Categoría: Expansión
30 Diciembre 2006
La polémica está servida. El anteproyecto de ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI), que está elaborando el Ministerio de Industria, ha levantado una oleada de críticas entre las empresas del sector tecnológico y los usuarios de Internet.
Tal y como adelantó este periódico, el Gobierno pretende, a través de esta norma, que la Administración Pública goce de plena potestad para “interrumpir la prestación” de servicios en la Red. Es decir, que los “órganos competentes” –incluidos los administrativos– puedan cerrar páginas web, sin la necesidad de resolución judicial.
El Consejo Asesor de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (Catsi) –órgano asesor de Industria–, en una reunión mantenida el pasado 1 de diciembre con representantes del Ministerio, ya expuso claramente su rechazo a esta intención del Gobierno. A partir de entonces, se abrió un periodo de alegaciones que culminó el pasado día 27.
Las críticas no sólo se mantienen sino que, incluso, se endurecen. Así, la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (Asimelec) valora de forma positiva la mayoría de reformas que introduce la norma.
Competencias
Sin embargo, la patronal tecnológica incide en que la alusión a un “órgano competente”, como entidad controladora, que hace el proyecto “supone incurrir en un riesgo cierto de administrativización de competencias que, en España, la Constitución reserva en exclusiva al Poder Judicial”. Según señala en el documento enviado a Industria –al que ha tenido acceso este periódico–, la Administración carece de legitimidad para intervenir “en cuestiones que pueden afectar a la libertad de expresión e información”.
Pues, en tales materias es “imperativo” cumplir el artículo 20.5 de la Constitución: sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. Según la patronal, el Gobierno “aparentemente” pretende aclarar en el proyecto los supuestos en que dicho órgano competente es la Autoridad Judicial.
Inconstitucional
Sin embargo, la actual redacción refuerza la idea de que la autoridad jurisdiccional “es la excepción y no la regla”. El problema es que resulta “difícil” que las restricciones a la libertad en Internet –como es el caso del cierre de páginas de contenidos– “no afecten a los derechos y libertades de expresión y de información”, según las alegaciones. Los internautas también coinciden en el diagnóstico que realiza la industria tecnológica.
La Asociación de Internautas (AI), miembro del Catsi, va incluso más allá, al tildar el proyecto de “inconstitucional”. Los artículos 8 y 11 de la nueva norma establecerían un sistema de “censura administrativa previa” en Internet, algo que contradice el ordenamiento jurídico español. En el texto enviado a Industria, esta asociación remarca que “la Administración Pública no puede, por mandato constitucional [nuevamente el artículo 20], intervenir publicaciones sin una orden judicial”.
De este modo, en ningún caso un órgano administrativo –desde un ayuntamiento hasta un ministerio–, en ejercicio de sus competencias, puede “ordenar la interrupción o cese de una publicación –en papel o digital–” sin que ello vulnere el derecho a “recibir información” y a “la libertad de expresión”, según expone esta asociación al Ministerio.
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30 Diciembre 2006
La entrada del invierno ha confirmado el enfriamiento de la inflación que vaticinó el Gobierno en la primera mitad del año, cuando la subida de los precios no bajaba del 4%. En diciembre, el Índice de Precios de Consumo Adelantado (IPCA) quedó en el 2,7% en tasa interanual, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Si se confirman los datos el próximo 12 de enero –cuando el INE publicará el IPC de diciembre–, la inflación cerrará el cuarto trimestre en el 2,6%, nueve décimas menos que la registrada entre junio y septiembre.
La tranquilidad que ha encauzado el mercado energético en la segunda mitad de 2006 ha permitido esquivar un ejercicio nefasto para los precios. Hasta julio, cuando el barril de petróleo llegó a rozar los 80 dólares, la inflación media no bajó del 4%. El abaratamiento del crudo hasta los 60 dólares, horquilla en la que cotiza actualmente, ha ido sofocando la escalada de precios.
El secretario de Estado de Economía, David Vegara, valoraba con satisfacción “la capacidad” con la que la economía ha absorbido los altibajos del mercado energético. De hecho, el IPC no registraba una tasa tan baja en el mes de diciembre desde 2003. No obstante, la inflación media del año cerrará en el 3,5%, una décima por encima del ejercicio anterior. Una tasa anual, del 3,5%, que no tocaba un techo tan alto desde 2002.
