Democracias a medida, de Ignacio Ramonet en Le Monde Diplomatique

Presentada a menudo como el mejor de los sistemas políticos, la democracia ha sido durante mucho tiempo una forma rara de gobierno, dado que ningún régimen responde totalmente al ideal democrático, que implicaría una honestidad absoluta de los poderosos respecto de los débiles y una condena verdaderamente radical de todo abuso de poder. Y que hay que respetar cinco criterios indispensables: elecciones libres; existencia de una oposición organizada y libre; derecho real a la alternancia política; existencia de un sistema judicial independiente del poder político; y existencia de medios de comunicación. Aun así, algunos Estados democráticos como Francia y el Reino Unido negaron durante mucho tiempo a las mujeres el derecho al voto, y además eran potencias coloniales que pisoteaban los derechos de los colonizados.

A pesar de esos fallos, este método de gobierno tiene tendencia a universalizarse. Primero bajo el fuerte impulso del presidente de Estados Unidos Woodrow Wilson (1856-1924). Pero sobre todo después del final de la Guerra Fría y la desaparición de la Unión Soviética. Entonces se anunció "el fin de la historia" con el pretexto de que nada se oponía a que todos los Estados del mundo alcanzaran un día los dos objetivos de la felicidad suprema: economía de mercado y democracia representativa. Objetivos que se convirtieron en dogmas intocables.

En nombre de esos dogmas, George W. Bush estimó legítimo recurrir a la fuerza en Irak. Y autoriza a sus fuerzas armadas a practicar la tortura en cárceles secretas establecidas en el exterior. O a someter a tratamientos inhumanos, en la cárcel de Guantánamo, a prisioneros excluidos de todo marco legal, como acaba de denunciar un informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, así como una resolución del Parlamento europeo.

A pesar de infracciones tan graves, Estados Unidos no vacila en erigirse en instancia planetaria de homologación democrática. Washington ha tomado la costumbre de envilecer a sus adversarios calificándolos sistemáticamente de "no democráticos", incluso de "Estados canallas" o "bastiones de la tiranía". La única condición para eludir ese sello de infamia es organizar "elecciones libres".

Pero aun en ese caso todo depende de los resultados. Como lo muestra el caso de Venezuela, donde desde 1998 el presidente Hugo Chávez ha sido electo en varias oportunidades en condiciones democráticas garantizadas por observadores internacionales. Es inútil. Washington sigue acusando a Chávez de ser "un peligro para la democracia"; y llegó al extremo de alentar un golpe de Estado en abril de 2002 contra el presidente venezolano, quien se somete de nuevo al veredicto de las urnas en el siguiente diciembre...

Otros tres ejemplos: Irán, Palestina, Haití, muestran que no basta con ser democráticamente elegido. En Irán todos evaluaron impecables las elecciones de junio de 2005: participación masiva de los votantes, pluralidad y diversidad de los candidatos (en el marco del islamismo oficial), y sobre todo brillante campaña de Ali-Akbar Hachemi Rafsanyani, favorito de los occidentales que lo consideraban el vencedor. Entonces nadie evocaba el "peligro nuclear". Todo cambió brutalmente después del triunfo de Mahmoud Ahmadinejad (cuyas declaraciones sobre Israel son inaceptables). Y ahora asistimos a una demonización de Irán.

Aunque Teherán sea signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear y niegue querer la bomba, el canciller francés acaba de acusar a Irán de desarrollar "un programa nuclear militar clandestino" (1). Y olvidando ya las recientes elecciones Condoleezza Rice, secretaria de Estado de Estados Unidos, reclama 75 millones de dólares al Congreso para financiar en Irán "la promoción de la democracia".

La misma situación, o casi, se da en Palestina (léase el artículo de George Corm, pág 6) donde tanto Estados Unidos como la Unión Europea, después de exigir la celebración de elecciones "verdaderamente democráticas" vigiladas por una miríada de observadores extranjeros, niegan ahora el resultado de las elecciones, con el pretexto de que el vencedor, el movimiento nacionalista islámico Hamás (autor en el pasado de repudiables atentados contra civiles israelíes) les disgusta.

Por último, con ocasión de las elecciones presidenciales del 7 de febrero pasado en Haití, vimos cómo en un primer momento se hizo todo lo posible por impedir la victoria de René Preval, finalmente elegido, al que la "comunidad internacional" no quería a ningún precio, debido a sus vínculos con el ex presidente Jean Bertrand Aristide, él mismo democráticamente elegido y destituido en 2004.

"La democracia, decía Winston Churchill, es el peor de los regímenes, con excepción de todos los demás". Lo que parece importunar ante todo actualmente es no poder determinar por anticipado el resultado de una consulta electoral. Cuando algunos quisieran poder instaurar democracias a medida. Con resultado garantizado.

Notas:
(1) Le Monde, 16 de febrero de 2006.

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¿Qué España?, de Ignacio Ramonet en Le Monde Diplomatique

El debate en España sobre el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña ha adquirido un nivel de intensidad preocupante en estas últimas semanas. Sobre todo tras las declaraciones, el pasado 6 de enero, en Sevilla, del general José Mena Aguado: "Es nuestro deber -afirmó- alertar sobre las graves consecuencias que podría provocar en el seno de las Fuerzas Armadas en tanto institución, así como en el conjunto de su personal, la aprobación del Estatuto de Cataluña, en los términos de su texto actual". Y añadió que según él, el artículo 8 de la Constitución confiaba a las Fuerzas Armadas la misión de velar por la unidad de España y oponerse a su desmembramiento (1).

Esta intervención de un jefe militar en el ya tenso debate político ha traído a la memoria de los demócratas desagradables recuerdos. Porque ocurre dentro de una coyuntura inquietante: acaban de conmemorarse, el 20 de noviembre de 2005, los 30 años de la muerte del general Franco; en pocas semanas se cumplirá el 25º aniversario del intento de golpe de Estado del coronel Tejero, el 23 de febrero de 1981; y en unos meses, el 70º aniversario del alzamiento del 18 de julio de 1936 contra la República, que hundió al país en una guerra civil. España creía haber acabado con la tradición golpista militar característica de su vida política durante todo el siglo XIX y parte del XX, hasta 1978, fecha de la adopción de la actual Constitución.

Sin embargo, está claro que los tiempos han cambiado, que la democracia se ha arraigado, y que es impensable hoy que un puñado de oficiales consigan siquiera amenazarla. La declaración del general Mena muestra simplemente que subsiste, en un reducido número de oficiales, un residuo de tradición intervencionista. Pero la campaña de hostilidad sistemática que el Partido Popular lleva adelante contra el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero avivó intensamente esta tradición en los últimos meses. El actual mandatario ha tomado una serie de iniciativas que han suscitado la condena de la España más conservadora.

Recordamos su decisión -tomada inmediatamente después de su elección en marzo de 2004, y tras los atentados de Madrid- de retirar las tropas de Irak, adonde las había enviado imprudentemente (contra la opinión del 80% de los españoles), el ex presidente José María Aznar. Otras medidas han sido aún más polémicas, en particular la de restituir a Cataluña los archivos saqueados por los ejércitos de Franco en 1938 y conservados en los locales de los archivos sobre la guerra civil, en Salamanca. Durante semanas, los medios controlados por la derecha han bombardeado a la opinión pública con noticias alarmistas sobre el "peligro" que esta restitución representaba para la unidad de España... El Partido Popular no ha vacilado en convocar gigantescas manifestaciones de protesta contra este "despojamiento".

El paso siguiente fue la legalización del matrimonio homosexual. La medida, aceptada por la mayoría de los españoles, ha provocado en los ámbitos más retrógrados una ola de indignación propia de otra época. La Iglesia Católica llegó a amenazar de excomunión a los alcaldes que oficiaran en este tipo de casamientos.

Y llegó el turno, finalmente, al tema del nuevo estatuto de Cataluña. Al igual que el País Vasco y Galicia, este territorio posee su propia lengua y una cultura singular. Ya en 1932, se había constituido como "región autónoma en el seno del Estado español". Y recuperó su autonomía en 1979, cuando se crearon en España diecisiete "comunidades autónomas". En virtud de un Estatuto reconocido por la Constitución, el gobierno catalán -la Generalitat- pudo crear una policía autónoma, y se le otorgaron competencias en materia de educación, salud, seguridad social, política cultural y lingüística, y organización territorial.

Han pasado cerca de 30 años. Desde noviembre de 2003, Cataluña está gobernada -por primera vez desde el fin del franquismo- por una coalición de izquierda (PSC, ERC, ICV) que prometió adoptar un nuevo Estatuto. Éste no anuncia ninguna "separación" de España, sino que se inscribe dentro de una tradición "federativa", reivindica el carácter de "nación" de Cataluña y fue aprobado por el 90% de los diputados catalanes, en septiembre de 2005. Está siendo debatido en el Parlamento de Madrid.

