Espere lo inesperado, de Santiago Satrústegui en Expansión

Ni siquiera el desplome de las temperaturas ha conseguido evitar la aceleración típica de estos últimos días del año. La mezcla de celebraciones, sensación de paso de página y de declaraciones de buenos propósitos para el próximo año, sumerge a empresas y personas en una vorágine agotadora.

Muy pocas de las decisiones transcendentes que se toman en estos días son capaces de sobrevivir más allá del día de Reyes pero, aunque efímero, cualquier ejercicio que suponga pararse a pensar en el futuro y signifique propósitos de mejora siempre es interesante.

En lo profesional, diciembre suele ser un mes de evaluación de resultados, de cierre de ejercicio y de aprobación de planes de negocio. Cuestiones como ¿de dónde vengo? y ¿a dónde voy? o en situaciones más críticas ¿dónde estoy? o ¿qué hago aquí?, son tan habituales de estas fechas como el turrón o el pavo. El extracto de enero de la tarjeta de crédito,suele volver a poner poco después las cosa otra vez en su sitio, y muchos proyectos apetecibles vuelven a aparcarse hasta el año siguiente.

En lo financiero, los intentos de urgencia de reducir la factura con Hacienda suelen ser un recordatorio de que de una vez deberíamos empezar a dedicarles tiempo a nuestras inversiones. La falta de objetivos definidos de rentabilidad redundará necesariamente en falta de satisfacción con la que se haya logrado.

Por definición siempre habrá habido alternativas mejores a la que nosotros hayamos elegido. Pero este año, con un Ibex 35 cerrando un año record, será necesario pensarlo varias veces para entender que la rentabilidad de nuestra cartera no se corresponda con el más del 30% que de una forma obvia hubiera podido ganar cualquiera.

Enero, y este año probablemente de forma más intensa, suele ser el momento en que los inversores se replantean la distribución de sus carteras, pero cualquier ejercicio que signifique correr detrás de las rentabilidades se convertirá en inútil si no hacemos antes el esfuerzo de definir los objetivos que queremos conseguir.

Como el conejo le explicó a Alicia en el cuento “si no te importa a dónde quieres ir, tampoco tendrá sentido que te preocupes por el camino que tomes”. Podremos ser tan ambiciosos como queramos, pero la probabilidad de alcanzar nuestras metas aumentará significativamente cuando decidamos dónde queremos apuntar.

Planificación financiera

La planificación financiera no es un producto de temporada pero, si en estos momentos la sensibilidad del lector que haya llegado hasta aquí puede ser algo mayor, creo que es casi una obligación recomendarle que reserve un hueco de su agenda del 2007 para hacer el ejercicio más rentable del resto de su vida.

Respecto a los mercados financieros en el año que viene, soy optimista con el comportamiento de las bolsas internacionales en general y particularmente de la americana. Espero también un buen comportamiento del dólar y creo que la renta fija volverá a producir rentabilidades bastante raquíticas.

Mi visión de la bolsa española sigue siendo muy negativa, y pienso que podemos asistir pronto a una fuerte corrección de los excesos del segundo semestre del 2006.

Uno de los pensamientos más crípticos de Heráclito decía que “el camino de subida y de bajada son uno y el mismo”, lo que aplicado al Ibex 35 significa, que para que lo subido de forma sorprendente bajara de la misma manera, solamente haría falta que pasara lo mismo pero al revés.

Iremos viendo qué ocurre a lo largo del año pero ya que al final ha salido a colación mi filósofo griego preferido, no me resisto a dejar de reproducir su consejo más celebre: “espere lo inesperado”, antes de terminar deseándoles a los lectores de estas humildes reflexiones quincenales una Feliz Navidad.

Santiago Satrústegui. Consejero delegado de Abante.

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Tomar las uvas con los deberes hechos, de Amaya Guillermo en Expansión

No deje para mañana lo que pueda hacer hoy. En el mundo empresarial, este refrán se convierte en una máxima operativa para algunas empresas durante la última semana del año. La idea es: No deje para 2007 lo que puede cerrar en 2006 con mejores condiciones fiscales.

