Los culpables tienen nombre, de Carlos G. Reigosa en La Voz de Galicia

LA kale borroka no es culpa del Gobierno español, por más que los líderes de Batasuna se muestren desencantados y culpen a Zapatero de la vía muerta en la que, según ellos, ha entrado el mal llamado proceso de paz. Es la suya una dialéctica para necios que oculta, tras su aparente frustración, una acusación de gran calado. Nada menos que la acusación de que, si ETA vuelve a matar, la culpa no será suya en ningún caso. Porque ellos, según su argumentación, ya habrían cumplido su parte.

El esquema es tan cínico como repugnante. Porque, si la culpa no es de ellos, que son los reanimadores y reguladores de la kale borroka, ¿de quién es? ¿Del Gobierno? ¿Del PP? Es preciso abandonar el coqueteo con los equívocos y hablar con claridad. Si ETA vuelve a matar, la culpa no será del Gobierno. Tampoco del PP. Si ETA vuelve a matar la culpa será de los que matan, de los asesinos y terroristas, y también de quienes los apoyan o instigan. No hay otros culpables. No puede haberlos. Cualquier otra argumentación carecería de sentido y de lógica.

Es entendible que los líderes de la ilegalizada Batasuna no estén satisfechos con sus logros. Probablemente esperaban una imposición rápida de sus criterios frente a un Gobierno deseoso de apuntarse el éxito del final de ETA. La realidad puede estarles produciendo a los batasunos una decepción (real o fingida), pero no crea las condiciones para legitimar una ruptura de la que puedan culpar a los demás. Y ahí está la clave. Porque el presidente Zapatero, que no está dispuesto a saltarse el Estado de derecho ni a prestar su aval a concesiones desproporcionadas, tampoco quiere la ruptura. Ni siquiera está claro que la quiera el PP, a pesar de que ETA se empeñe en darle sólidos argumentos para que sustente su postura pública contraria a la negociación.

La distancia entre Zapatero y Rajoy no es tanta como la que desea esa parte de Batasuna -la menos visible pero la más profunda- que también quiere la ruptura, como la quiso -e impuso- en Argel. Si vuelve a haber tiros en la nuca, los culpables no serán el PSOE ni el PP. Los líderes de Batasuna no podrán argumentar contra esta evidencia.

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Santa Elena de la hamburguesa, de Fernando Ónega en La Voz de Galicia

LA MINISTRA Elena Salgado solivianta a la opinión publicada. No hay tertulia -el único parlamento español abierto todo el año- que no la discuta o la eleve a los altares políticos. Es que ha convertido la salud de los españoles en una cruzada. Y no se anda con paños menores: si llega a la conclusión de que el tabaco mata, hace la ley más polémica. Si cree que las modelos flacas son un mal ejemplo para las jovencitas con tentación anoréxica, apoya que se aparten de las pasarelas. Y si entiende que nuestros niños están demasiado gordos, la emprende contra las hamburguesas gigantes. Hay quien la llama «ministra policía».

¿Se equivocó con la ley del tabaco? Creo que no. En este diario pueden leer la encuesta del CIS: tiene un apoyo social de casi el 70% de los consultados. Y, en cuanto a resultados, ha conseguido que el 2% de los fumadores hayan dejado el vicio. Si a esos datos se añade el descenso de la contaminación en los centros de trabajo y la certeza de que habrá menos enfermos entre fumadores pasivos, ha valido la pena el riesgo de lanzarse a una norma que parecía que iba a provocar una inmensa protesta social.

¿Se equivoca ahora en su campaña contra las hamburguesas XXL ? Si se oye la demagogia liberal -«gobierno intervencionista», «quieren españoles saludables por decreto», etcétera-, estaríamos ante un error de cálculo. Pero la realidad fría es otra: la obesidad infantil es una plaga. Entre la alimentación, la vida sedentaria ante el televisor, el ordenador y los juegos electrónicos estamos creando una infancia obesa. Los padres hemos asistido plácidamente a ese fenómeno, guiados por esa cultura que identifica gordura del niño con belleza y salud. Y ahora se descubre que estamos ante un serio perjuicio para la salud. La autoridad sanitaria tiene que actuar con su orientación. Y cuando esa orientación falla, tiene que intervenir ante factores de riesgo, como la dichosa hamburguesa. Es su obligación. La tolerancia sería una dejación de responsabilidades.