La derecha y la Iglesia están dirigiendo una campaña de una catalanofobia escandalosa. Han puesto a todos sus muy influyentes medios de comunicación al ataque, y desde ellos conducen una campaña agresiva, dirigida a caldear los ánimos y aterrorizar los corazones. El primer resultado está a la vista: ruido de sables en los cuarteles. Pero la mayoría de los parlamentarios no se dejará intimidar. Con algunas modificaciones, para ajustarlo a la Constitución española el 21 de enero, se ha cerrado un acuerdo entre José Luis Rodríguez Zapatero y Artur Más, lider de CIU. Posteriormente se han sumado a ese acuerdo el PSC e ICV. Se está pendiente de la decisión de ERC.

Notas:

(1) Cf. el texto completo (en español) en el sitio:
www.elmundo.es/elmundo/2006/01/06/espana/1136570580.html . El 18 de enero pasado, un segundo militar, esta vez el capitán Roberto González Calderón, fue arrestado por sus superiores a causa de una carta que publicó en el diario Melilla Hoy, en la que acusa a toda la clase política de sacrificar "la idea de Nación y de Patria" y afirma que "existe malestar dentro y fuera de las Fuerzas Armadas". El País, Madrid, 19-1-06.

(2) El texto acordado por el PSOE con CIU, PSC e ICV y que no tiene aún el apoyo de ERC se puede encontrar en www.elpais.es

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Palestina abandonada, de Alain Gresh en Le Monde diplomatique

Le Monde diplomatique publica, en su número de enero de 2006, dos artículos importantes acerca del conflicto israelí-palestino. El primero, escrito por Hussein Agha y Robert Malley, reflexiona sobre las "Elecciones de alto riesgo en Oriente Próximo", en el momento en el que se preparan las elecciones legislativas del 25 de enero; el segundo, del militante pacifista Uri Avnery, mide los cambios políticos que se han producido en Palestina en vísperas de las elecciones generales de marzo de 2006. El texto que reproducimos a continuación, analiza el cambio producido en la comunidad internacional, principalmente el de la Unión Europea, referente a la solución del conflicto.

A lo largo de los últimos años, de forma sutil e insensible, los dirigentes y los medios de comunicación europeos han cambiado su manera de abordar el drama palestino y la solución del conflicto israelí-palestino. Durante todo lo que se ha venido denominando el "proceso de Oslo", estaba claro que la solución pasaba por una negociación conjunta basada en la retirada de las tropas israelíes de los territorios ocupados en 1967, incluida la zona Este de Jerusalén, el establecimiento de fronteras permanentes entre el Estado palestino e Israel y una solución aceptable para los refugiados palestinos. Las negociaciones de Camp David (julio de 2000), así como las de Taba (enero de 2001), tenían por objeto estos contenciosos.

El estallido de la segunda Intifada, a finales de septiembre de 2000, la represión sangrienta llevada a cabo por el ejército israelí desde el principio ─meses antes de los primeros atentados suicidas─, la escalada de la violencia, la elección de Ariel Sharon en el cargo de primer ministro, la multiplicación de los atentados contra civiles israelíes y la recuperación del control total por el ejército israelí de los territorios ocupados se han agravado en los últimos años. Sin embargo, desde el punto de vista del derecho internacional, independientemente de la apreciación que se pueda tener de la estrategia y de la táctica de la Autoridad Nacional Palestina, perduran los problemas de base: Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este permanecen como territorios ocupados, Israel continúa como una potencia ocupadora y la creación de un Estado palestino independiente sigue siendo el punto clave de la paz.

Crímenes de guerra ocultados

A pesar de ello, tras leer las declaraciones de los dirigentes europeos y seguir la actualidad transmitida por los medios de comunicación, se constata un cambio profundo de perspectiva: de ahora en adelante son los palestinos, esto es, los ocupados, los encargados de demostrar su buena voluntad. Las referencias de la Unión Europea a las obligaciones de uno y otro campo esconden mal su adhesión a la visión del primer ministro israelí: todo avance en el proceso de paz depende de la Autoridad Nacional Palestina; es ella la que debe reformarse, liquidar a sus grupos armados y probar su voluntad de coexistir con Israel. Esta premisa es también la sustentada por los medios de comunicación que tienden a borrar la realidad de la política israelí sobre el terreno, a infravalorar su carácter represivo, y contrario al derecho internacional, y a ocultar los crímenes de guerra cometidos. En Francia, las violentas campañas llevadas a cabo contra algunos periodistas e intelectuales, desde Daniel Mermet hasta Edgar Morin, pasando por Jean Ferrat, han contribuido a intimidar a una serie de periodistas: ¿a quién le gustaría que se le acusara, falsamente, de antisemitismo?

El editorial de Libération del 2 de enero de 2006 nos describe un ejemplo tipo, en el que se lamenta la situación que prevalece en Palestina. Patrick Sabater escribe: "Hace un año, la elección de Mahmud Abbas para el puesto que dejaba Yasir Arafat era algo que se podía esperar. Se abría una vía de nuevas oportunidades, a través de la cual se podían introducir aires democratizadores y de reformas en los territorios palestinos (sobre todo no utilicemos la palabra ocupación ), a la vez que una desmilitarización de la política palestina para retomar las negociaciones con Israel. Actualmente, esta vía está a punto de cerrarse en las narices de los partidarios de la paz". La responsabilidad del Gobierno de Ariel Sharon apenas se menciona...

La evacuación de la Franja de Gaza durante el verano de 2005 ha representado, desde este punto de vista, otro ejemplo edificante. Durante varias semanas, los medios de comunicación internacionales han enfocado sus cámaras hacia algunos miles de colonos evacuados, mientras se escuchaba su sufrimiento, tanto como los gritos de los soldados encargados de evacuarlos. Pocos periodistas han recordado que la colonización representa, según las normas del Tribunal Penal Internacional, un crimen de guerra. A su vez, muchos de estos colonos eran fanáticos que estaban dispuestos a disparar contra civiles palestinos. Sin embargo, decenas de miles de palestinos de Gaza han sido desplazados a lo largo de los últimos años, sin que se produjera la menor reacción en Occidente.

Peor todavía, la evacuación de Gaza se ha presentado como un gesto significativo de Ariel Sharon. Esto le ha permitido reforzar su crédito en Estados Unidos y Europa, y le ha abierto las puertas a una visita oficial, llena de solemnidad, en Francia. No obstante, tal y como recuerda Naciones Unidas, Gaza permanece como un territorio ocupado, en el que las tropas israelíes realizan numerosas incursiones. El Gobierno israelí incluso acaba de decidir que instalará una "zona de seguridad" en el territorio palestino, tras evacuar a gran parte de la población... La amenaza de cortar la electricidad en toda la Franja de Gaza constituye igualmente un castigo colectivo, contrario a la Convención de Ginebra. La organización estadounidense Human Rights Watch ha recalcado, en un comunicado hecho público el 23 de diciembre de 2005, que tal medida representaría una violación de las leyes de la guerra, igual que la que decretó Tel Aviv al prohibir, entre los días 24 de septiembre y 12 de noviembre, la entrada en su territorio de cinco mil trabajadores palestinos, que se une a los sufrimientos de una población en la que el 68% vive por debajo del umbral de la pobreza (1).

La colonización avanza

Mustafa Barghuti, candidato que obtuvo alrededor del 20% de los votos en las elecciones presidenciales a la Autoridad Nacional Palestina en enero de 2005 frente a Mahmud Abbas, ha publicado recientemente un artículo titulado "La verdad que ustedes no aceptan" (2). Hace un balance de la situación sobre el terreno, en Cisjordania y en Gaza, que está muy alejado de la versión israelí que "presenta una imagen completamente opuesta a la realidad"; muy distante igualmente de la imagen que transmiten la mayoría de los medios de comunicación occidentales.

Así, la colonización avanza rápidamente. "La población total de colonos (...) es actualmente de 436 000: 190 000 en Jerusalén y 246 000 en Cisjordania. Sólo 8 475, es decir, un 2% del total, de colonos ilegales ha sido evacuado de Gaza y de la región de Jenín. Durante el mismo período, la población de las colonias de Cisjordania aumentó en más de 15 800."

Habla igualmente de la vida cotidiana impuesta por el muro de separación, que rodea completamente una ciudad como Qalqiya, con una única puerta de la que los soldados israelíes tienen la llave. "Hace falta un permiso para franquear el muro, un permiso que es prácticamente imposible de obtener. Incluso cuando se consigue, hay que adaptarse a los horarios especiales de entrada. En la región de Jayous, se puede entrar entre las 7.40 y las 8 de la mañana, entre las 14 y las 14.15, y entre las 18.45 y las 19 horas: en total cincuenta minutos al día. A veces el ejército olvida abrir las puertas, y los alumnos, lo profesores, los enfermeros, los enfermos y la gente normal deben esperar indefinidamente."

