manipulada al servicio de determinados intereses políticos. Bajo el firme liderazgo de Aznar tras conquistar la mayoría absoluta, la derecha española más extremosa pudo empezar a olvidarse de las interesadas loas a Azaña de su líder y los recurrentes cantos al liberalismo y a la moderación que habían sido necesarios para la conquista del centro, fuera del cual no se ganan elecciones en los países desarrollados. Fue el momento de quitarse la máscara y actuar sin complejos ni concesiones a esa izquierda falsamente moderada que no sería sino el trasunto de la de siempre: la radical, la revolucionaria, la filocomunista que jamás acepta las reglas del parlamentarismo y de la democracia que tan falsamente reivindica.

En semejante tesitura histórica había que recuperar las señas de identidad dejadas en sordina a lo largo de la transición y consolidación democráticas. Era imprescindible reescribir la historia inmediata. Se aprestó a ello con febril entusiasmo un ejército de publicistas con ínfulas de historiadores que pretendían romper con una ortodoxia historiográfica impuesta por supuestos profesionales incapaces de sacudirse la caspa ideológica estalinista. Una verdadera cohorte de periodistas de pago hicieron de caja de resonancia y los publicitaron a los cuatro vientos para demostrar a las nuevas generaciones que los socialistas que se habían encaramado al poder sin el menor escrúpulo, sobre los cadáveres de los terribles atentados del 11-M, eran los mismos de siempre.

En 1934, la izquierda y los nacionalistas reventaron la convivencia democrática desencadenando la revolución social en Asturias y proclamando la independencia de Cataluña. El 18 de julio de 1936 no fue un golpe de Estado ilegal e ilegítimo que provocó una terrible Guerra Civil, sino un necesario golpe "preventivo" de pura autodefensa que el general Franco y el resto de patriotas que le secundaron tuvieron inevitablemente que dar para salvar a España del caos e impedir su desmembración ("balcanización") y la entronización de un gulag soviético cuyos horrores hubieran dejado pálida la inevitable dureza de Franco y su "Régimen del 18 de julio". Se trata de una burda muestra del negacionismo histórico (revisionismo) que inevitablemente nos toca pasar ahora a los españoles y que otros países, como Italia, Francia o Alemania, ya pasaron en los años ochenta.

Pero el abundoso papel amarillo que nos invade, nunca, jamás, podrá ocultar la realidad histórica del 18 de julio de 1936 que empezó por ser un acto ilegal e ilegítimo. Ilegal porque no estaba entre las competencias de los Jefes de División del Ejército declarar la ley marcial. Ilegítimo porque tanto el resultado de las elecciones (cuya limpieza cuestionaron los sublevados sólo a posteriori) como el Gobierno de la Nación surgido de ellas, habían sido sancionados y aceptados jurídicamente y políticamente por la propia oposición parlamentaria, tal y como quedó reflejado en el libro de Sesiones de las Cortes por su líder más destacado, José María Gil Robles, lo que desmonta los inútiles intentos posteriores, que aún persisten, por cuestionar el resultado electoral y el Gobierno surgido del mismo como importante justificación para su rebeldía anticonstitucional. No puede argumentarse historiográficamente que el Gobierno republicano en julio de 1936 hubiera sucumbido a una ilegalidad e ilegitimidad que hiciera inevitable la ilegalidad e ilegitimidad de la oposición para defenderse. La legalidad y legitimidad del Estado republicano en 1936 es incuestionable a la luz del derecho español y del derecho comparado a pesar de los renovados intentos justificativos del revisionismo.