Resulta increíble que una buena parte de los comentarios se pongan del lado de las cadenas de comida rápida, como si la libertad de esas empresas no estuviera limitada por los perjuicios que causan a la salud pública. Pues este cronista lo siente, pero iría todavía más lejos que la ministra Salgado. Si se demostrase que un producto perjudica a un sector tan sensible como la infancia, dictaría normas de obligado cumplimiento sobre las grasas de la hamburguesa, la bollería y todos esos artículos que engordan a los críos. Con sus buenas acciones de recomendación y pacto, Elena Salgado no es una fundamentalista, de lo que la acusan a veces. Es una tímida. Casi una santa.

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«Fiat cívitas», de Xosé Luís Barreiro Rivas en La Voz de Galicia

SI DEFINIMOS la eficiencia como la capacidad de dar más y mejores servicios con recursos más ajustados, me temo que la reforma ideológica del monte Gaiás va por peor camino que la megalómana improvisación de Fraga. Los gastos de mantenimiento van a ser parecidos a los todavía «imprevistos», y la capacidad para sostener una actividad internacional de calidad, en creaciones y exposiciones, está tan en el aire como antes. Pero, mientras el proyecto de Fraga apuntaba a la ópera como elemento distintivo, no disponible en Galicia, el proyecto del bipartito se recluye en los consabidos talleres y exposiciones que van a emular -¡mano a la cartera!- la desnortada lucha por la supervivencia de los museos de arte contemporáneo.

El impacto del Gaiás en la política cultural de Galicia no se ha evaluado, a pesar de que, en términos comparativos, debe ser cincuenta veces superior al que el Centro Pompidou supuso para París, y más de siete veces superior a lo que el Guggenheim implica para Euskadi. El cálculo de los ochocientos mil visitantes recuerda el optimismo innato de Pérez Varela, que ya veía a toda la población del Noroeste (Asturias, Galicia, Norte de Portugal y parte de Castilla-León) haciendo cola ante la ventanilla para ver el mejor Parsifal de todos los tiempos. La idea de que el monstruo del Gaiás reciba menos de un 30% de visitantes que la catedral del Salvador -pendiente siempre de una restauración general y urgente de su maltrecho interior- supone un golpe de gracia al proyecto. Y el hecho de que la financiación se conciba en círculo, sobre la Xunta y las cajas de ahorro, nos viene a decir que todas las dudas ya expresadas sobre la Cidade de Cultura, resueltas ahora con gesto continuista, se agrandan enormemente a la entrada del 2007.

A la hora de justificar el proyecto, ni siquiera se admite la necesaria racionalización del minifundismo cultural existente, de tal manera que, en una ciudad que nunca llega a los 100.000 habitantes, seguiremos compitiendo sin tino con la subutilizada oferta de museos, bibliotecas, auditorios, salas de exposiciones, centros culturales e infraestructuras universitarias que se espallan por la geografía urbana con grave ineficiencia.

Quizá tenga que decir, una vez más, que no me encuentro entre los que rechazan de plano la idea de un complejo cultural de excelencia concebido como un núcleo vertebrador de Galicia. Pero cada vez estoy más convencido de que ese proyecto, que implicaría grandes cambios en la concepción del país, no está hecho ni se va a hacer. Y por eso veo el fiat cívitas de Touriño como una huida hacia delante, en busca de un trofeo que vamos a pagar, muy caro, todos los contribuyentes.

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La obsesión por el consenso, de Anxo Guerreiro en La Voz de Galicia

EN SU tradicional discurso de Navidad, el jefe del Estado suele limitarse, cumpliendo con el papel institucional que le corresponde, a enumerar lo que a su juicio son los principales problemas del país y a formular algún que otro desiderátum. No se le puede ni se le debe pedir que establezca los vínculos entre los problemas y sus causas, y mucho menos que explicite las alternativas para solucionar aquéllos. Ésa es una responsabilidad que la Constitución reserva al Gobierno y a los partidos políticos.

Sin embargo, en esta ocasión el Rey no sólo enunció los problemas más relevantes de España, sino que invocó una y otra vez el consenso como la estrategia idónea para abordar todas y cada una de las cuestiones que afligen al país. Y eso no me parece ni realista ni didáctico.