Un informe reciente de los jefes de una misión de la Unión Europea en Jerusalén Este (3) confirma las consecuencias de la construcción del muro de separación en la ciudad de Jerusalén. Este texto, entre otros, saca a luz ciertos aspectos fundamentales de la política israelí en la ciudad santa:

- La casi finalización de la barrera que circunda Jerusalén Este, lejos de la línea verde (línea de alto el fuego de 1967);

- La construcción y la expansión de las colonias ilegales, por entidades privadas y por el Gobierno Israelí, en el interior y alrededor de Jerusalén Este;

- La demolición de casas palestinas construidas sin permiso (estos son prácticamente imposibles de conseguir);

- El plan de expansión de la colonia de Maaleh Adoumim, que amenaza con completar el cerco de la ciudad por colonias judías y dividir Cisjordania en dos sectores geográficos.

Y los cónsules europeos en Jerusalén señalan que "las acciones de Israel en Jerusalén violan sus compromisos con la Hoja de Ruta y el derecho internacional". ¿Cuál es el resultado de estas constataciones? La Unión Europea ha decidido, valerosamente, no publicar este informe...

La Autoridad no es un Estado

Amira Haas, corresponsal permanente del diario Haaretz en los territorios ocupados, conocido por sus valientes reportajes, comentaba así la victoria de Hamas en las elecciones municipales de diciembre de 2005 en Cisjordania: "La victoria de Hamas en las elecciones locales ha aflorado sobre un terreno fértil. Las gentes están hartas de las mentiras que han acompañado sus vidas durante los trece años últimos (desde la firma de los acuerdos de Oslo): que Oslo significa la paz; que la creación de una Autoridad Palestina es una victoria y un símbolo, que aboliría todos sus fracasos; que la Autoridad es un Estado (4)."

La periodista no atenúa el descrédito de Hamas, cuya propaganda se apoya, según ella, sobre tres mentiras: el movimiento islamista pretende que la Franja de Gaza ha sido "liberada", cuando es el resultado de una decisión unilateral israelí; que esta evacuación es el resultado de la "lucha armada", cuando "los atentados suicidas han reforzado únicamente el apoyo de la opinión israelí a cualquier forma de toma de control de Cisjordania"; que las elecciones legislativas de enero de 2006, en las que Hamas ha decidido participar, son fundamentalmente diferentes a las de 1996, cuando se desarrollan en el mismo marco, el fijado en los acuerdos de Oslo.

Los llamamientos de la Autoridad Palestina a la democratización aparecen también vacíos de sentido. En las elecciones presidenciales de enero de 2005 estaba claro que la Unión Europea no quería más que un vencedor, Mahomud Abbas: las numerosas presiones ejercidas por Fatah sobre la comisión electoral no fueron denunciadas por los observadores internacionales ni retransmitidas por los medios de comunicación (5). A partir de ese momento, Javier Solana, alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), amenaza a la Autoridad Palestina con retirarle el apoyo de Bruselas, en caso de victoria de Hamas en el escrutinio de enero de 2006. En suma, la Europa de los Veinticinco acepta las elecciones bajo la condición de que sean elegidos sus candidatos preferidos ...

¿Cómo asombrarse entonces de que la Unión Europea refuerce sus relaciones con Israel, que sea más proclive a hacer presión sobre la Autoridad que a poner en marcha las sanciones previstas por los acuerdos de asociación euro-mediterráneos en caso de violación de los derechos de las personas, violaciones que son cotidianas en los territorios ocupados? Tampoco hay que asombrarse de que la UE sea más proclive a recibir a los dirigentes israelíes para "empujarlos" a proseguir por la misma vía, mientras esta vía lleva directamente a la anexión de una gran parte de Cisjordania y de Jerusalén Este. Por otra parte, Francia, hay que lamentarlo, ha renunciado a su acción autónoma y visible a favor de los derechos de los palestinos: recibe al primer ministro Ariel Sharon y retoma su cooperación militar e incluso de seguridad con Israel (6); numerosos ministros, entre ellos Nicolas Sarkozy, multiplican las visitas a Israel; son dos empresas francesas las que construyen un tranvía que comunica el centro de Jerusalén con las dos colonias judías situadas al este de la ciudad, contribuyendo así a la política israelí de ocupación. Esta estrategia, cada vez más cercana a la de los Estados Unidos en Oriente Próximo, de Irak a Afganistán, coincide con decenios de política francesa sobre el conflicto israelí-palestino.

El "proceso de paz" abierto por los acuerdos de Oslo está muerto y enterrado. Se puede pensar que habría podido representar una vía hacia la regulación, para la que no han faltado ocasiones. Sea lo que sea, ya no es posible volver atrás. ¿Hay que confiar en la aplicación de la Hoja de Ruta o en la victoria del "centrista" Ariel Sharon en marzo próximo? No, pues la ecuación sigue siendo la misma: los palestinos continúan viviendo bajo ocupación, su vida cotidiana es insoportable, sus aspiraciones a la independencia burladas. Es ilusorio pensar que se podrá asistir, en el próximo periodo, a un cambio de orientación del gobierno israelí sin presiones internacionales permanentes para hacer aplicar el derecho internacional, todo el derecho internacional. La resistencia de los palestinos y la movilización de la fracción pacifista de la opinión israelí deben ser apoyadas por sanciones internacionales.

Como lo reclama Mustafa Barghouti: "Una manera de corregir la situación es hacer lo que ya se ha hecho con éxito en África del Sur, aplicar sanciones. Un elemento clave es romper las relaciones militares con Israel, el cuarto exportador de armas del mundo. Nosotros tenemos necesidad de un movimiento de no cooperación militar que se concentre en las desinversiones en ese campo y que ligue las relaciones económicas con Israel a la aplicación del derecho internacional y a la aplicación de las resoluciones internacionales". Un movimiento poderoso en este sentido se ha desarrollado en el mundo anglosajón. El acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel ofrece a nmensas posibilidades puesto que prevé explícitamente la posibilidad de suspenderlo en caso de violación de su artículo 2: "Las relaciones entre las partes, al igual que todas las disposiciones del presente acuerdo, se basan en el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos, que guían su política interior e internacional y constituyen un elemento esencial de este acuerdo". Por eso, el 10 de abril de 2002, en plena operación Rempart en Cisjordania, el Parlamento Europeo había reclamado, a una amplia mayoría, a la Comisión y al Consejo "la suspensión del acuerdo de asociación euro-mediterráneo UE-Israel". En vano...¿No es ya el momento de volver a esta medida, que le permitirá a la Unión Europea poner su actos de acuerdo con sus palabras, de apoyar la aplicación del derecho internacional y de desempeñar un papel activo en Oriente Próximo?

Notas:

(1) http://hrw.org/english/docs/2005/12 ...
(2) "The truth you don't hear", Al-Ahram Weekly , El Cairo, 1-7 diciembre 2005
(3) www.france-palestine.org/article286 ...
(4) Haaretz.com, 21 diciembre 2005
(5) Leer el excelente análisis de Roger Heacock "Les élections palestiniennes", Confluences Méditerranée, nº 55, automne 2005, L'Harmattan
(6) En diciembre de 2005, Gideon Ezra, ministro israelí de Seguridad Pública y el jefe de la policía israelí Moshe Maradi, han estado cuatro días en París por invitación de Nicolas Sarkozy, con el fin - según Haaretz - de aconsejar a la policía francesa sobre como manejar los métodos de gestión de las revueltas del tipo de las que se han conocido en los suburbios franceses...

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Caracas, de Ignacio Ramonet en Le Monde Diplomatique

En dos tiempos y en dos lugares. Este año el Foro Social Mundial (FSM) - reunión de todas las galaxias altermundialistas - se desarrolla en dos tiempos. Uno más determinante que el otro. Primero, del 19 al 23 de enero, en Bamako, capital de Malí. Después, del 24 al 29, en Caracas, capital de Venezuela. La víspera de la apertura del Foro en Bamako, el 18 de enero, tendrá lugar un encuentro político de primordial importancia: la "Jornada internacional sobre la reconstrucción del internacionalismo de los pueblos (1) y del frente antiimperialista", con la participación de un centenar de intelectuales y de representantes de movimientos sociales del tercer mundo y otros lugares, con ocasión del 50º aniversario de la famosa conferencia de Bandung.

La idea de organizar anualmente un Foro Social nació al comenzar este siglo (2), gracias al impulso producido por la victoria de 1998 contra el perverso proyecto de Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI), la creación de Attac en Francia, el éxito de las manifestaciones de Seattle (1999) contra la cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC), y cuando parecía que la ofensiva de la mundialización neoliberal se podía detener.