Habitualmente, las empresas aprovechan estas fechas para limar pequeños aspectos financieros, empresariales o bursátiles con el objetivo de cerrar el ejercicio con la mejor cara posible y de tomarse la uvas con los deberes hechos. Es lo que el responsable de Análisis y Corporate de la sociedad de valores GVC, Jesús Muela, llama “operaciones para salir mejor en la foto”. Aunque el margen de maniobra es mínimo, “porque lo que no se ha hecho durante el año no se puede hacer en las últimas semanas”, señala.

No obstante, siempre hay operaciones de última hora que se pueden analizar desde este prisma, como la decisión de Sacyr de adelantar la compra de un 6,9% de Repsol YPF que ya tenía asegurado y cuya adquisición tenía previsto hacer efectiva en enero. En este caso, la compra obedece al interés del grupo constructor por consolidar la totalidad de su participación en la petrolera (que asciende al 20,01%) en las cuentas de 2006, y por anotarse el dividendo bruto de 0,36 euros por acción que Repsol repartirá el próximo 11 de enero. Sacyr se embolsará 87 millones de euros.

Ferrovial también cerró ayer la venta de su filial Inmobiliaria a Habitat, con lo que consigue iniciar el ejercicio 2007 sin estos activos.
Pero este año, las operaciones empresariales de última hora cobran especial relevancia por la reforma fiscal del IRPF y el Impuesto sobre Sociedades, que entra en vigor el 1 de enero de 2007. La nueva ley “puede provocar un anticipo o un retraso de algunas operaciones, depende de la naturaleza de la empresa y de la propia transacción”, explica el socio director del departamento tributario de CMS Albiñana & Suárez de Lezo, Santiago Díez.

La reforma fiscal incluye la reducción de los tipos impositivos para las sociedades del 35% actual a un 32,5%, una buena noticia para las empresas. Sin embargo, esto va acompañado de un recorte en la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios, lo que supone aumentar el tipo efectivo de gravamen para estas reinversiones del 15% actual a un 18% a partir del próximo año.

Las empresas que aprovechen estos últimos días para reinvertir las plusvalías de la venta de participaciones empresariales, antes de la entrada en vigor de la nueva ley, consiguen una ventaja fiscal de tres puntos porcentuales. Para Tomás Murillo, asociado senior de Ernst & Young Abogados, “esto no es un factor determinante para las operaciones que realizan las empresas, pero es un aspecto que algunas compañías pueden tener en cuenta”.

Este cambio puede ser uno de los motivos que ha llevado a La Caixa a vender, en los últimos días, el 12,5% que tenía en Banco Sabadell, con unas plusvalías netas de 651 millones. La deducción por reinversión se puede aplicar en los tres años siguientes a la operación y en el ejercicio anterior, por lo que se podría pensar que operaciones de última hora, como la de La Caixa, podrían ir para inversiones realizadas ya durante el año.

Además, hay que tener en cuenta que, a partir de 2007, se endurecen las condiciones para la reinversión de las plusvalías con la compra de más de un 5% de una compañía. Con el objetivo de evitar que las empresas busquen con estas compras operaciones puramente de inversión y no empresariales, la nueva ley anula la deducción por reinversiones en empresas con menos de un 50% de su activo en inmovilizado. Este cambio en la ley, indirectamente, prima la entrada en grupos industriales con mucho inmovilizado material, frente a compañías de servicios que pueden ser más intensas en circulante.

Desde un punto de vista fiscal, existe otra modificación en el Impuesto sobre el Patrimonio que ha podido incentivar operaciones recientes por parte de grupos familiares, como la adquisición por parte de Amancio Ortega de un 5% de Banco Pastor, o por la familia Del Pino con otro 5% de Banco Pastor o Gamesa, o la compra del 5,7% que el Grupo Rayet acaba de hacer en Antena 3.

Hasta ahora, las participaciones que una sociedad hólding de un grupo familiar tenía, siempre que representaran menos de un 50% de la actividad empresarial de la sociedad, quedaban total o parcialmente exentas de tributar. Con el nuevo Impuesto sobre el Patrimonio, las participaciones de los socios de una compañía tributarán en proporción al peso que éstas tengan dentro del grupo.