El argumentario "jurídico" del Nuevo Estado franquista quedó plasmado en un famoso Dictamen oficial que despreciaba hasta los principios fundamentales del Derecho. Sus epígonos revisionistas apenas vuelven sobre ellos. De acuerdo con la legalidad internacional que deriva de la ONU, la ilegalidad del régimen franquista es evidente, como lo prueba su alzamiento en armas contra el gobierno legítimo de la República vulnerando el orden jurídico vigente. La Resolución, Res.39 (I) adoptada por unanimidad de la Asamblea General el 9 de febrero de 1946 consideró que el régimen de Franco fue impuesto por la fuerza al pueblo español y no lo representaba. Y, de acuerdo con los Principios de la propia ONU, el franquismo cometió crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Aún hoy, de acuerdo con la Resolución, Res.1996/119 de 2 de octubre de 1997, en España siguen sin cumplirse en relación con las víctimas y sus familiares de la represión franquista, el derecho a saber, el derecho a la justicia y el derecho a obtener reparación. Y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha instado al Consejo de Ministros español a que el 18 de julio sea declarado día oficial de condena de la dictadura franquista.

A mayor abundamiento, significadísimos rebeldes al orden constitucional republicano, entre los que cabe destacar a Ramón Serrano Suñer, "el cuñadísimo", el constructor jurídico del Nuevo Estado, o el general Ramón Salas Larrazábal, cabeza de fila de la historiografía franquista más seria, así tuvieron que acabar por reconocerlo. El primero, aceptando que la rebeldía estaba jurídicamente en los autoproclamados nacionales que montaron una parodia de justicia, una "justicia al revés", y, el segundo, reconociendo que, en 1936, "el Estado no estaba ni secuestrado ni inválido". ¿De qué "justa" o "necesaria" rebelión estamos entonces hablando? ¿Si el Estado republicano no estaba ni secuestrado, ni inválido, por qué se sublevaban?

El 18 de julio de 1936, al derivar en Guerra Civil, inicia un puro y simple genocidio por más que este vocablo despierte reticencias en determinados autores a la hora de aplicarlo al franquismo, ya que es generalmente utilizado para referirse al exterminio del pueblo judío que emprendieron los nazis. No se trata ahora de establecer paralelismos históricos entre el holocausto y la masacre de rojos "y demás ralea" emprendida por Franco. Por los resultados que produjo, el 18 de julio fue un crimen contra la humanidad, tanto en la significación que otorga al concepto la Real Academia Española como en el propiamente técnico de la jurisprudencia internacional. Franco y el régimen que alumbra el 18 de julio fueron más criminales que Pinochet o Milosevic. Tal es la realidad jurídica, política e historiográfica del 18 de julio de 1936.

Alberto Reig Tapia es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y autor de La cruzada de 1936. Mito y memoria (2006).

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La creciente polarización social, de Vicenç Navarro en El País de Cataluña

El debate territorial que está teniendo lugar en España a raíz de la aprobación por varias comunidades autónomas de sus Estatutos está inhibiendo otro debate que debiera ocurrir en nuestro país sobre la creciente polarización social que apenas está teniendo visibilidad mediática y política. Durante estos últimos años estamos experimentando un gran crecimiento de las rentas del capital y un estancamiento (cuando no declive) de las rentas del trabajo.

Según un reciente estudio realizado por el catedrático de Economía Juan Torres, el beneficio neto de las compañías no financieras españolas aumentó en el año 2005 nada menos que el 26,2%, y el de los grandes que cotizan en Bolsa y que se incluyen en el Ibex 35 fue de un enorme 44%. Dentro de ellas, las empresas energéticas Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa e Hidrocantábrico fueron las que ampliaron más sus beneficios durante aquel año. Otro grupo empresarial que alcanzó también beneficios exorbitantes fue la banca. Según la Asociación Española de la Banca, los beneficios de la banca alcanzaron un crecimiento promedio del 58,82% respecto al año 2004, beneficios que fueron semejantes a los obtenidos por las cinco empresas de construcción más importantes en el país. La lista de empresas con beneficios exorbitantes es enorme. Antena 3 incrementó sus beneficios el 100%; Iberia, el 96%; el Grupo Santander, el 72,5%; Telefónica, el 40%; el BBVA, el 30%; Repsol, el 29,2%, y así un largo etcétera. Como consecuencia, las rentas del capital se están incrementando con millones y millones de euros. Sólo las compañías energéticas citadas anteriormente ingresaron 5.582 millones de euros más en el año 2005 que en el año 2004; las constructoras, 2.183 millones de euros más que en el año anterior; las empresas del Ibex 35, 37.500 millones de más, y la lista podría continuar más y más.