En el nivel táctico se trataba de crear una suerte de reunión paralela simétrica, pero de signo político inverso, al Foro Económico Mundial que todos los años reúne a finales de enero en Davos, Suiza, a los "nuevos dueños del mundo". Y adonde acuden bulliciosos, para aliarse, los responsables políticos de los Estados del norte y del sur, a vender las riquezas de sus países prometiendo a las inversiones extranjeras la más alta rentabilidad, sin tener en cuenta los costes ecológicos y sociales.

Significaba una indecencia tan grande, una tal abdicación de lo político, que había que reaccionar.

De ahí la apuesta de convocar en la misma fecha un Foro no económico sino social, no en el norte sino en el sur, precisamente en Porto Alegre.

En esta ciudad de Brasil donde las autoridades electas habían inventado el "presupuesto participativo", se celebró en 2001 el primer Foro Social Mundial, con la consigna de una frase tomada de nuestra publicación: "Otro mundo es posible". Frase que dio nacimiento al término "altermundialismo" para designar a esa corriente plural que reúne la diversidad de todas las oposiciones a la mundialización liberal.

El FSM es un proyecto político fuerte, innovador y visionario. Ambiciona reunir en un mismo lugar a través de asociaciones, organizaciones no gubernamentales y sindicatos, a los representantes auténticos de todos los habitantes de la Tierra. De todos los que padecen los desastres de la globalización y se oponen a ella con vigor y determinación.
En este sentido, el Foro remite a una intención política sumamente radical en su modernidad. Porque si por ejemplo la Organización de Naciones Unidas (ONU) concentra a los Estados y Gobiernos, es decir, las estructuras del poder, el Foro Social Mundial aspira a convocar por primera vez en la historia a un embrión de asamblea de toda la humanidad. Con un objetivo estratégico declarado: hacer fracasar la globalización liberal que está dislocando las sociedades, arruinando las economías más frágiles y destruyendo el medio ambiente.

Pero con el correr del tiempo este objetivo se ha ido desdibujando, confundiendo y para algunos se ha borrado por completo. Eso se hizo evidente en Porto Alegre en enero de 2005, donde se pudo constatar una suerte de agotamiento de la fórmula inicial: para muchos participantes el Foro no podía seguir siendo solamente un espacio de reencuentros y debates que no culminen en una acción; tenía que crear las condiciones de un paso al acto político mediante la elaboración de un umbral mínimo de alternativas a las políticas neoliberales que diera un sentido y un proyecto, e incorporar los objetivos comunes de los ciudadanos del norte y del sur. Sin lo cual corría el riesgo de despolitizarse y folklorizarse. Y de transformarse en una especie de Feria internacional de asociaciones, un Salón mundial de la sociedad civil, donde la preocupación central sería la "buena gobernanza", lo mismo que en Davos, pero animado de mejores intenciones.

Esta constatación suscitó a modo de reacción tomas de posición combativas (3) y una gran discusión sobre el sentido, la función y el futuro de los Foros sociales, sean mundiales, continentales, nacionales o locales. Este debate decisivo para el futuro del altermundialismo proseguirá en Bamako y también en Caracas. Será particularmente intenso en la capital de Venezuela porque por primera vez el Foro se celebrará en medio de la Revolución Bolivariana y el conjunto de reformas que conduce el presidente Hugo Chávez.
En una atmósfera latinoamericana marcada por el reciente triunfo alcanzado en Mar del Plata, Argentina, contra el proyecto estadounidense del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y por la victoria electoral el 18 de diciembre de 2005 de Evo Morales en Bolivia, los participantes del Foro de Caracas podrán verificar en los hechos, observando la nueva realidad venezolana, que la globalización no es una fatalidad. Que es posible hacerla retroceder. Con la condición de mantenerse fiel a valores de justicia y solidaridad, de no ceder, de no plegarse, no traicionar. Y saber dar prueba de una voluntad política inquebrantable.

Notas:
(1) Leer nota Foro Social página 29
(2) Leer Bernard Cassen, Tout a commencé à Porto Alegre, Mille et une nuits, Paris 2003
(3) El « Manifiesto de Porto Alegre », Manière de voir, nº 84, "En lutte!", diciembre 2005

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Medios de Comunicación en Crisis, en El Punto de Vista de Le Monde diplomatique Nº 3

Ignacio Ramonet, Serge Halimi, Enrique Bustamante, María Luisa Humanes, Edgar Roskis, Jacques Bouveresse, Ferndo Quirós, Eric Klinenberg, Pierre Musso, Félix Ortega, Manuel S. Jardí, Enric Bastardes, Pierre Lazuly, Francis Pisani, Dan Schiller, Xosé López, Henri Maler, Ferran Montesa,

Perro no come perro. La crítica a los medios de comunicación no tiene buena prensa. Observatorios, medios alternativos, prensa artesanal o militante... formulan propuestas diferentes sobre el hecho informativo o los focos desde donde irradian los menús de noticias y opiniones que a diario llenan las supuestas demandas destinadas a resolver la vieja cuestión ¿Qué pasa en el mundo? La mirada crítica incomoda. La prensa se percibe como uno de los actores esenciales en el equilibrio de cualquier régimen democrático.

El periodista investiga, critica, denuncia los "problemas de la sociedad": aquellos que los poderes públicos y los actores políticos han abandonado, delegado, ignorado o renunciado. La información suple las carencias institucionales. La prensa, no obstante, pone poco ardor en criticarse a sí misma, y soporta peor aún que otros lo hagan. A las instituciones políticas o económicas les importa menos invertir en el rigor de los medios, que en su control directo o desarrollando estrategias de comunicación más o menos sofisticadas. En este contexto los movimientos alternativos invitan a una reflexión sobre la posición que los media ocupan en la sociedad.

Que los medios de comunicación atraviesan un período difícil, sujeto no sólo ni exclusivamente a los vaivenes tecnológicos y los nuevos hábitos que se derivan, no es un secreto. La caída de ventas en la prensa escrita es una muestra y no se circunscribe únicamente a nuestro país. Dentro de la Unión Europea la cifra de periódicos vendidos a diario es inferior en un millón de ejemplares respecto al escenario existente 10 años atrás. Las causas, parte de ellas al menos, hay que buscarlas en las transformaciones sociales y cambios en los hábitos de consumo -también informativo- acontecidas en los últimos años. Esta mutación ha afectado a los conceptos básicos del periodismo vigentes desde finales del siglo XIX hasta bien entrado el último tercio del siglo XX.

En este número de EL PUNTO DE VISTA proyectamos una panorámica actual de los medios de comunicación: los entresijos mercantiles, las dependencias políticas, la absorción de los intelectuales, los efectos de las concentraciones económicas y el aumento de la precariedad entre los profesionales, el papel de los medios en los movimientos sociales, la confusión y el espectáculo que brinda el universo audiovisual... Pero también la otra cara de la actividad informativa. Hemos reunido en cuatro capítulos y más de cien páginas los
análisis de colaboradores habituales de la edición internacional de Le Monde diplomatique, con otros inéditos de la edición española, para examinar las cuestiones clave y observar sus consecuencias en nuestro contexto. Ignacio Ramonet nos introduce en las causas, tanto externas -prensa gratuita, irrupción de Internet...-, como internas: pérdida de credibilidad, concentraciones empresariales...

El primer capítulo plantea el Descrédito creciente de los medios de comunicación. El profesor Enrique Bustamante escribe sobre la transparencia de la información en España, a partir de la manipulación informativa perpetrada durante los trágicos acontecimientos del 11-M en Madrid. María Luisa Humanes nos ilustra sobre el estado de la enseñanza del Periodismo en España. Edgar Roskis expone el esplendor y decadencia del periodismo audiovisual, y Jacques Bouveresse nos acerca al punto de vista de Pierre Bourdieu sobre el papel de los intelectuales en los medios de comunicación.

El segundo capítulo aborda las Concentraciones conservadoras. A principios de los ochenta el discurso establecía: para frenar la propaganda oficial, para que la libertad de prensa y de las ondas se instaure, hay que romper los monopolios públicos, dejar intervenir a la competencia, al mercado libre de las ideas. Tras veinte años de desreglamentaciones en los países occidentales, un reducido número de multinacionales controlan la información y la cultura; los movimientos sociales son menospreciados; los periodistas regresan a la precariedad.

¿Misión cumplida?
Fernando Quirós estudia "La Concentración acelerada en España", Eric Klinenberg hace lo propio con respecto a los Estados Unidos y Pierre Musso refiere el conflicto institucional en Italia. Enrique Bustamante analiza "La última batalla por un auténtico servicio público en España". El periodista Manuel S. Jardí observa el espejismo de la prensa gratuita y Félix Ortega subraya el difícil equilibrio informativo. Enric Bastardes advierte sobre el pulso por el derecho a la información.