Los responsables de Economía argumentan que, a pesar del impacto de la energía en el IPC durante el primer semestre, el mercado ha respondido con flexibilidad, ya que no se ha trasladado a los costes laborales ni ha producido efectos de segunda ronda. Sin embargo, sí que ha vuelto a golpear el bolsillo de los españoles, que año tras año adelgaza un poco más, debido a las elevadas tasas de inflación que arrastra la economía. El coste de la vida ha subido tres veces más (60%) que los salarios (20%) desde la entrada del euro –ver EXPANSIÓN del 22 de agosto de 2006–.
Este ejercicio tampoco mejorará la brecha inflacionista que separa a España de la zona del euro, su principal socio comercial. A la espera de conocer el IPC armonizado de los Doce en diciembre, los expertos apuntan a que el diferencial de precios quedará en 1,5 puntos de media anual, la brecha más ancha desde 2000.
Suave aterrizaje en 2007
El Programa de Estabilidad que presentó el Gobierno este martes destaca que “la inflación experimentará una desaceleración en los próximos años, en consonancia con la hipótesis de los precios del petróleo, la disminución de la presión de la demanda interna y el menor crecimiento de los costes laborales”.
En esa misma línea se orienta el panel de expertos de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas), que prevé que la inflación siga moderandose hasta el próximo julio, para repuntar a finales de 2007, que cerraría con una tasa media del 2,5%, la más baja en ocho años.
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30 Diciembre 2006
No hubo destrucción pública de arsenales, armas decomisadas por la Policía, ni una cláusula que garantizase, en adelante, el respeto al mobiliario urbano. El día en el que ETA anunció el alto el fuego permanente –el 22 de marzo– la organización terrorista entregó a las audiencias un comunicado, remitido a la televisión pública vasca, y un supuesto objetivo: “impulsar un proceso democrático en Euskal Herría”.
Sin embargo, la esperanza “prudente” del Ejecutivo socialista de lograr la paz en el País Vasco se resquebrajó en 24 horas, al descrubrirse que ETA guardaba en Lot (Francia) 700 kilos de amonal y cloratita, material altamente incendiario.
La explosión de reacciones por parte de los partidos de la oposición y de parte de las asociaciones de víctimas del terrorismo no se hizo esperar. La “prudencia” fue la invocación más aclamada. Y es hoy, –diez meses después del primer comunicado– que la verificación de la verdadera voluntad de ETA es el asunto pendiente de la agenda del Ejecutivo, a la vez que un coladero de críticas procedentes de los populares.
Así, recientemente, y tras el intento frustrado de un grupo de abertzales de quemar vivos a dos municipales en Bilbao, el PP emitió, el pasado 14 de noviembre, un decálogo sobre “condiciones mínimas” que el Ejecutivo debería cumplir. La primera: que el presidente del Gobierno condene “todos los actos terroristas, tanto de terrorismo urbano, como contra las personas”.
El carácter unilateral de esta exigencia es un claro reflejo del escaso alcance político del primer encuentro del 28 de marzo entre el líder de los populares y el presidente del Gobierno, que ese día acordaron una gestión conjunta del proceso.
Pero la entrada de nuevos agentes en el proceso no agradó ni al PP ni a ETA, que veía cómo se retardaban sus objetivos. Tras Rajoy, el lehendakari Ibarretxe se ofreció como aspirante a participar en las futuras negociaciones con la banda.
De los encuentros en La Moncloa con las distintas formaciones políticas se desprendió el apoyo “sin fisuras” –para expresarlo en palabras de Paulino Rivero (CC), en clara sintonía con la apreciación del resto–, al proceso abierto tras el anuncio de la tregua. Aunque el PP se diferenció pronto del grupo.
El supuesto entorno favorable para dar comienzo al diálogo político con ETA perdió fuerza tras cada nuevo comunicado terrorista. A medida que la banda redoblaba sus exigencias –lo hizo en siete ocasiones– la puntería política del Gobierno perdía adeptos.
Los terroristas pidieron en mayo, a través del diario Gara, la amnistía de presos y ligaron todo el proceso a las concesiones sobre territorialidad, incluída la petición de incorporación de Navarra al País Vasco. El tono amenazante fue la tónica del resto: desde las exigencias para garantizar la no intromisión de los poderes del Estado, hasta su disposición de continuar con las armas en el Día del Gudari Eguna, pasando por la exigencia de “pasos visibles” en el proceso de paz.