Esta modificación y otras ventajas ya existentes, como la deducción por doble imposición sobre dividendos, por la que los beneficios recibidos por accionistas que tengan más de un 5% de una sociedad no tributan, son algunas de las razones que han podido influir en las recientes adquisiciones de este porcentaje de Ortega o la familia Del Pino.

Al margen de las modificaciones fiscales, el dividendo y las nuevas normas internacionales de contabilidad, que entrarán en vigor en 2008, son otras buenas razones de última hora. La retribución al accionista es lo que, por ejemplo, llevó el año pasado a Endesa a vender su último 5% de Auna para ampliar su dividendo extraordinario del año, por su parte, normas contables, que incluyen la actualización del valor de los activos, pueden traer nuevos movimientos el próximo año.

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Las cartas empresariales del CO2, de M. Fernández y A. M. Vélez en Expansión

El Gobierno tiene 152,69 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) para repartir entre mil instalaciones industriales españolas. Las empresas son conscientes de que la nueva asignación de contaminación, que recogerá el segundo plan de Kioto, previsto de 2008 a 2012, será mucho menos generosa que en el primer periodo de la bolsa de CO2 –de 2005 a 2007–.

De la cantidad que cada industria reciba depende el diseño de las estrategias empresariales futuras de eléctricas, cementeras, siderúrgicas, petroleras, papeleras, cerámicas y azulejeras.

Ésta es una consecuencia más del Protocolo de Kioto, el acuerdo internacional de lucha contra el cambio climático. Para que las compañías contribuyan a su cumplimiento, la Unión Europea lanzó en 2005 una bolsa de emisiones contaminantes. Las industrias reciben de sus gobiernos una cuota de créditos de CO2 y si sus emisiones superan este tope, tienen que acudir al parqué del humo para comprar derechos a compañías a las que les sobran.

Fecha límite

Las empresas tienen hasta mañana para presentar las cartas a los Reyes Magos, con sus peticiones de CO2, ante el Ejecutivo. Lo harán en función de las necesidades previstas que tienen de contaminar en los próximos años.

El punto de partida para las empresas es el segundo Plan Nacional de Asignación, aprobado el pasado noviembre. En este documento, que sólo recoge un reparto de gases por sectores y no por compañías, se prevé que las instalaciones emitan 152,69 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) anuales en cinco años, un 16% menos que en el plan de 2005 a 2007. Con el precio al que cotizaba ayer la tonelada de CO2 en la bolsa europea –6,70 euros–, el reparto anual tendría un valor de mercado de 1.023 millones de euros.

España necesita urgentemente mejorar su posicionamiento frente al Protocolo de Kioto, ya que se aleja en más de 35 puntos de su objetivo del Protocolo, que le exige limitar a un 15% el incremento de las emisiones contaminantes en 2012, frente a los niveles de 1990.

Por eso, el gabinete de Cristina Narbona busca a la desesperada medidas para disminuir drásticamente las emisiones contaminantes. El Código Técnico de la Edificación, los planes para el transporte, el fomento de proyectos limpios en Latinoamérica y en Asia y la reducción del reparto de CO2 entre las empresas conforman el cóctel con el que el Gobierno pretende acercar España a Kioto, cuando faltan sólo seis años para que llegue la fecha de cumplimiento del acuerdo internacional.

Pero, para las industrias, el recorte en el reparto de CO2 supondrá un coste de entre 2.200 y 3.000 millones de euros en cinco años. Por eso, sus peticiones individuales de derechos de emisión resultan tan relevantes. Sobre todo, si se tiene en cuenta que, una vez diseñado el reparto por sectores en 2006, ahora arranca la rivalidad entre empresas de un mismo negocio para tratar de salir bien paradas de la asignación individualizada.

Por su parte, el sector eléctrico tiene capacidad para emitir 54,053 millones de toneladas de CO2 al año, una cifra equivalente a un 67% de los permisos de emisión solicitados y que, por lo tanto, no cubre las actuales necesidades de emisión de las centrales térmicas españolas.