El tercer capítulo se dedica a la Ofensiva Internet. Hasta 2001 un maremoto especulativo creció a partir de nociones del tipo "comunicación en red" o "nueva economía", que pretendían reinventar todo y venderlo de otra manera. Un crack bursátil enfrió los entusiasmos. Pero el deseo de constituir sus propias fuentes de información y documentación, juzgadas más fiables que los medios de comunicación tradicionales, permite pensar en Internet como un instrumento apreciable. El orden social y el orden mundial, contrariamente a los peores augurios, no han resultado demasiado afectados. Ignacio Ramonet plantea las consecuencias del nuevo orden Internet. Piere Lazuly nos explica cómo se ve el mundo según el motor de búsqueda más extendido: Google. Francis Pisani nos ilustra sobre La locura de los ‘weblogs' que invade la Red. Dan Schiller repasa la crisis mundial de las telecomunicaciones.

Concluye el monográfico con un capítulo dedicado a las Resistencias. Millones de personas se movilizan contra la concentración de la información. Henri Maler lo explica en Frente al orden mediático; Eric Klinenberg nos habla de un movimiento contra el orden mediático y Serge Halimi, de los periodistas de combate.

Xosé López recorre la prensa alternativa e Ignacio Ramonet nos introduce el concepto de la prensa como Quinto poder, tras el cambio de paradigma que impone la globalización liberal a partir de la vieja percepción de cuarto poder. Incorporamos un complemento de bibliografía y sitios Internet, seleccionados por Enrique Bustamante.

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Torturas..., de Ignacio Ramonet en Le Monde Diplomatique

"Nosotros no torturamos", afirmó George W. Bush. Era el 7 de noviembre último en Panamá, al final de una gira de cinco días por América Latina, una región largamente martirizada por regímenes dictatoriales -apoyados por Washington- que practicaban masivamente las "desapariciones" de sospechosos y la tortura. El presidente de Estados Unidos respondía así a las recriminaciones formuladas por el diario The Washington Post (1) contra los servicios de información estadounidenses, acusados de llevar a cabo secuestros clandestinos de personas y torturas fuera de Estados Unidos, en prisiones secretas llamadas "sitios negros".

¿Se puede creer a Bush? La respuesta es no. ¿No había acaso afirmado, para invadir Irak, que el régimen de Sadam Hussein estaba vinculado con la red Al-Qaeda? ¿Y que Bagdad poseía "armas de destrucción masiva"? Dos mentiras en nombre de las cuales Washington desencadenó una "guerra preventiva" que costó la vida a decenas de miles de personas (entre ellas, más de 2.000 militares estadounidenses).

Bush no es de fiar. Menos aún sobre la cuestión de la tortura. Varios informes, elaborados por instituciones que están más allá de toda sospecha, como la Cruz Roja Internacional, Amnesty International o Human Rights Watch (2), confirman que, desde los atentados del 11 de septiembre, las autoridades estadounidenses ya no respetan, en su lucha contra el "terrorismo internacional" (3), las Convenciones de Ginebra sobre el trato debido a los detenidos, ni la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura.

La administración de Bush cambió las reglas del juego al decidir, el día siguiente al 11 de septiembre, instaurar tribunales de excepción y crear, fuera del territorio de Estados Unidos -y, por ende, fuera de toda jurisdicción estadounidense- la prisión de Guantánamo para encarcelar a "prisioneros del campo de batalla" (calificación diferente de "prisioneros de guerra", lo que impide el recurso a la Convención de Ginebra).

La tesis neoconservadora del jurista Alberto Gonzales, ex asesor del presidente y actual Attorney General (ministro de Justicia) es, de algún modo, la siguiente: Estados Unidos no debe "debilitarse" por respetar los derechos humanos. En dos informes remitidos en febrero y agosto de 2002, Gonzales modificó el derecho relativo a la tortura. Este término designa ahora, en Estados Unidos, sólo los actos "que afecten irremediablemente a la integridad física de los prisioneros". Más allá de este umbral, todo suplicio es legal.
¿Cómo sorprenderse de que, desde diciembre de 2002, en la cárcel de Bagram, Afganistán, la utilización de la tortura por parte del ejército estadounidense se haya convertido en sistemática? Allí, los sospechosos son "encadenados en sus celdas y golpeados con frecuencia", "lanzados contra las paredes o las mesas", o reciben "patadas en la ingle y las piernas", o se les vierte "agua en la boca hasta que se ahogan". Muchos mueren (4).

Una investigación dada a conocer por The New York Times (5), confirmó la rutina de los tormentos infligidos por militares estadounidenses que, en la mayoría de los casos, torturan a sus detenidos sin siquiera interrogarlos... La investigación reconoce que las técnicas utilizadas por los hombres del 519º batallón de información militar en Bagram les fueron enseñadas en Guantánamo... Y que ese mismo batallón 519 ha estado después a cargo de los brutales interrogatorios de la prisión iraquí de Abu Ghraib.
Otras investigaciones revelan que la Central Intelligence Agency (CIA) secuestra a sospechosos en todo el mundo -en Alemania, Italia, Suecia y otros lugares- para entregarlos a países amigos, como Arabia Saudí, Jordania o Egipto, donde pueden ser torturados sin límites. Recientemente, algunos informes han demostrado que la CIA disponía de una verdadera red de cárceles secretas en todo el mundo -calificada por Amnistía Internacional de "gulag de nuestro tiempo"-, algunas de las cuales estarían ubicadas en países de la Unión Europea (¿Polonia?) y de Europa del Este (¿Rumanía?)

Además de repugnante en los planos jurídico y ético, todo esto se revela como desastroso para el prestigio moral de los estadounidenses en el mundo. Como otras democracias enfrentadas a la amenaza del terrorismo, Estados Unidos ve convertirse la cuestión de la tortura en un dilema político central. En su debate con el vicepresidente Richard Cheney, defensor de una línea dura, el senador republicano John McCain recordó que, dado que existen sanciones que un gobierno democrático jamás debe infligir a un ser humano, la grandeza de la democracia reside en su capacidad de prohibirse recurrir a ciertas medidas de fuerza. La primera de ellas es la tortura.

Notas:
(1) Dona Priest, "CIA Holds Terror Suspects in Secret Prisons", The Washington Post, 2 de noviembre de 2005.
(2) Ver "Violación de los derechos, muertes sospechosas y torturas", extractos del informe de Human Rights Watch, Le Monde diplomatique, edición española, abril de 2004. Ver también Stephen Grey, "La CIA deslocaliza la tortura", Le Monde diplomatique, edición española, abril de 2005.
(3) En realidad debería decirse contra el "terrorismo islamista", puesto que auténticos terroristas internacionales que actuaron a favor de Washington, como Luis Posada Carriles (culpable de la muerte de decenas de inocentes) continúan bajo la protección de las autoridades estadounidenses, que se niegan a extraditarlo. Ver Leonard Weiglass (páginas 14 y 15).
(4) Le Monde, París, 16 de marzo de 2005.
(5) International Herald Tribune, París, 21 de marzo de 2005.

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Cita fallida de la izquierda con las “cités”, de Olivier Masclet en Le Monde diplomatique

Le Monde diplomatique de Enero 2004. Numero 99

Como anuncio de la futura ley contra los signos religiosos ostensibles en las escuelas públicas, Jacques Chirac recuerda los principios de la laicidad francesa y del "pacto republicano" tales como la igualdad de oportunidades o "la integración de todos repetando las diferencias". Pero no ha avanzado ninguna medida para integrar socialmente y en la vida política a las capas populares, especialmente a los franceses de origen magrebí. La izquierda no lo hace mejor.

En la urbanización Cité du Luth (1), situada en la localidad de Gennevilliers, en la periferia parisina, en la década de 1990 el Club Juvenil cumplía un papel fundamental para los adolescentes. Allí encontraban actividades de esparcimiento, se les ayudaba a hacer los deberes escolares, recibían consejos, se les estimulaba. De no ser por ese club, la mayoría de esos jóvenes no hubieran podido ir jamás de vacaciones y pasarían una buena parte de su tiempo libre "acampando" en los halls de entrada de los edificios... Los responsables de ese club provienen todos de familias argelinas y marroquíes del barrio. Ellos constituyen en la urbanización lo que se puede denominar una pequeña elite, un grupo de jóvenes opuesto al que forman los adolescentes que han fracasado en la escuela y los pequeños traficantes que alimentan la "cultura de la calle".

Esos voluntarios que trabajaban en asociaciones de barrio en general tenían estudios secundarios completos y a veces educación superior. Eran los "hijos de la democratización" (2) que si bien formaban parte de la urbanización -por compartir sus códigos - eran de alguna manera exteriores a ella. Esos jóvenes adquirieron educación suficiente como para elevarse socialmente respecto de sus padres, pero sin dejar de pertenecer al barrio, tanto por su dificultad para desarraigarse de él, como por una especie de fidelidad a su mundo original.