Desde la entrevista que mantuvieron los socialistas vacos (el 20 de junio) con la izquierda abertzale –permitida por el juez Garzón–, el encuentro entre socialistas y populares es prácticamente inexistente. El sarpullido de episodios de violencia callejera es para el PP una causa “suficiente y demostrada” de que “el cese de la violencia no es aún una realidad”. Sin embargo, desde el Gobierno la lectura de las actuaciones de kale borroka es otra: “la evidencia”, en palabras de la vicepresidenta De la Vega, de que el alto el fuego ha sido la etapa más “pacífica” de España, en su convivencia con el terrorismo.
El nudo del que tiran, por un lado, la ilegalizada Batasuna y, del otro, el PP se ha resuelto intentado que la primera pase por el aro de la democracia. Así, en octubre Zapatero recordó que existen mecanismos para que no exista “contradicción entre una Batasuna legal y procesamientos contra algunos miembros”. Los procesamientos de Arnaldo Otegi y el del terrorista De Juana Chaos animaron la idea de paz, aunque para el primero, gestos como estos, logran lo contrario: la “impiden”.
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30 Diciembre 2006
En ocasiones, la labor más difícil de un ministro es mantener una línea de gestión coherente sin quebrar la gobernabilidad, pero asegurándose de ser quien acaba llevando las riendas. El más claro ejemplo en los últimos años, en la escena política española, es Pedro Solbes, vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda.
Tras llegar al cargo con un programa electoral que no era el suyo, ha tratado de imponer su visión de las reformas que necesita la economía española, pero se ha topado con prioridades políticas que han hecho bailar su agenda inicial en más de una ocasión. En gran parte de las materias, la escasa mayoría que sustenta al Ejecutivo ha sido la causa de esos cambios.
Pero la excepción favorable para el equipo de Solbes la ha constituido la reforma fiscal, un plan diseñado básicamente por su equipo económico, en contra de los deseos del anterior asesor económico del presidente del Gobierno, Miguel Sebastián, que quería situar a España a la cabeza de la revolución fiscal que hubiese supuesto la implantación de un tipo único en el Impuesto sobre la Renta para todos los contribuyentes –eso sí con algunas matizaciones–.
La reforma, que entra en vigor el próximo 1 de enero, supondrá una rebaja de los porcentajes de tributación de la gran mayoría de los contribuyentes y modifica el mínimo exento de declaración, que lo eleva a 9.000 euros. El tipo máximo será ahora del 43%, mientras que se unifica en el 18% toda la tributación del ahorro.
En el caso del Impuesto de Sociedades, se reduce el gravamen para las pequeñas y medianas empresas hasta el 25%, mientras que las de mayor dimensión verán reducidos sus pagos en dos escalas: en 2007, cotizarán al 32,5% en vez de al 35% actual y, posteriormente, en 2008, pasarán a hacerlo al 30%.
Presupuestos
El otro gran proyecto de este año, aunque en este caso no sea singular, ha sido los Presupuestos Generales del Estado. Y es que el difícil y tortuoso camino que ha seguido su aprobación les ha convertido en una ley de la que Solbes puede estar orgulloso.
En el proceso, se interpusieron las elecciones catalanas del pasado 1 de noviembre, lo que permitió ver un curioso baile de alianzas del Gobierno.
Tras la ruptura del tripartito en Cataluña, se daba por descontada una alianza entre PSOE y CiU como principales apoyos para las cuentas públicas. Pero la repetición del Ejecutivo formado por PSC, ERC e ICV tras los comicios volvió a enfrentar a convergentes y socialistas y atrajo de nuevo a los republicanos al bando oficial en apoyo de los presupuestos.
Sin embargo, este retraso produjo el efecto colateral de postergar la tramitación de otras normas pendientes como la ley de opas, la de defensa de la competencia, la del mercado de valores, el Estatuto del Autónomo y la reforma contable. Algunas de ellas ni siquiera han empezado a tramitarse en el Congreso de los Diputados pese a que hace más de cuatro meses que el Gobierno las remitió a las Cortes.