Este crecimiento de los beneficios empresariales es una de las causas de que el número de personas que ganan más de un millón de euros al año haya crecido en España, que es hoy uno de los 10 países del mundo con más millonarios. Lo mismo ocurre en cuanto a multimillonarios, es decir, personas que ganan al año más de 24 millones de euros. Según el Informe sobre la riqueza mundial, preparado por el Banco de Inversiones Merrill Lynch y la consultora Cap Gemini, hay en España 1.500 españoles que ganan más de 24 millones de euros al año, aun cuando, según la Agencia Tributaria Española, sólo 65 ciudadanos declaran tal nivel de renta. Según la mencionada Agencia Tributaria, el fraude fiscal alcanza el 10% del PIB y se concentra en los grupos más pudientes de la población. La expresión popular de que "los ricos no pagan impuestos" se corresponde a la realidad. Además de este fraude, hay gran cantidad de desgravaciones fiscales que benefician primordialmente a las rentas superiores y que equivalen a subsidios públicos puesto que las personas que no gozan de tales privilegios fiscales ven aumentar sus impuestos para cubrir el vacío fiscal creado por aquellas desgravaciones.

Este espectacular crecimiento de las rentas del capital y de las rentas superiores contrasta con el escaso crecimiento de las rentas del trabajo. El salario promedio en el año 2005 tenía la misma capacidad adquisitiva que en 1997 y había crecido sólo el 0,4% en 10 años. España es también uno de los países de la Europa de los Quince con mayor índice de pobreza (el 18% de la población). Uno de los factores que han contribuido a esta polarización en la distribución de la renta en España han sido las reformas fiscales realizadas en los años noventa por el Gobierno conservador del PP con el apoyo de las derechas catalanas, CiU, reformas que beneficiaron enormemente a las rentas superiores del país. Según un trabajo del catedrático de Análisis Económico Zenón Jiménez Ridruejo (escrito con el profesor Julio López Díaz), como consecuencia de tales reformas se produjo un notable crecimiento de las rentas de la decila superior de contribuyentes, pasando éstas de tener el 30,59% de la renta en 1996 al 34,52% en 2002, mientras que las seis decilas inferiores (es decir, el 60% de los contribuyentes) vieron un marcado descenso de sus rentas. La última decila de contribuyentes (es decir, los más pobres) pasaron de tener el 1,58% de la renta en el año 1996 al 0,57% en el año 2002. Puesto que Cataluña tenía un porcentaje mayor de personas que el resto de España en la decila superior, la derecha catalana, que apoyó tal reforma fiscal, la presentó como beneficiosa para Cataluña, ignorando sin embargo que para el 60% de contribuyentes catalanes (pertenecientes a las clases medias y populares) tales reformas significaron una disminución de su renta.

Esta situación preocupante explica la creciente protesta social a principios de esta década, que se tradujo en una demanda -explícita en el programa electoral del Gobierno socialista- de corregir aquella reforma fiscal gravando las rentas del capital con la misma intensidad que las rentas del trabajo, promesa que no ha sido respetada en la reforma fiscal propuesta por el equipo económico del Gobierno socialista y aprobada por las Cortes con el apoyo de la derecha catalana, CiU, que de nuevo favorece a las rentas de capital. Sería de desear que en política fiscal el Gobierno español cambiara de aliados, reafirmando su compromiso electoral de converger con el gasto público social por habitante de los países de la Europa de los Quince. Este déficit social en escuelas, en formación profesional, en seguridad laboral (que permitiría una mayor flexibilidad) y en programas de cohesión social es lo que explica la escasa eficiencia y competitividad española. La experiencia de países de clara tradición socialdemócrata como Suecia muestra que la eficiencia económica de un país no depende sólo de la inversión en investigación y desarrollo, sino también de la seguridad, calidad de vida y cohesión social del país.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra.