Vivían a caballo entre dos realidades sociales, situación que les incitaba a trabajar con los más jóvenes y a asumir el papel de consejeros. Ese compromiso estaba marcado, sin embargo, por su experiencia del racismo y por los múltiples procesos de desvalorización social de su grupo de origen. En gran medida, el descrédito que sufrían, de manera más o menos directa, les llevaba a oponerse al orden establecido y a querer representar un papel en su urbanización. El club se convirtió en un emblema en ese barrio degradado, un punto de orgullo colectivo para muchos jóvenes y sus familias. Porque la policía les respetaba. Porque en ese mundo marginado era un recurso simbólico para los jóvenes necesitados de reconocimiento.

Pero en 1996, después de quince años de funcionamiento, el club cerró sus puertas. Su inesperada desaparición refleja en realidad profundas tensiones. En primer lugar, el club fue desestabilizado por el comportamiento de ciertos adolescentes que -excluidos de la escuela y con riesgo de convertirse en delincuentes- rechazaban cualquier tipo de disciplina y desafiaban la autoridad de quienes organizaban las actividades del club. Estos tenían cada vez menos influencia sobre un sector de los jóvenes cuya situación se fue deteriorando en la década de 1990. Se sentían a la vez impotentes y encargados de ocuparse de delincuentes, es decir, de los miembros cada vez más desprotegidos de su categoría de origen, mientras que ellos aspiraban a una mayor dignidad individual y colectiva.

Pero esos responsables de asociaciones también experimentaban el sentimiento de predicar en el desierto y de "sacrificarse para nada", como dice uno de ellos. Al cabo de quince años de trabajar en esa asociación, consideraban que no eran tenidos en cuenta por las autoridades locales del Partido Comunista (PC), las cuales - afirman - "utilizan a personas como nosotros para aplacar a los jóvenes, pero en el fondo el problema no les interesa para nada". A su entender, esos representantes locales deberían, al contrario, haber valorado a los habitantes que militaban en las urbanizaciones, pero "apenas si conocen nuestros nombres". Dado que su tarea nunca fue verdaderamente reconocida, sintieron que la militancia de base que ellos defendían y representaban se desvalorizaba poco a poco.

Su desaliento habla a las claras de la degradación de la vida en esos barrios y del abismo que se abrió entre ellos y los representantes de la izquierda. Esa distancia es particularmente visible en esta urbanización comunista de la periferia parisina, pero se la puede percibir en todos lados. La izquierda en su conjunto no supo reconocer la labor de los hombres y mujeres que trabajaban en las asociaciones de las urbanizaciones populares. Muy pocos pudieron acceder a la función de consejero municipal, de alcalde adjunto, y menos aún de alcalde o de diputado. Es como si los militantes de las urbanizaciones hubieran sido condenados a quedarse para siempre en la base, sin posibilidades de ascender a otros niveles de representación política, marginados de la vida social y política de las municipalidades de izquierda durante las décadas de 1980 y 1990.

El desinterés de los partidos de izquierda por esos militantes es aún más sorprendente teniendo en cuenta que ellos eran prácticamente los únicos de su generación y de su medio social que aún se interesaban por la política, y que trataban de cumplir algún papel en la vida de la urbanización. Durante esta investigación, que duró una década, surgieron varias evidencias: los hijos de inmigrantes tienen un interés por la política que ya no existe entre los otros jóvenes y menos jóvenes de medios populares. Las autoridades locales de izquierda tenían muchos motivos para acercarse a ellos. ¿Por qué no pudieron ver en esos militantes de las urbanizaciones a sus posibles "herederos"?

Ante todo hay que sopesar todas las diferencias que existen entre los hijos de los recientes inmigrantes argelinos y marroquíes, y los de la anterior generación de inmigrantes (italianos, belgas, polacos...). Estos tuvieron contacto con los partidos de izquierda y se convirtieron en su punta de lanza (3), mientras que los hijos de los nuevos inmigrantes no suelen frecuentar las fábricas (4), ni los sindicatos o partidos obreros que desde hace un siglo constituyen el centro de la socialización política de los medios populares. La desindustrialización de regiones enteras, el aumento del desempleo masivo, la fragmentación de las organizaciones laborales y el deterioro de la situación de los obreros, acabaron por destruir los marcos sociales y mentales anteriores que habían producido generaciones de obreros y de militantes políticos y sindicales.

Sin embargo, los hijos de los inmigrantes argelinos y marroquíes se convirtieron a su vez en militantes, pero implantados, no en un sitio de trabajo, sino en una actividad propia de las ciudades obreras: las asociaciones para niños y adolescentes, los centros deportivos y culturales, los equipos de apoyo escolar. En el fondo, los militantes de las urbanizaciones acabaron reproduciendo las instituciones de las que ellos mismos gozaron. Era el resultado del trabajo de orientación de los hijos de los obreros - en los municipios de izquierda que desarrollaron una política activa en ese terreno - y de su sensibilización al problema de las desigualdades sociales, tarea que durante mucho tiempo se realizó de muchas formas (por medio de relaciones con los militantes y los docentes comprometidos, a través de representantes electos, espectáculos "humanistas", etc.).

El hecho de que esa militancia en asociaciones sea tradicionalmente menos valorada que la militancia sindical o política, explica en parte la escasa notoriedad de los militantes de urbanizaciones. Para colmo, durante mucho tiempo fueron mujeres las que trabajaron en ese tipo de asociaciones... Ellas valoran compromisos diferentes a los de la clase obrera, que son defendidos en su forma clásica por el PC. A pesar de haber cumplido un papel esencial en la vida de los jóvenes, esas mujeres fueron muy poco escuchadas. Y ello a causa del pequeño lugar que ocupan en la política (5), pero también de la supremacía de un modelo de militancia obrera, que sin embargo aparece cada vez más caduco. Por otra parte, todas las divisiones ocurridas en los partidos de izquierda fragilizaron aún más la militancia local y desanimaron o excluyeron a los hombres y mujeres en conflicto con la ortodoxia comunista.

En realidad, los militantes de las urbanizaciones fueron abandonados de manera gradual por la municipalidad local. A comienzos de la década de 1980 los responsables del club contaban con el apoyo de algunos notables que veían en ellos el surgimiento de nuevos "cuadros" locales. Esos notables -al revés de los de ciertas municipalidades de izquierda, afortunadamente escasos - se opusieron al avance del racismo antiárabe en las capas populares y valoraban la acción de los hijos de inmigrantes que dieran una imagen positiva de su grupo de pertenencia. Pero rápidamente se vieron impulsados a distanciarse de ellos, fundamentalmente a causa de los actos de vandalismo en las urbanizaciones y del aumento de la pequeña delincuencia.

En las décadas de 1980-1990, los grandes complejos habitacionales de periferia registraron considerables transformaciones a causa de una doble realidad: por una parte, el acceso masivo a la vivienda propia de los sectores populares franceses, que hasta entonces habían solucionado ese problema viviendo en monobloques; y por otra, la interrupción del crecimiento económico, que afectó duramente a los obreros, en particular a los jóvenes sin cualificación escolar ni profesional.

Así fue como la urbanización sobre la que se basa el estudio se convirtió - como tantas otras - en el hábitat de los que no pudieron acceder a la movilidad residencial: familias de inmigrantes con muchos hijos, jubilados, mujeres solas con hijos, asalariados pobres, etc. En esas zonas la proporción de familias de inmigrantes es superior a la de otros barrios de la ciudad. Además, los jóvenes provenientes de esas familias resultan allí particularmente visibles a causa de su peso demográfico sobre el total de la población juvenil.

Esta es la razón por la que se concentran sobre ellos las miradas inquietas. Los hijos de los inmigrantes, desempleados, poco a poco fueron tomando posesión del barrio, imponiendo sus costumbres a los otros habitantes, que no tenían fuerza social suficiente para controlarlos. Al contrario, dejaban el campo libre a los traficantes que alimentaban los rumores más alarmantes y las ganas de huir de allí lo antes posible. Así fue como el barrio ingresó en una espiral de decadencia: su mala reputación alejaba a los asalariados estables. Esa evolución contribuyó a hacer de los inmigrantes y de sus hijos los presuntos responsables del deterioro de las urbanizaciones y de los daños que sufren los lugares públicos: elementos todos ellos que impiden el establecimiento de buenas relaciones entre los representantes locales y los nuevos habitantes de esas zonas, o entre los militantes políticos "establecidos" y los jóvenes que participan en las asociaciones.

Además, después del avance de la derecha en las elecciones municipales de 1983, se registró un aumento de la abstención, en detrimento del PC. A partir de 1989 el Frente Nacional se convirtió en el segundo partido en cantidad de votos (6). Con un trasfondo de xenofobia abierta, el avance de la extrema derecha contribuyó a bloquear la escena política.