Es cierto que un proyecto político sólo merece la pena si se asienta en sólidos principios morales. Pero a menudo esa condición, siendo imprescindible, no resulta suficiente. Un verdadero proyecto político necesita contar además con un riguroso análisis de la realidad y con una estrategia que, siendo coherente con aquellos principios, permita conseguir los objetivos que se proclaman. Dicho en otras palabras, el compromiso con unos valores no garantiza por sí solo que la estrategia elegida sea la acertada. Ésta es, por definición, discutible, está permanentemente sujeta a revisión y, por tanto, jamás puede ser elevada a categoría moral.

Un problema no tiene una única solución. Por eso en las democracias modernas las fueras políticas presentan sus alternativas diferenciadas, que se corresponden con sus diferentes concepciones de la economía, de la sociedad y del Estado. Por eso las Constituciones democráticas no sólo garantizan la alternancia en el poder, sino también la posibilidad de poner en práctica alternativas sociales diferentes.

En democracia, el consenso no pude sustituir permanentemente a la necesaria confrontación democrática entre las diferentes corrientes políticas. Claro que una cosa es una confrontación civilizada de ideas, y otra muy diferente la crispación política, el recurso al insulto y a la insidia o la destrucción política del adversario. Pero el consenso debe reservarse para afrontar algunas cuestiones muy precisas. En el caso de España, esencialmente dos: las reformas constitucionales y la lucha contra el terrorismo.

En el primer caso, porque parece aconsejable que las normas que regulan la convivencia tengan un amplio respaldo social. Sobre todo en un país como el nuestro en el que con la Constitución del 78 se rompió por primera vez una larga tradición que caracterizó nuestra turbulenta historia constitucional, según la cual una parte de la población imponía su voluntad a la otra parte.

En el segundo caso, en la lucha contra el terrorismo, porque la batalla se ganará antes si el protagonismo recae en el Estado y no sólo en el Gobierno, aunque a éste le corresponda, lógicamente, la dirección de las operaciones. En todo lo demás, dejémonos de monsergas y que la democracia funcione.

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El increíble caso del médico de Fidel, de Fernando Ónega en La Voz de Galicia

¡QUÉ país más entretenido tenemos! ¡Qué arte demuestran algunos para obtener rentabilidad política de los acontecimientos más nimios! Resulta que el entorno de Fidel Castro pidió auxilio a un médico español: el jefe de cirugía del hospital público de Madrid Gregorio Marañón. Reclamó sus servicios para que acudiese a Cuba a hacer un diagnóstico del anciano dictador. El médico acudió, vio a Fidel y descubrió que no padecía cáncer, sino una hemorragia derivada de la última intervención quirúrgica. Arreglado eso, el estado de salud del comandante es tan bueno que podría volver al poder.

Ahí debería terminar la noticia. Para unos, la buena noticia, porque Castro no está muerto, como decía el rumor. Para otros, la lamentable noticia, porque la parca se resiste a privarnos de otro dictador. Pero estamos en España, y la polémica se abrió ayer, cuando salió nada menos que el portavoz de Exteriores del PP, el muy valioso Gustavo de Arístegui, a elevar el asunto a rango de derechos humanos: hay que reconocérselos incluso a un ogro como Fidel, pero eso no impide que sea un dictador cruel. Y remató la faena Esperanza Aguirre, que lamentó que el régimen de Castro haya pedido esa ayuda.

Con lo cual, apunten ustedes el tsunami que la aventura del doctor ha provocado. Acentuó el carácter nacionalista de Madrid, que utiliza el episodio casi con la misma fe con que Arzalluz reivindicaba el RH de los vascos. Instiga los impulsos reivindicativos del contribuyente madrileño, que pregunta si sus impuestos se usan para socorrer a dirigentes extranjeros, y la presidenta Aguirre tuvo que explicar que el viaje no fue pagado por su Gobierno. Sirvió para una nueva condena del comunismo, que tiene que pedir ayuda al podrido capitalismo. Se usó para hacer propaganda contra el régimen de Castro, que presume de una magnífica Sanidad, pero es incapaz de diagnosticar la enfermedad de su fundador. Y revela el comportamiento de nuestros dirigentes más espabilados, como Esperanza Aguirre, que aprovechan el suceso para la caza de votos: «¿Qué ocurrirá -se preguntó- con los demás habitantes de la isla y especialmente con sus presos políticos?».