Solbes también ha tenido que retrasar hasta 2009 la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica, ante las dificultades para cuadrar lo pactado en el Estatut de Cataluña y las demandas del resto de Gobiernos regionales. De hecho, ha tenido que amoldar un diseño excedentario de las cuentas públicas a las inversiones pactadas en la reforma catalana.
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30 Diciembre 2006
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aprovechó ayer la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros del año para cumplir con su compromiso de comparecer ante los medios de comunicación, hacer un balance del año 2006, que calificó como el “año de las conquistas sociales” y marcar los objetivos para 2007.
El presidente destacó, sobre todo, dos asuntos: el desarrollo de lo que denomina proceso de paz, tras la declaración del “alto el fuego permanente” de ETA y la buena marcha de la economía.
Durante la larga comparecencia, Zapatero volvió a hacer gala de su optimismo, en especial, en lo que se refiere a la tregua de la banda terrorista. Una actitud que contrasta con la que mantiene la sociedad –los ciudadanos son cada vez más pesimistas sobre la situación creada tras la tregua, según las encuestas– y la izquierda abertzale –Batasuna reiteró ayer que el “proceso no tiene viabilidad”–. Frente a ello, el presidente aseguró: “Dentro de un año estaremos mejor que hoy”. Manifestó su “convicción” de que “hoy estamos mejor que hace un año y que hace cinco años”, pero que “dentro de un año estaremos mejor”. Eso sí, evitó avanzar ningún “paso” de los que se darán y garantizó que todos los que se den serán comunicados a los grupos parlamentarios.
El presidente dejó claro que éste era el mensaje que quería transmitir sobre la marcha del proceso y que, por tanto, mantiene intacta su apuesta por el diálogo con la banda, ya que, pese a las insistentes preguntas, rehusó dar cualquier otra información y evitó comentar el reciente hallazgo del zulo en Amorebieta o confirmar los contactos, que se dan por hecho, entre el Gobierno y la banda a mediados de este mes.
Zapatero justificó su optimismo con una “apelación a la objetividad”: “Es de sentido común, ¿se está mejor cuando hay un alto el fuego permanente que cuando había bombas?”, dijo antes de pedir “discreción”, que será una de las “normas” que presidan la tarea del Ejecutivo para lograr el fin de ETA. En este punto, aprovechó para lanzar críticas al PP por no apoyar al Gobierno en materia antiterrorista.
En cuanto a la posible participación de Batasuna en las elecciones de mayo de 2007, Zapatero empleó una de las palabras más repetidas ayer, “legalidad”, y manifestó que espera que “respete la Ley de Partidos para que todos puedan estar en las próximas citas electorales”. “Debe cumplir lo que dice la ley, nada más ni nada menos”, advirtió.
Otra de las ideas que Zapatero quiso dejar clara ayer es que no habrá adelanto electoral ya que su “objetivo es acabar la legislatura”. Tampoco quiso adelantar cuándo se va a relevar al ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, –“no queda mucho”, dijo– para que se dedique de lleno a luchar por la presidencia de Canarias, pero advirtió de que éste es el único cambio previsto, por el momento.
Al margen de esto y de las muestras de optimismo en torno al futuro de la tregua de ETA, en el balance que realizó de su gestión, Zapatero destacó los logros económicos de su Gobierno, un argumento esgrimido con frecuencia como baza electoral. El presidente destacó que España crece alrededor del 4% y cerrará el año con un avance económico del 3,8% ó el 3,9%. Indicó, además, que al final del segundo semestre se habrán creado cerca de 700.000 nuevos empleos y recordó que, desde la entrada en vigor de la reforma laboral, el 1 de julio, se han firmado 1,2 millones de contratos fijos, un 61% más que en 2005.
Superávit
Asimismo, recordó que España terminará 2006 con un superávit de las Administraciones Públicas del 1,5% del PIB. El presidente destacó que España está “en el liderazgo del crecimiento de la economía y del empleo” y aseguró que el principal reto de la economía española es aumentar la productividad, para mejorar la competitividad. Pero los datos aportados ayer por el presidente del Gobierno, ni los relativos a la economía ni los referidos al alto el fuego, convencieron al Partido Popular.
Su secretario ejecutivo de Comunicación, Gabriel Elorriaga, consideró “sorprendente” que el presidente del Gobierno sostenga que España está hoy mejor que hace un año para acabar con el terrorismo y aseguró que Zapatero “pretende vivir en un mundo virtual que no existe” porque los terroristas han robado armas, preparan explosivos y ha vuelto la violencia callejera.