Ninguna de las tres grandes eléctricas españolas (Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa) ha precisado qué número de toneladas de CO2 ha solicitado al Gobierno. Fuentes de Fenosa se limitaron a señalar que la compañía pedirá “la cantidad necesaria para garantizar el suministro y hacer frente al incremento de la demanda”.

Iberdrola señaló en noviembre, tras su aprobación por el Consejo de Ministros, que el plan de 2008 a 2012 “va en la buena dirección, aunque es insuficiente”. La eléctrica se quejó entonces de que el programa hace recaer “gran parte del esfuerzo de reducción en el sector eléctrico y obliga a las compañías” a internalizar el coste del CO2.
El Gobierno ya ha admitido que el segundo plan de Kioto podría encarecer la tarifa de la luz hasta un 2%.

Tramitación

Con las peticiones de las empresas, el Ministerio de Medio Ambiente diseñará el reparto individualizado de CO2. Este plan, que detallará la asignación anual por instalaciones, tendrá que obtener el visto bueno del Consejo de Ministros, lo que ocurrirá previsiblemente en la primavera de 2007. Las empresas podrán completar, por fin, sus estrategias frente a Kioto.

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Tormenta en Cataluña por el retraso de la financiación, de Christian de Angelis y Pedro González en Expansión

El aplazamiento de la reforma de la financiación autonómica hasta la próxima legislatura, anunciado el miercoles por el secretario de Estado de Hacienda, ha levantado una tormenta política en Cataluña.

Una de las razones en las que se justificó la elaboración de un nuevo Estatut fue, precisamente, contar con un escenario financiero nuevo; pero ahora éste no llegará, al menos, hasta 2009 ó 2010. El Ministerio de Economía y Hacienda considera que la proximidad de las elecciones autonómicas, previstas para el 27 de mayo próximo, y del final de la legislatura, a más tardar en marzo de 2008, no deja tiempo para negociar la reforma y prepara una nueva Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca).

El conseller de Economía, Antoni Castells, mostró ayer el malestar dela Generalitat por el planteamiento del Gobierno de aplazar el nuevo modelo de financiación “de forma injustificada”. “No podemos ir esperando a que no haya elecciones; no entenderíamos que esto sirviese de pretexto”, sostuvo.

Según Castells, el Estatut es un texto “que obliga a todos” y, además, algunas de las medidas que prevé “tienen fecha” de aplicación, como la constitución del consorcio tributario, fijada para antes agosto de 2008, o de la comisión Estado-Generalitat de asuntos económicos y fiscales.

Castells criticó incluso el documento preparado por Hacienda, y que debería servir de base para una próxima negociación: “Solo hay especulaciones”, dijo el conseller.

Medios cercanos al Ejecutivo catalán apuntan que el retraso en la financiación autonómica se habría pactado con la Presidencia del Gobierno, a cambio de que no hubiera un acuerdo entre PSOE y CiU tras las elecciones autonómicas del 1 de noviembre. La reacción de la federación nacionalista fue más airada. Felip Puig y Francesc Homs pidieron a Castells que no se “doblegue” ante las intenciones del Ministerio de posponer la negociación. Los diputados de CiU en el Parlament acusaron al conseller de “debilidad y subordinación” y avisaron de que demorar la aplicación de la nueva financiación comportaría que Cataluña deje de ingresar entre 4.500 y 5.000 millones de euros al año.

ERC, que no apoyó el Estatut, aprovechó el retraso de la financiación para reiterar sus críticas al texto estatutario. “Esto demuestra que el Estatut no aportará más recursos a Cataluña, y la demora de un nuevo sistema deja claro que la intención del Gobierno es rebajarlo si dispone de una mayoría parlamentaria más amplia”, declaró el portavoz republicano en el Congreso, Joan Tardá.

El PP también se sumó a las críticas. El presidente de los populares en Cataluña, Josep Piqué, acusó al PSC y a CiU de “mentir” sobre los recursos económicos que traería el nuevo Estatut. “Se ha demostrado que era una gran mentira cuando se decía que necesitábamos un nuevo Estatu para lograr una nueva financiación”, reiteró Piqué..