Hay que sospechar que, cuando Zapatero se ponga a tiro de periodista, será interrogado también por el episodio. Ya puede tener una respuesta preparada. Y si no, se lo preguntarán a Fernández de la Vega al término del próximo consejo de ministros. Somos especialistas en convertir pequeños acontecimientos en asuntos de Estado. El próximo debate ético, ya lo verán, consistirá en discutir si la medicina puede salvar la vida de dictadores. La comparación preferida ya es ésta: ¿qué habría ocurrido si le hubiéramos mandado un médico a Pinochet?

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La política del exceso, de Roberto L. Blanco Valdés en La Voz de Galicia

EL EMBOLADO del monte Gaiás amenaza con hacer perder el buen sentido incluso a líderes políticos a los que hemos tenido siempre por personas razonables. Entre ellas está, sin duda, el presidente de la Xunta, al que sus adversarios podrán acusar de muchas cosas, pero no, desde luego, de ser un insensato.

Desdiciendo esa imagen bien ganada de hombre cabal, Pérez Touriño proclamó ayer, a cuenta del nuevo proyecto para la llamada Cidade da Cultura, que aspira a que el recinto del Gaiás sea en el futuro uno de los diez mejores recintos culturales del planeta. Y puso como comparaciones, entre otras, al parisino centro Pompidou y a la Tate Gallery de Londres. ¡Con razón decía don Francisco de Quevedo que el exceso es el veneno de la razón!

Un veneno que no mata, por fortuna, pero que adormece los sentidos y hace ver lo que no hay -ni puede haber- y, lo que es peor, hace desear lo que por diversos motivos no sería deseable.

Tanto la Tate Gallery como el centro Pompidou, como otros grandes museos americanos o europeos, son en gran medida lo que son porque están en donde están. Seguro que hay gentes que viajan a Londres para visitar la Tate o a París para visitar el Pompidou, pero ese no es, por supuesto, el caso de la inmensa mayoría, que acude a uno u otro lugar por múltiples motivos y, ya de paso, aprovecha para hacer su gira cultural. Mucha gente va en Madrid a ver el Prado, pero poca va a Madrid a ver el Prado, pues Madrid es el Prado y otras mil cosas que la convierten -ahora sí- en una de las capitales culturales del planeta.

A poco que uno tenga los pies en este mundo, resulta poco creíble que Santiago de Compostela llegue a ser en el futuro lo que son ya desde hace mucho Madrid, Londres o París. Y esto más allá de que se ponga en el monte Gaiás lo que se ponga.

Pero aún en el caso de que tal quimera fuera realizable a base de enterrar en el Gaiás, año tras año, cientos de millones de euros, la pregunta a la que un responsable político debe responder es la de si tal cosa sería razonable a la vista de las inmensas necesidades de todo tipo que los gallegos -y los restantes españoles- tienen por cubrir. ¿Es esa apuesta por el Gaiás, que Pérez Touriño ha anunciado como un futuro desafío, la que interesa a Galicia y los gallegos? ¿Puede el país darse el lujazo de poner en primer plano un proyecto que se ha aceptado sencillamente porque ya no podía echarse atrás?

Nadie dice que sea fácil tomar decisiones complicadas. Pero la dificultad aumenta de un modo exponencial cuando uno se empeña en hacer mal las preguntas, que es una forma segura de hallar siempre respuestas incorrectas.

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Ganando tiempo, de Pablo Mosquera en La Voz de Galicia

ESTRATEGIA del Gobierno ante la situación del proceso de paz. Es lo único que se ha conseguido hasta ahora. Es la consecuencia de la reunión con ETA y lo que ha ofrecido Rubalcaba en rueda de prensa, más con el lenguaje corporal que con sus palabras.

Tiempo para esperar un cambio en el equilibrio de fuerzas del complejo MLNV, donde ETA manda y lleva la manija del proceso.

Si Batasuna se decidiera a dar un paso más allá del que dio en Anoeta, el proceso tomaría unos derroteros muy importantes hacia la paz.

Decir, alto y claro, que es tiempo de hacer política y dejar de lado la lucha armada, condenar la violencia terrorista, comprometerse a seguir cauces democráticos para cualquier aspiración en nombre de los utópicos derechos históricos de Euskal Herria.