Los jóvenes que participaban en las asociaciones de barrio fueron paulatinamente abandonados por los representantes locales, que empezaron a utilizar un discurso cada vez más represivo. Ni siquiera ellos lograron eludir las nuevas interpretaciones de los desórdenes urbanos, que mezclan indiscriminadamente a los jóvenes que viven en las urbanizaciones con los delincuentes, ocultando sus dimensiones sociales (7). Además, temieron que el electorado popular rechazara a los militantes de la urbanización. Por eso se opusieron a que éstos "ascendieran" dentro del aparato municipal, argumentando permanentemente que "no es el momento oportuno".

El temor a las repercusiones electorales que podría tener una presencia demasiado visible de los hijos de inmigrantes, no se vio compensado por los eventuales beneficios políticos que los representantes de la izquierda podrían obtener ayudándoles a ascender. Con mayor razón en la medida en que las familias de inmigrantes y sus hijos están cada vez más divididos. Las condiciones de vida en los monobloques de alquiler económico en los que fueron reubicados, hizo que las familias casi no se conocieran, y que vivieran su instalación en los mismos edificios como una relegación. Por otra parte, el desempleo que padecen los jóvenes y la existencia de tráfico de drogas en el barrio, les hace temer el contagio de los adolescentes que ya tienen problemas escolares.

Todos estos factores favorecen el repliegue sobre sí, cuando no la tendencia a un "sálvese quien pueda". La abstención electoral marca récords en las urbanizaciones (tanto en la Cité du Luth como en otras con la misma historia) y entre los hijos de inmigrantes (8): es el fruto de la escasa politización de los jóvenes de medios populares, pero también del deterioro del ambiente consecutivo a la drástica clausura de futuro social y profesional de los hijos de obreros.

Hoy en día, es preciso medir el coste socio-político de ese abandono por parte de los partidos políticos de izquierda. En primer lugar, está la desmoralización de los militantes más comprometidos: una generación se retira de la vida asociativa y política pues no hay militancia que dure sin gratificación material o simbólica. Al no haberlos escuchado, el PC y el PS "perdieron el tren" (9) de los hijos de los inmigrantes, que no pudieron ser ni el relevo ni el aguijón de las organizaciones de izquierda.

Además, actualmente, todo un sector de militantes se aleja de la izquierda y busca un reconocimiento social y político en otros lados (10). Ahora desconfían de los representantes de izquierda. El deslizamiento hacia la derecha que evidencian algunos portavoces de las urbanizaciones es alimentado por la negativa a complacerse en la miseria. La atracción que ejerce sobre ellos el éxito económico es muy fuerte, pero también se esfuerzan por no ser confundidos con los delincuentes ni con los que viven de subvenciones del Estado.

Ahora algunos representantes comunistas y socialistas reconocen haber fallado a esa cita histórica. ¿La aparición de nuevos representantes surgidos de esa inmigración magrebí podrá modificar el panorama? No es seguro, al menos si no viene acompañada de una nueva formulación del problema social, que tenga en cuenta el desempleo, la precariedad y la discriminación, fenómenos que afectan en primer lugar a los habitantes de las urbanizaciones periféricas.

Notas:

(1) Urbanización donde el autor desarrolló durante una década (1990-2001) una investigación sociológica, reflejada en su libro La gauche et les cités. El mismo tipo de observaciones puede hacerse en otras comunas, ya tengan un alcalde comunista o socialista. N del T: El término francés "cité" designa grupos de inmuebles construidos en las últimas décadas en la periferia de las ciudades, en los que habitan generalmente inmigrantes de pocos recursos, y que traducimos genéricamente como "urbanizaciones".
(2) Ver Stéphane Beaud, 80 % au bac... et après ? Les enfants de la démocratisation scolaire, La Découverte, París, 2002.
(3)Ya sea en Lorena, en el norte de Francia o en las zonas industriales o mineras del sur. Ver las obras de Gérard Noiriel, en particular Etat, Nation et immigration. Vers une histoire du pouvoir, París, Berlin, 2001.
(4) El desarrollo del trabajo temporal cortó la cadena de solidaridad que existía entre las generaciones obreras y aumentó la distancia entre obreros permanentes y los precarios, estos últimos representados generalmente por hijos de inmigrantes.
(5) La subordinación que padecen las mujeres en la esfera política no es algo exclusivo de la militancia obrera. Se verifica también en el seno del Partido Socialista, y de manera aún más marcada en los partidos de derecha.
(6) Obtuvo el 20 % de los votos en las municipales de 1995, pero no presentó candidatos en 2001. En esa fecha, la abstención llegó al 50 %, contra el 31 % en 1977
(7) Ver Annie Collovald, «Des désordres sociaux à la violence urbaine», Actes de la recherche en sciences sociales, n°136-137, marzo de 2001. Ver también «Obsessions sécuritaires», Le Monde diplomatique, Manière de voir, n°71, octubre-noviembre de 2003.
(8) Ver Marie-Hélène Bacqué e Yves Sintomer, «Affiliations et désaffiliations en banlieue. Réflexions à partir des exemples de Saint-Denis et d'Aubervilliers», Revue française de sociologie, París, n° 42-2, 2001.
(9) Expresión utilizada por una militante de Marsella al ser interrogada en el documental de Jean-Louis Comolli y Michel Samson, Rêves de France, 13 Production, INA, La cinquième, 2001.
(10) Ver Karim Bourtel, «Grandes maniobras políticas en torno a los franco-magrebíes », Le Monde diplomatique, edición española, octubre de 2003.

Olivier Masclet Profesor en la Universidad de Metz, Francia, autor - entre otras obras - de La gauche et les cités. Enquête sur un rendez-vous manqué, La Dispute, 2003.

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Tras el velo, de Nasser Negrouche en Le Monde diplomatique

Le Monde diplomatique de Febrero 2004. Numero 100

En Francia la Asamblea Nacional debatirá, desde el 3 de febrero, el proyecto de ley del gobierno sobre la exhibición de signos religiosos en la escuela. Si bien una mayoría parece decantarse por la prohibición de cualquier signo "ostensible", la cuestión divide a la mayor parte de los partidos. Además, las manifestaciones organizadas a mediados de enero por el Partido de los Musulmanes de Francia (extrema derecha) han acentuado los riesgos de radicalización. Detrás del velo se esconde la dificultad de la sociedad francesa para integrar a sus hijos, producto de la inmigración. Y con razón, pues éstos, así como las capas desfavorecidas de las que ellos forman parte de una forma masiva, son víctimas de discriminaciones en el acceso a la educación, a la formación profesional, al empleo, a la función pública, a la vivienda, a la sanidad y a la cultura....La nueva autoridad administrativa de lucha contra las discriminaciones ¿contribuirá verdaderamente a combatirlas?

¿Alguien se acuerda del 114? Más de tres años después de su lanzamiento, el 16 de mayo de 2000, el número telefónico gratuito puesto a disposición de las víctimas de la discriminación racial suena en vano. Nadie atiende. Los telefonistas, otrora supuestamente encargados de analizar las denuncias recibidas y asistir a las víctimas en sus trámites, han sido reemplazados por un siniestro "servidor vocal interactivo" que repite mecánicamente información teórica sobre "las situaciones de racismo". Música de supermercado, voz de comisario de a bordo, tecla asterisco, menú y opciones: parece el "servicio de atención al consumidor" de un hipermercado.

El fracaso del 114 se mide también en cifras. En dos años de actividad, recibió 86.000 llamadas. Es decir, 1.120 denuncias por día! Pero el 82% de ellas no dio lugar a ningún seguimiento oficial: ni remisión a las autoridades competentes, ni propuesta de mediación. La mayoría de los denunciantes fueron simplemente escuchados o enviados a asociaciones locales. Sólo 10.000 fichas personalizadas -aproximadamente el 12% del total de llamadas recibidas en el 114- fueron remitidas a las Comisiones Departamentales de Acceso a la Ciudadanía (CODAC), el otro dispositivo clave del ex gobierno de Jospin en su política de lucha contra la discriminación racial.

Encargadas de analizar las fichas individuales "seleccionadas" por el 114, Jean-Pierre Chevènement, por entonces ministro del Interior, lanzó las CODAC en enero de 1999 "para ayudar a los jóvenes descendientes de inmigrantes a insertarse con mayor facilidad en el mercado laboral y la vida social". Una circular del 2 de mayo de 2000 les asignaba la misión de reflexión, prevención y acción contra la discriminación racial en cada departamento. El tratamiento de las denuncias remitidas completaba las atribuciones de estas células departamentales dependientes de la autoridad del prefecto (1) y compuestas por diferentes organismos locales: servicios descentralizados del Estado, organizaciones sindicales, asociaciones de lucha contra el racismo...

Teóricamente, las CODAC "deben hacerse cargo de todos los actos de discriminación efectiva que observan o que les son informados a través de las denuncias registradas por el 114. El fiscal de primera instancia debe informarse de los hechos conocidos por la CODAC que aparentan ser infracciones, y examinar la oportunidad de iniciar acciones judiciales". En la práctica, estas loables intenciones aún no han tenido eco.