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El Catastro se refuerza para prevenir el fraude en el sector inmobiliario, de P. González en Expansión

La Dirección General del Catastro ha puesto en marcha varios proyectos, que cristalizarán a lo largo de 2007, para reforzar sus herramientas para prevenir el fraude fiscal en el sector inmobiliario, en colaboración con la Agencia Tributaria.

Son dos los proyectos principales, según explicó ayer el director general de este organismo, Jesús Miranda: El Plan Nacional de Ortofotografía, para obtener un mapa completo del territorio español que permita detectar los nuevos planeamientos urbanísticos; y un Observatorio Catastral del Mercado Inmobiliario, que producirá unas estimaciones propias de valores de mercado, para que la Agencia Tributaria los utilice como referencia y los compare con los que se declaren en los diferentes impuestos.

El plan de ortofotografía, elaborado con el Instituto Geográfico Nacional y las comunidades autónomas, supone tomar imágenes de gran precisión de toda España, para identificar lo antes posible los cambios en el territorio, y detectar las nuevas parcelas y desarrollos inmobiliarios. En junio de 2007 estará disponible un primer mapa completo de España, que se irá actualizando por mitades en los siguientes años.

“Nos ayudará a localizar con precisión donde antes había olivos y ahora hay farolas”, explicó gráficamente el director general. Los mayores incrementos de patrimonio en el sector inmobiliario se producen en el proceso de planeamiento del suelo, y esto es lo que quiere tener controlado cuánto antes Hacienda.

Junto a ello, el Catastro, tomando la información que recibe de notarios y registradores o la que recoge de los anuncios de ofertas inmobiliarias, prepara sus propias estimaciones de precios del mercado. De momento, se está preparando modelo que elaborará los precios, en un proyecto en el que participa el Departamento de Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Madrid.

Valores de Madrid

Los primeros trabajos se han realizado con Madrid y han dado como resultado, por ejemplo, que el valor de todos los inmuebles de la capital asciende a 444.589 millones de euros. El objetivo es tener in modelo que pueda ofrecer una estimación de valores de mercado para unos 700 ú 800 pueblos y ciudades, esto es, “el 11% de os municipios, donde se concentra el 80% de los inmuebles, y que generan el 90% de las operaciones inmobiliarias” La elaboración no se hará completado hasta entrado 2008 –ya están Madrid y A Coruña, está en proceso Sevilla, y a lo largo de 2007 se realizará el resto–, y sus datos estarán disponibles para la Agencia Tributaria y para las autonomías, para que los comparen con los precios que se declaran, respecticvamente, en IRPF y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

Estas estimaciones de precios no tendrán otros efectos fiscales. El valor castastral, según subrayó Jesús Miranda, seguirá siendo el indicador de referencia en los impuestos en los que se utiliza, como el IBI o la plusvalía municipal.

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La avalancha normativa de Vivienda y el enfriamiento de los precios, de Lorenzo Ramírez en Expansión

Algo se mueve en el sector inmobiliario. Aunque no se trata de un título de una superproducción de Hollywood, ni de una nueva aventura de Pedro Almodóvar, el guión de esta película se desarrollará en 2007.

El año de las grandes reformas normativas en el mercado de la vivienda ha llegado, tras tres años en el que el Ministerio que dirige María Antonia Trujillo se ha dado de bruces con la realidad: las competencias urbanísticas y de ordenación del territorio hace ya tiempo que se descentralizaron y ahora el Gobierno tiene poca capacidad de maniobra para poder adoptar medidas que se apliquen en toda la geografía nacional.

Los esfuerzos se han centrado en una enésima reforma de la Ley del Suelo, una legislación que a pesar de los intentos de las distintas Administraciones por regular el mercado y evitar la especulación, reduciendo así el precio del metro cuadrado, siempre ha tenido problemas con los Gobiernos regionales, sobre todo desde la sentencia del Tribunal Constitucional de 1997 en el que se recordó al Estado su limitada capacidad normativa al respecto.

En esta ocasión la intención del Ejecutivo no es poner más suelo en el mercado –como hizo el Gobierno del ex presidente José María Aznar– sino modificar el criterio de valoración de los terrenos para evitar que se encarezcan de forma artificial bajo la connivencia de algunos alcaldes y concejales de urbanismo.