Tiempo para que, si se produce lo que antecede, Batasuna tome la manija del proceso de paz y no repita miméticamente lo de soberanía y territorialidad como precio para la paz.

Tiempo a la espera de que se produzca algún movimiento carcelario por parte del Gobierno para distender, por parte del colectivo de presos y familias instando a ETA y Batasuna a emprender conversaciones que busquen con realismo el final de la tragedia. Esperemos que mientras tanto los asesinos en huelga de hambre no se conviertan en símbolos de otra escalada de violencia.

Me preocupa la violencia callejera. Va a más. Engancha a la juventud nacionalista radical. Los vuelve a poner en la espiral que los lleva a formar parte de los comandos. Provoca temor, pesimismo e indignación en la sociedad, amén de cargar los discursos más radicales.

Es muy importante alejar el recuerdo de los atentados. El tiempo sin terrorismo cala en la cultura del rechazo a tal metodología, es el mejor antídoto contra la espiral de la violencia con fines políticos.

Tiempo, templanza, tenacidad. A veces hay que ser críptico en el mensaje, a riesgo de ser acusado de oscurantismo. Pero la experiencia me indica que la publicidad es enemiga de la eficacia en la resolución de los conflictos.

Todo sería más fácil si hubiera consenso entre los grandes partidos. Si se cumpliera una de las premisas del acuerdo de Ajuria Enea. No utilizar nunca la violencia con fines políticos. Esto reza para Batasuna. Pero también para quien les calienta las heridas a las víctimas del terrorismo o trata de alcanzar réditos electorales de esta miseria.

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Un mandato de la Corona, de Fernando Ónega en La Voz de Galicia

«SOSEGUEMOS la vida política». Es uno de los mandatos del Rey en su mensaje de Navidad. Una vez más, don Juan Carlos recogió en sus palabras un sentimiento general de la sociedad española. Y añadió en el mismo párrafo: «Y trabajemos con espíritu integrador». Es, probablemente, el mejor resumen de la inquietud de la Corona en este tenso momento de la vida pública. Fue la voz del jefe del Estado en medio de un barullo político y mediático y unas tensiones de poder perfectamente localizadas, que no se corresponden con el estado general de la nación.

Al ver los proyectos del Gobierno, las reacciones de la oposición y el clima de crispación, mucha gente se pregunta qué piensa don Juan Carlos. Otras voces le piden que intervenga con la prudencia y capacidad de arbitrio que le otorgan las leyes. Dicho de otra forma: contemplada España desde el palacio de la Zarzuela, ¿cómo se ve? ¿Con esa luz de alarma que enciende Aznar cuando duda de que en cinco años haya Estado? ¿O con la serenidad de quien piensa que ha llegado el momento de hacer reformas que saldrán bien y fortalecerán el país?

No tenemos otra medida de la inquietud real que este mensaje anual. En él, Su Majestad ha tratado de describir, más que de echar broncas. Ha tratado de empujar, más que de recrearse en los problemas. No quiso hacer un catálogo de dificultades y por eso los primeros analistas, como Gaspar Llamazares, anotaron la falta de referencias críticas a la corrupción. A fecha de hoy, cuando se han cerrado los primeros 31 años de monarquía, me pareció ver a un hombre satisfecho con su balance: «Una modernización sin precedentes en nuestra historia». Pero también con cierta nostalgia de «la reconciliación, la concordia, la generosidad y la voluntad común».

El hecho de que el Rey haya recordado estos conceptos significa que quiere ponerlos por delante, como norma de actuación, cuando parece que todo quiere ser revisado. Sus frecuentes invocaciones a la Constitución indican cuál es el marco en que todo es posible, sin renunciar a las convicciones. Y, en cuanto a las vías para terminar con el terrorismo -«objetivo irrenunciable»-, no hay rechazo, sino exclusivamente una apelación a la primacía de la ley.

La pregunta, como todos los años, es: ¿encontrará eco en sus clarísimos destinatarios? ¿O, por el contrario, la alocución real será recibida como un mero trámite? Los tiempos, marcados por la tensión electoral, no ayudan precisamente ni a la concordia ni al consenso pedido. Yo me conformaría con que, al menos, se respetara el espíritu que la Corona quiere transmitir: el diálogo «sincero y responsable». Y de estos dos calificativos, me quedo con el último: el que apela a la responsabilidad.

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