Además, el PP estima que en 2006 se ha frustrado la tendencia de mejora del bienestar de los ciudadanos y se ha comenzado a percibir de manera sustancial un empeoramiento de la situación general del país.
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30 Diciembre 2006
Una de las consecuencias irreversibles de la debilidad de un gobierno de coalición es la improvisada cesión de competencias a las Comunidades Autónomas (CCAA), tan perjudicial para la fortaleza de España.
No sólo se están produciendo desigualdades e incoherencias manifiestas, sino que además la obsesión de las CCAA de exhibir un carácter distintivo ha conducido a que se promulguen leyes incompatibles con las jurisprudencias superiores.
Otro efecto es la predisposición a reclamar más poder por parte de los gobiernos regionales. Ésta ha llevado al error de asumir competencias para las que no se tenía capacidad técnica. Lo conveniente para España, un país que presenta una enriquecedora diversidad regional, es aplicar, siempre que se pueda, el Principio de Subsidiaridad.
El problema es que no todo es mejor por el hecho de que se resuelva en el ámbito más próximo. Por ejemplo, la directiva sobre el síndrome espongiforme bovino conviene que la dicte el Parlamento Europeo, mientras que la ordenación del territorio la deben dilucidar las CCAA de forma conjunta con los ayuntamientos.
El afán de mostrar una producción exuberante en los parlamentos regionales ha levantado una jungla legislativa impenetrable y ha impuesto una burocracia tediosa. Para tomar decisiones nacionales cada vez es más difícil poner de acuerdo a las diecisiete CCAA. Además, la complejidad de legislaciones superpuestas (internacional, europea, nacional, autonómica y municipal) entorpece cualquier acción personal o empresarial y aumenta el gasto público inútilmente, lo que se traduce en que se pagan más impuestos y se es menos competitivo.
Abuso legislativo autonómico
El abuso legislativo autonómico abruma más cuando invade ámbitos personales. Por ejemplo, la obligatoriedad de aprender el idioma regional para ejercer una actividad que no lo precisa. Esta imposición incomoda especialmente cuando se da la circunstancia de una estancia provisional en la región, así como que a los niños del desplazado se les fuerce a aprender esa lengua como primer idioma, en lugar uno más universal como el español. Me consta que esta exigencia ha hecho que algunos profesionales no acudan a esos territorios.
Es conveniente que nuestros políticos acometan cuanto antes una armonización autonómica que reparta de un modo lógico las áreas legislables entre el Estado y las CCAA. El Estado debiera tener en todos los territorios las competencias imprescindibles para que nuestra nación actúe en bloque en todo el mundo, sin fisuras que disminuyan nuestra ya insuficiente masa crítica.
Cambiar el statu quo no es una misión imposible, sino necesaria. Aunque parezca que armonizar las competencias de las CCAA podría abrir un conflicto a corto plazo, puede compensar, pues en el largo plazo todos saldríamos ganando. Hay que intentar que la asimetría que contempla la Constitución sea compatible con una política común interior y exterior coherente.
Probablemente el único modo de reorganizar nuestro sistema autonómico y que España se dote de una mayor eficiencia es un pacto de Estado entre los dos grandes partidos. El paso previo consistiría en que ambas formaciones, dejando a un lado el electoralismo, hicieran un ejercicio de responsabilidad y prestasen un gran servicio a España: proclamar, sin fisuras, que están de acuerdo en una reforma autonómica concreta. Habría que hacer una buena campaña de opinión para dar a conocer las ventajas de una mejor armonización. Las dos áreas en las que más urge la armonización de políticas son la economía (para competir en el exterior) y la educación.
El concepto de España difícilmente perdurará si no hay unos mínimos comunes importantes en la enseñanza primaria y secundaria de nuestra nación. Si nadie le pone el cascabel al gato, las fracturas en la vieja piel de toro harán que España sea ingobernable. Buena prueba del descontento social hacia el modelo autonómico es el abultado índice de abstención en el referéndum catalán sobre su Estatuto (51%).
Creo que se equivocan los que enfrentan sentirse español y tener identidad regional. Albergar ambos sentimientos evitaría resentimientos obsoletos y favorecería el ajuste que requiere nuestro modelo de Estado.