Cuando comenzó la tramitación de la nueva Ley, Trujillo se encontró con la oposición de los promotores y constructores, que veían como su cartera de suelo podría reducir su valor como consecuencia de la ley, dificultando así el pago de los créditos a través de los cuales las empresas financian la compra de los terrenos. Posteriormente, la oleada de escándalos urbanísticos ha servido a los socios del Gobierno (IU y ERC) para introducir enmiendas a la norma que ahondan en el intervencionismo estatal.

Además el PSOE quiere aumentar el poder del Estado y las comunidades autónomas para paralizar proyectos y modificaciones sospechosas de planes urbanísticos, lo que, según los juristas consultados, puede ser contrario a varios artículos de la Carta Magna.

Por otra parte, la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación (CTE) mejorará, en teoría, la calidad de los nuevos pisos (la vivienda es uno de los productos que registra mayores quejas de fabricación en las organizaciones de consumidores). Lo que no se conoce todavía es la repercusión que tendrá sobre los precios.

La política del Banco Central Europeo (BCE) será una buena piedra de toque para conocer la evolución del mercado. Las endeudadas familias españolas observarán con detenimiento las variaciones de los tipos de interés, mientras se siguen batiendo récords en los visados de obra nueva. Que el ciclo está cambiando es indudable, aunque no se podrá hablar de caídas de precios generalizadas en 2007.

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El ‘altruismo fiscal’ de las empresas, de Teresa Ferreirós en Expansión

El mecenazgo y el patrocinio empresarial en España ha experimentado un fuerte impulso en los últimos años, pero las empresas parecen no haber interiorizado el sentido altruista de estas actividades. Al menos así se desprende del estudio El patrocinio y mecenazgo empresarial en España.

Ejercicio 2005, realizado por la Asociación Española para el Desarrollo del Mecenazgo Empresarial (Aedme) con 57 de las 180 empresas españolas que llevan a cabo actividades de este tipo.

Entre los motivos que llevan a las empresas a desarrollar este tipo de acciones destacan, según el estudio, la responsabilidad social, con una puntuación de 4,3 sobre 5; la reputación corporativa (3,95 puntos); el posicionamiento respecto a los stakeholders –o grupos de interés– (3,85 puntos), y la mejora de la imagen corporativa (3,84 puntos). En el último lugar se encuentran las acciones de hospitalidad corporativa y el voluntariado del personal, que en ninguna empresa supera los 3 puntos.

Este último es uno de los aspectos más debatidos en la Aedme, presidida por Carlos Güell de Sentmenar. Si bien el mecenazgo contempla el desarrollo de actividades en beneficio de la sociedad, no es una actividad de carácter exclusivamente altruista, tal y como se deduce de los datos que ofrece el informe, sino que está condicionada por la necesidad que tienen los gestores de las empresas de rendir cuentas a los stakeholders, accionistas y personal de la empresa.

El estudio muestra cómo el 39% de las empresas tiene una valoración “media” de los incentivos fiscales aplicables a acciones de mecenazgo; es decir, en general se tienen poco en cuenta estos incentivos. La Aedme asegura en su informe que sería necesaria una modificación de los coeficientes de desgravación fiscal relacionados con el patrocinio y el mecenazgo, así como una generalización de los beneficios concedidos a eventos determinados. Ambas medidas llevarían a un incremento de las acciones.

En lo que se refiere a datos cuantitativos, lo más destacable son los 500 millones de euros destinados a estas acciones por las empresas del Ibex 35. Por otro lado, los sectores que más contribuyen al mecenazgo y patrocinio son los de alimentación, bebidas y tabaco; energía y agua, y servicios, que aglutinan al 56% de las compañías que dedican parte de su facturación a estas acciones.

Presupuestos y recursos

El 90% de las empresas establece unos presupuestos específicos para patrocinio y mecenazgo y el 72,2% incluye estas acciones dentro de la planificación estratégica de la compañía. Esta planificación permite establecer unos objetivos específicos así como una evolución y un control posterior, lo que revierte positivamente sobre las acciones realizadas.