A menudo al margen de los trabajos realizados y desprovistos de todo poder real sobre el tratamiento de las denuncias remitidas, las asociaciones y los sindicatos están reducidos al simple papel de observadores. En la Liga de los Derechos Humanos (LDH) recuerdan que "algunos prefectos se han negado incluso a invitar a las asociaciones a participar de las reuniones de las CODAC". El vicepresidente de SOS Racismo, Samuel Thomas, no se sorprende de estas prácticas, y denuncia la manipulación de las CODAC por algunos de sus miembros. "En algunos sectores, estas estructuras han contribuido, incluso, a banalizar el racismo sirviendo de coartada a algunos organismos e instituciones allí representados. Es, especialmente, el caso de algunos organismos HLM (2) que se sienten al abrigo de toda acción judicial en casos de discriminación en materia de vivienda porque participan de las reuniones de las CODAC".

El Grupo de Estudio y de Lucha contra la discriminación (GELD) elaboró un "Balance crítico de dos años de funcionamiento del dispositivo 114-ODAC" sobre la lucha contra el racismo y la xenofobia, que se publicó en el informe de actividad 2002 de la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos (CNCDH). Responsable de la dirección y el funcionamiento del 114 desde el 1 de enero de 2001, el GELD revela en dicho documento las graves desviaciones del actual dispositivo, en especial, cuando las denuncias remitidas a las CODAC impugnan a la administración y a los servicios públicos. "La investigación administrativa constituye la primera forma de tratamiento de las denuncias. Por regla general, esta investigación interna en la administración se lleva a cabo sin garantía de imparcialidad y sólo excepcionalmente desemboca en el inicio de un recurso administrativo. El resultado más frecuente es una clasificación administrativa que no brinda una solución favorable al denunciante ni propicia el inicio de un recurso administrativo. Esto se observa particularmente en los casos de denuncias que involucran a las fuerzas de seguridad y a las instituciones escolares".

Según el GELD, "el tratamiento de estas denuncias (que involucran a la policía) plantea verdaderos problemas. La intervención de las autoridades de inspección es excepcional y poco animada. En una cantidad significativa de casos, su remisión está acompañada, incluso precedida, por una queja del agente por "ultraje": los secretarios, los permanentes o los referentes son a menudo inducidos a ver allí la prueba de la ilegitimidad de la reclamación del denunciante".

Suele suceder, incluso, que las CODAC se vuelvan contra las personas que efectuaron la denuncia, en lugar de ayudarlas a hacer valer sus derechos. "La experiencia muestra que una gran cantidad de agentes manifiesta "una presunción de mala fe" respecto del denunciante. Lo que es peor (...), suele suceder que la remisión de una ficha de denuncia origine una acusación contra el denunciante, quien ve que la información que contiene se utiliza en su contra. El dispositivo se contradice, pues, totalmente con el espíritu y el objetivo que motivaron su implementación", señalan indignados los miembros del GELD.

Desbordado e inoperante, el dispositivo es también ilegítimo a los ojos de las principales organizaciones antirracistas. Si bien la constatación varía según las regiones, las CODAC muestran un balance general ampliamente negativo. Sometidas a los poderes públicos, a menudo poco rigurosas en el seguimiento de las fichas individuales, desconfiadas respecto de los referentes no administrativos (asociaciones, sindicatos...) y, en algunos casos, aliadas paradójicamente contra las víctimas, las CODAC se han desacreditado tras apenas unos años de existencia.

Sin embargo, la lucha contra la discriminación cuenta con varios avances legislativos recientes en su favor (ver recuadro).

El defasaje se observa claramente en las estadísticas de las condenas racistas inscritas en el registro de antecedentes penales en 2001. Ese año, oficialmente, no se dictó en Francia ninguna condena por "denegación de empleo por cuestiones raciales". Sin embargo, en el mismo período, asociaciones de lucha contra el racismo o sindicatos remitieron a la justicia al menos una veintena de denuncias, a menudo acompañadas de claros indicios, incluso de elementos probatorios que establecen la realidad de la discriminación. "Tal pasividad de la justicia frente al racismo alimenta este clima de impunidad que incita a los responsables de actos de discriminación a continuar y alienta a los demás a imitarlos, ya que no corren ningún riesgo. Por misteriosas razones, la ley republicana no se aplica cuando se trata de defender los derechos de las personas descendientes de inmigrantes. Ahora bien, no se puede, por un lado, pretender luchar contra los comunitarismos y, por otro, alimentarlos excluyendo a una parte de la comunidad nacional del ámbito del derecho", señala indignado Mouloud Aounit, secretario general del Movimiento contra el Racismo y por la Amistad entre los Pueblos (MRAP).

Cuando, excepcionalmente, se dictan condenas, éstas adquieren la forma de una simple multa. En 2001, la cantidad media abonada por los responsables de actos "de discriminación en la contratación laboral debido al origen, la nacionalidad o la etnia" (sólo dos penas dictadas ese año por este motivo) era de 305 euros. Para la justicia francesa, éste es el valor del perjuicio que sufre una persona excluida del mercado laboral debido a su origen. El precio de la humillación (3).

"Se corre a menudo más riesgo si se estaciona mal el coche en una calle de París que si se ejerce la discriminación racial en la contratación laboral o en materia de vivienda" señala, decepcionado, este abogado parisino, especialista en derecho laboral, que defiende gratuitamente a las víctimas del racismo en la contratación laboral. "Personalmente, traté varios casos de este tipo, y la experiencia me ha enseñado que es prácticamente imposible obtener la simple aplicación de la ley. Curiosamente, los magistrados tienen siempre una buena razón para disculpar a los responsables o aminorar la gravedad de la situación".

En un contexto semejante, la creación anunciada para finales de 2004 de una autoridad administrativa independiente de lucha contra la discriminación -que el gobierno de Jospin jamás quiso implementar- genera una inmensa esperanza en el seno de las asociaciones de lucha contra el racismo. Pero también muchas dudas. ¿Giro jurídico o mistificación política? Evidentemente no tiene hoy otra opción Francia, como todos los Estados miembros de la Unión Europea, que aplicar las directivas europeas que preconizan la creación de un organismo independiente para la promoción de la igualdad de trato (4)".

"Pero, ¿con qué garantías efectivas de independencia, con qué medios materiales y humanos para luchar seriamente contra el cáncer de la discriminación, con qué procedimiento de designación de sus miembros, con qué voluntad política?", se pregunta el secretario general del MRAP.

Por su parte Samuel Thomas, vicepresidente de SOS Racismo, considera que "la alta autoridad deberá tener un verdadero poder para llevar a cabo investigaciones profundas y deberá estar impulsada por una fuerte voluntad de desenmascarar a los autores de la discriminación. No es necesario que sea una estructura de mediación en asuntos penales, sino por el contrario, una estructura que favorezca la aplicación de la ley y la sanción de los autores. Por eso, es necesario formar verdaderas brigadas de policías, magistrados, inspectores laborales e inspectores de la vivienda especializados en la lucha contra la discriminación".

¿Se reunirán todas las garantías de independencia y eficacia para dotar a esta autoridad administrativa, que deberá comenzar a funcionar a fines de 2004 o a comienzos de 2005, de credibilidad y de una verdadera capacidad de intervención?

Notas:
(1) N. del T.: en Francia, alto funcionario representante del gobierno a nivel departamental.
(2) N. del T.: organismos encargados de construir y administrar HLM (inmuebles con fines sociales para familias de escasos recursos).
(3) Según el informe 2002 de la CNCDH, en 2001 se dictaron 146 penas. La mayoría de las condenas registradas en estas estadísticas (132 sobre 146) concierne de hecho a infracciones a la Ley del 29 de julio de 1881 (difamación, injuria y provocación de carácter racial, constatación de la existencia de crimen contra la humanidad...). Las condenas por discriminación racial propiamente dichas son muy escasas: 1 a 4 como máximo en función de la naturaleza de la discriminación (contratación laboral, oferta de empleo, suministro de un bien o servicio...).
(4) Retomando la terminología europea, el "paquete anti-discriminación" se articula en torno a las siguientes normas:
- la directiva 2000/43/CE del 29-06-00 relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre las personas sin distinción de raza u origen étnico.
- la directiva 2000/78/CE del 27-11-00 concerniente a la creación de un marco general a favor de la igualdad de trato en materia de empleo y trabajo.
- el programa de acción comunitaria del 27-11-00, establecido para el período 2001-2006, destinado a sostener y completar la aplicación de las directivas.
Las directivas europeas prevén especialmente la creación por los Estados miembros de un organismo independiente de promoción de la igualdad de trato con el fin de apoyar y ayudar a las víctimas en sus trámites.

Nasser Negrouche es Periodista.

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