Julio Pomés. Director del think tank Institución Futuro.
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30 Diciembre 2006
Esa falla tectónica en la política de Oriente Medio que es el problema palestino produce sacudidas que desestabilizan, hasta invalidarlos, los esquemas establecidos.
Así, la idea o la imagen de que lo árabe y lo islámico son conceptos idénticos, o al menos indisociables, parece venirse abajo estrepitosamente, esparciendo confusión por doquier, cuando el espacio correspondiente a la ANP (Autoridad Nacional Palestina) se convierte en escenario preferente para una guerra civil entre el Movimiento de Resistencia Islámica, que aglutina a los chiíes seguidores de Hamas y pilotados por Irán, y los nacionalistas de Al Fatah, políticamente adscritos a la OLP, perteneciente al nacionalismo árabe de la segunda mitad del Siglo XX, que tuvo su más vigorosa expresión durante la presidencia de Gamal Abdel Nasser, en el Egipto poscolonial que nacionalizó el Canal de Suez y provocó la fractura diplomática occidental más importante habida nunca sobre el Próximo Oriente.
Choque político
El actual choque entre los islamistas y los nacionalistas árabes se ha disparado por la iniciativa del presidente de la ANP, Mahmud Abbas, de desbloquear por medio de unas elecciones parlamentarias y presidenciales, para la primavera del 2007, la crisis en que se encuentra sumido el poder palestino. El Gobierno islamista es incapaz de gobernar para todos y de abrirse a la fórmula de un de Gabinete de concentración.
El actual formato de poder monocolor del islamista Ismail Haniye resulta insostenible, además, por el marbete terrorista que Hamas tiene en Israel y Occidente. Determina ello que ni lleguen los fondos con que internacionalmente se financia la administración palestina, y que tampoco pueda seguir adelante la negociación del presidente Abbas con Israel; un genuino proceso de paz que debe concluir en la transformación institucional de la ANP como Estado palestino.
La irreductible contraposición entre Mahmud Abas, presidente de la ANP, e Ismail Haniye, apoyado por Irán –donde ha prometido no reconocer nunca a Israel–, líder de la mayoría parlamentaria de Hamas y primer ministro, tras la victoria electoral de hace nueve meses, sentó las condiciones para el estallido de una guerra civil entre los seguidores de uno y otro. La contienda está apenas contenida, pero el riesgo sigue en el permanente goteo de muertes.
Esa tectónica de placas que representa islamismo persa, deslizándose y penetrando en el espacio del nacionalismo árabe, genera lo que ya es tensión crítica. Y no sólo lo hace en Palestina. También en Irak, donde el proceso guerra-civilista está mucho más avanzado. La lucha de suníes contra chiíes, por motivos religiosos, se potencia con la guerra política y terrorista del sunismo iraquí- desplazado del poder con la caída del régimen de Sadam –contra el chiísmo, siempre orientado desde la República Islámica de Irán.
Por si algo faltara a la caótica complejidad de la situación, el terrorismo de Al Qaeda se suma a la dialéctica infernal del conflicto, con la acción de sus suicidas y su estrategia de desestabilización plenaria de Mesopotamia.
Ocurre, sin embargo, que los dos islamismos integristas, el suní y el chií, comparten un mismo discurso contra el nacionalismo árabe, porque el nacionalismo (de origen occidental por hijo de la Ilustración) comporta para ellos un contexto de secularización y de laicismo. Ello supone algo absolutamente incompatible con el postulado coránico de una única norma o Constitución, igual para lo religioso que para lo político.
El primer gran discurso antinacionalista del integrismo musulmán fue el de los Hermanos Musulmanes, combatidos por el egipcio Nasser. A la misma estirpe de esa hermandad islámica pertenece el wahabismo saudí, del que derivó Al Qaeda como fermentación antioccidental y contra los Saud. Y fue después la revolución jomeinista, desde el chiísmo iraní, la segunda gran brotación islámica contra Occidente y el nacionalismo árabe.
Mentalidad emperial
Irán opera desde una mentalidad de imperio musulmán, como fue la propia del Imperio Otomano, su gran rival islámico, desde el siglo XVII hasta su desaparición en el Siglo XX, tras de la Primera Guerra Mundial. Pero tanto un islamismo radical como el otro, el suní de Al Qaeda como el chií exportado por los persas, con sus terminales de Hamas en Palestina y de Hezbolá en Líbano, esgrimen el mismo discurso contra el nacionalismo árabe. El nacionalismo árabe es su enemigo teológico.