Cabe destacar, además, que el 87% de las empresas que integran el Ibex 35 informan de la realización de actividades de patrocinio y mecenazgo. El 70% de éstas (el 61% del total) hacen público el importe económico destinado, que se sitúa, en el 52% de los casos, entre el 0,5% y el 1,5% del beneficio después de impuestos.

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Jáuregui llama a Batasuna a legalizarse para trabajar en un nuevo Estatuto, de A. Ormaetxea y M. Á. Fuentes en Expansión

El portavoz socialista en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, Ramón Jáuregui, hizo ayer un claro llamamiento a la izquierda abertzale para que abandone la “tutela de ETA” y vuelva a la arena política.

En su opinión, “nada les impide” hacerlo, ya que lo que se les exige es “los mismo que aceptamos los demás”, es decir, acatar la Ley de Partidos.

En declaraciones a Radio Euskadi, el histórico miembro del PSE-EE recordó a los dirigentes de Batasuna que si vuelven a la política podrán participar en la elaboración del Estatuto vasco, cuya reforma debería servir, en su opinión, para poner punto y final al llamado proceso de paz. Jáuregui cree que la participación de la izquierda abertzale en ese debate podría ser, además, “la percha” de la que el mundo de Batasuna podría agarrarse para “incorporarse definitivamente a la democracia”.

La reforma del Estatuto vasco permanece estancada desde que el Congreso de los Diputados rechazara la admisión a trámite del Plan Ibarretxe en febrero de 2005. Ni los nacionalistas del PNV ni los socialistas vascos están dispuestos a acometer el diálogo sobre el futuro político del País Vasco hasta que el proceso avance y el terrorismo desaparezca de forma definitiva.

Además, ambas formaciones consideran indispensable que la izquierda abertzale participe en ese diálogo. “El mundo de Batasuna debe incorporarse a la política y en ese marco cabe un diálogo político que puede formalizarse en un nuevo Estatuto, ése es el camino”, aseguró Jáuregui.

El diputado vasco no cerró la puerta a que el nuevo Estatuto incluya algún tipo de referencia al derecho de autodeterminación, aunque confesó que no se trata de una “cuestión fácil” ya que “las pretensiones de unos y otros” deberán ajustarse a “nuestro ordenamiento, las reglas, la Constitución”.

Proceso “sólido”

Sobre la marcha del proceso de diálogo con ETA, el socialista vasco aseguró confiar en su solidez, aunque confesó comprender a quienes “sospechan que se puede estar preparando una ruptura”, ya que “noticias como la aparición de un zulo de ETA” alimentan el pesimismo.

En esas noticias se basó Jáuregui para justificar que el Ejecutivo no haya llevado a cabo ningún “gesto” en favor del entorno de ETA: “El Gobierno tiene todo el derecho a inscribir esos gestos en su constatación de que ETA está decididamente abandonando la violencia”, lo que, a su juicio, no está ocurriendo ya que, después del verano, “se han puesto de manifiesto “signos inequívocos de lo contrario”.

Jáuregui cree que se va a vivir “una especie de pulso” entre el Gobierno y ETA en el que la banda terrorista intentará hacer notar su presencia. Insistió en que ETA se encuentra “como en el puente de mando de esta historia y no deja a la izquierda abertzale, a la expresión política que había reclamado un protagonismo, hacer tránsito a la política”.

Las declaraciones de Jáuregui no gustaron en la sede popular. El secretario ejecutivo de Política Económica y Empleo del PP, Miguel Arias Cañete, rechazó que reformar el Estatuto vasco sea la fórmula idónea para acabar con el terrorismo e incorporar a la izquierda abertzale a la democracia de manera definitiva, ya que “la Ley de Partidos es la que hay que aplicar en un Estado de Derecho”.

Desde EA tampoco faltaron reproches para el diputado socialista. El secretario general de esta formación, Unai Ziarreta, acusó a Jáuregui de “faltar a la verdad y engañar” a los ciudadanos al hablar de la necesidad una reforma estatuaria cuando la aprobada por el Parlamento vasco en 2004 ni siquiera tuvo “posibilidades de negociación” en el Congreso.

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