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El primo de Zumosol, de Juan Francisco Martín Seco en Estrella Digital

La teleAguirre informa de la manifestación de Madrid a favor de la paz en el Líbano, y de forma subliminal deja caer que se celebra en contra del único país democrático de la zona. A continuación, nos obsequia con una entrevista con el embajador israelí, a quien le parece inconcebible que se manifiesten en contra de su país, ahora que están luchando contra dos organizaciones terroristas. Israel ha aprendido la lección de EEUU —o EEUU la de Israel, nunca se sabe—: todos los terrorismos son iguales, y contra el terrorismo todo está permitido.

Pues bien, me parece que ninguna de las dos cosas son ciertas. Todos los terrorismos no son iguales. El terrorismo de Estado es mucho más grave que todos los demás, ya que se suele ejercer con impunidad, sin nada que arriesgar, y abusando de la situación de fuerza de quien posee el monopolio legal de la violencia. Contra el terrorismo no está permitido todo, pues precisamente cuando un Estado traspasa la línea de la legalidad y de lo ético se transforma en Estado terrorista, mil veces peor que el terrorismo que dice combatir. Eso es lo que le lleva pasando desde hace mucho tiempo a Israel, que para combatir el terrorismo ha aplicado y aplica métodos terroristas. Convendría, además, que el señor embajador recordase, antes de anatematizar a nadie con el epíteto de terrorista, el origen del Estado de Israel, algo tuvo que ver el terrorismo en su creación.

La contienda del Próximo Oriente se ha trasladado también a la política española. Hay a quienes parece que más que preocuparles lo que ocurre en el Líbano se ocupan de las reacciones del Gobierno, a ver si pueden censurarle y ganar así rentabilidad electoral. Por otra parte, se resisten a condenar las atrocidades que está cometiendo Israel y se pierden en todo tipo de consideraciones y en la complejidad del problema, queriendo indicar que quienes las reprueban es por simplicidad e ignorancia. Nos ilustran con toda clase de derivaciones y de antecedentes históricos, distinciones y más distinciones, pretenden así ocultar lo evidente: que la ofensiva de Israel en el Líbano es una salvajada. Nada, absolutamente nada, puede justificar la destrucción de un país, el bombardeo de civiles —las víctimas son en mucho mayor número civiles que militares— y la diáspora de medio millón de personas aterrorizadas. Hamas será una organización terrorista, las milicias de Hezbollah también, pero quien en estos momentos está sembrando como nadie el terror es el Estado de Israel. Para entender esto no se precisa estar en posesión de ningún máster en geopolítica de Oriente Próximo.

Israel exige, para detener su ofensiva sobre el Líbano, que se cumpla la resolución de la ONU 1.559, de mayo del 2000, que requería el desarme de Hezbollah, su retirada de la zona meridional limítrofe con Israel y la sustitución por el ejército regular libanés. No deja de ser curioso que tal exigencia venga de un país que desprecia de forma ostensible y pública a las Naciones Unidas, que ha incumplido 46 de sus resoluciones y que en otras cincuenta ocasiones ha recurrido al poder de veto de EEUU —el primo de Zumosol— para impedir que el Consejo de Seguridad condenase sus actuaciones. Habrá que recordar la resolución 242 que exige la retirada de Israel de los territorios ocupados, condición necesaria para la paz en Oriente Próximo; y la 194, reiterada en la 3.236, exigiendo a Israel que permita a los refugiados que lo deseen regresar a sus hogares y pagar indemnización a los restantes; y la 446 declarando ilegales y de grave obstáculo para la paz los asentamientos en los territorios palestinos y árabes ocupados; y la 471 declarando que Israel, potencia ocupante, no ha facilitado la protección adecuada a la población civil en los territorios ocupados; y, por último, la 2.443 estableciendo que Israel debe desistir de su política de destrucción de casas de la población civil árabe en las áreas ocupadas. La relación no termina, y serían muchas más las que se podrían citar.