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30 Diciembre 2006
Los bancos centrales han tenido un notable éxito en anclar las expectativas de inflación en niveles bajos, un elemento que sin duda ha contribuido a reducir la inflación mundial y situarla en rangos relativamente bajos.
En gran medida, por tanto, han ayudado a conseguir el objetivo de que la inflación no sea actualmente una de las variables claves en las decisiones de los agentes económicos, una idea que el anterior presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, consideraba que se acercaba al concepto de estabilidad de precios.
Ahora bien, a la vez que se está consiguiendo mantener bajos y estables los crecimientos de los precios de los bienes y de los factores, está aumentando la preocupación por la estabilidad de los precios de los activos. Es un hecho que, en el entono de baja inflación de los últimos años, se han observado varios procesos de crisis financiera.
Así, prácticamente alcanzada la estabilidad de precios ha aumentado la atención por la estabilidad financiera, y un buen número de economistas han vuelto a plantear la posibilidad de que los bancos centrales tengan en cuenta explícitamente este concepto a la hora de tomar sus decisiones de política monetaria.
El debate sobre el papel que la estabilidad financiera debería tener en la política monetaria es bastante abierto y seguramente va a continuar durante bastante tiempo. Para los defensores de que los aumentos de precios de activos sean incorporados en la estrategia de política monetaria el principal argumento son sus potenciales costes. Así, cuando se producen correcciones bruscas de estos precios las consecuencias sobre la economía en términos de menor crecimiento y menor inflación son bastante significativas.
Para los que tienen más incertidumbres sobre el hecho de que esta variable tenga un papel explícito en la política monetaria, hay también algunos argumentos. Así, es difícil estimar cuando los precios de los activos están separados de sus fundamentos en una magnitud que pueda inducir a una corrección. Tampoco es fácil anticipar si ese posible ajuste se va a producir de manera ordenada o no.
Por tanto, sólo sería necesario tener en cuenta los precios de los activos en la medida en que se pueda tener cierta capacidad para anticipar que su evolución futura puede tener un impacto significativo y negativo sobre la economía. Y esto no resulta fácil.
En el último año, por ejemplo se está asistiendo en Estados Unidos a un proceso de ajuste de los precios de la vivienda, que podría en parte ser la consecuencia de los aumentos de tipos llevados a cabo por la Reserva Federal.
Hasta el momento, este proceso parece relativamente ordenado y su impacto sobre el resto de la economía, limitado. En medio de este proceso, los mercados financieros han empezado a descontar reducciones de tipos de interés oficiales en 2007, desde el 5,25% actual, reducciones que a principios de diciembre llegaron a ser de hasta 75 puntos básicos.
Ahora bien, frente a estas expectativas, debería recordarse que las condiciones financieras en EEUU siguen siendo relativamente expansivas y que, en consecuencia, probablemente, el comienzo del ciclo bajista de tipos no está tan próximo como se anticipa. Estas condiciones financieras relajadas son la combinación de varios factores.
En primer lugar, unos tipos oficiales que podrían haber alcanzado máximos pero lo han hecho en niveles más bajos que en otros ciclos alcistas. En segundo lugar, unos tipos de largo plazo que se encuentran anclados en niveles históricamente bajos. En tercer lugar, unos precios bursátiles en máximos, recuperados ya por completo de la caída de 2001.
Por último, también debe destacarse la contribución de la divisa, ya que el dólar se ha estado depreciando de forma paulatina desde 2002. Todo ello configura una situación en la que el conjunto de condiciones financieras es hoy tan relajado como lo era en 2004, cuando los tipos oficiales estaban en el 1%.
Por tanto, en un contexto de actividad cerca de su tendencia y de inflación en la parte alta del rango señalado por la Reserva Federal, parece prudente retrasar el comienzo del ciclo bajista de tipos de interés. Sin duda, en 2007, las expectativas de política monetaria no serán indiferentes al debate sobre si la Estabilidad Financiera debe o no ser incorporada en la función de reacción de la autoridad monetaria.
Mayte Ledo. Economista jefe de Europa y Escenarios Financieros del Servicio de Estudios de BBVA.
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