El señor embajador considera que las manifestaciones del jueves pasado son un premio al terrorismo islámico, sin tener en cuenta que Madrid ha sufrido como pocas ciudades en sus carnes ese terrorismo islámico; pero el dolor y los muertos no pueden ocultar otro dolor y otros muertos, ni borrar la responsabilidad de quienes los causan en este momento. El argumento es el de siempre. Condenar los crímenes del Gobierno de Israel es ser amigo de los terroristas, igual que se decía que censurar las masacres cometidas por los americanos o la OTAN en Iraq, Afganistán o Kosovo era ser partidario de Sadam Husein, de los talibanes o de Milosevic.

El señor embajador dice que las relaciones de Israel y España no pasan por su mejor momento. Debería preguntarse si lo que no está en su mejor momento es la consideración del Estado de Israel en la opinión pública mundial. Al margen de lo acertado que haya estado en sus gestos y manifestaciones el presidente del Gobierno, la calificación de antisemitismo a quien critica y censura los actos criminales cometidos en el Líbano por el Gobierno de Israel es un recurso demasiado fácil. Es como si a quien abomina de las atrocidades cometidas por el régimen nazi se le tildase de antigermánico. Israel no puede pretender mantenerse en el victimismo y considerar que la barbarie del Holocausto le da a su vez patente de corso para acometer nuevas barbaries. En el fondo, esa identificación entre las acciones de un Estado en un tiempo concreto y la nación, el pueblo, la religión y la raza, está dejando traslucir cierta ideología sionista, que fue considerada por la ONU ideología racista, aunque muchos años más tarde se retirase tal calificación ante la exigencia de Israel en las negociaciones de Madrid. Algunos remarcan y reprochan que Hezbollah significa partido de Dios, tienen razón para hacerlo, tal epíteto resulta peligroso y anuncio de todo tipo de dogmatismos, pero qué decir de los que como Israel se consideran el pueblo de Dios, o como Norteamérica, la nación elegida de Dios. El riesgo de nacionalismo zafio, cuando no de racismo, está presente. Mala cosa que dios ande entre los mísiles y las bombas.

Hablar de respuesta desproporcionada resulta ridículo. Nadie en su sano juicio puede pensar que existe una relación de causa y efecto entre el secuestro de dos soldados y la ola de destrucción desatada. Aquél sólo ha podido ser el pretexto de una decisión tomada y pactada mucho antes con el primo de Zumosol —EEUU—. Es indudable que Israel no emprende esta ofensiva sin tener el visto bueno de la Administración Bush. EEUU está vetando cualquier salida internacional a la crisis. Se trata de dar tiempo a Israel para que realice su labor destructora. Sólo cuando se considere que la tarea está concluida, la Administración norteamericana permitirá y liderará la paz, o tal vez la ocupación. ¿Qué se pretende? Existe un plan para devastar toda una zona del planeta. Primero fue Afganistán, después Iraq y ahora el Líbano, continuarán Siria e Irán; por cierto que la destrucción del Líbano le va a venir muy bien de rebote a la economía israelita, ya que ésta es competidora con la de aquel país en muchos sectores.

De nuevo, lo que queda en entredicho es la llamada legalidad internacional. Está claro que la única ley que rige es la del más fuerte. Israel puede hacer lo que quiera, mientras EEUU esté dispuesto a respaldarle y vetar cualquier proposición en su contra. Pero, ¿con qué legitimidad se habla luego de comunidad internacional, se interviene en otros países y se juzga a alguien de delitos contra la humanidad? ¿Por qué Irán no puede tener armamento atómico e Israel sí? Apliquemos la ley del más fuerte, pero al menos no vengamos luego con gazmoñerías e hipocresías predicando la democracia, la libertad y los derechos humanos. Aquí el único que tiene derechos es el primo de Zumosol.

www.telefonica.net/web2/martin-seco

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