http://www.eluniversal.com/2008/04/13/opi_33995_art_inmundicia-instituc_791670.shtml

La justicia no es para castigar a los delincuentes sino a quienes se oponen a las decisiones del poder El fiscal Quincuagésimo Sexto, José Contreras Pérez, se habrá sentido aliviado al escuchar la encendida defensa que hizo el presidente Chávez del envilecido ex Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, durante la cadena realizada con motivo de la promulgación de la temible Ley de Policía Nacional, la cual sacralizará el ¡disparen a matar! sin orden judicial, ni presencia del Ministerio Público. El espaldarazo presidencial a Isaías Rodríguez constituye prueba irrefutable de la veracidad de las denuncias hechas por Contreras en torno a los responsables de las monstruosas irregularidades y crímenes cometidos en torno al caso Anderson, devenido en un perverso instrumento para liquidar vidas y reputaciones de venezolanos honorables.

Como el lector recordará, el fiscal Contreras dirigió una carta a la nueva Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, en la cual denunciaba que las declaraciones de Giovanny Vázquez, "testigo estrella" del caso Anderson, habían sido manipuladas por Isaías Rodríguez y forjado el expediente en numerosas oportunidades. "La responsabilidad sobre el cambio del contenido de las actas de entrevistas rendidas por el testigo -reza textualmente la carta de Contreras- recaía directamente en la persona del entonces Fiscal General (... ) quien alegaba, luego de leerlas, que éstas debían ser consultadas con "el alto Gobierno ya que esta investigación era un problema de Estado; posteriormente nos reunía a los fiscales comisionados y nos decía que debíamos quitar a tal persona o colocar el nombre de esta otra, así como decir sus rasgos o características que pudieran individualizarla (... ) Nada se hacía si no era con instrucciones precisas".

Cada vez que se borraban nombres de posibles imputados y se incluían otros nuevos como consecuencia de las "consultas con el alto Gobierno", tal acta se desechaba y se hacía una nueva, para lo cual había que llamar una vez más al "testigo estrella" a fin de que "acusase" a los nuevos imputados y firmase el acta correspondiente. Así entraron y salieron los nombres del fallecido y respetadísimo Cardenal Castillo Lara, de María Corina Machado y otros. La práctica llegó a ser tan común -según relato de Giovanny Vázquez de Armas coincidente con lo dicho por Contreras a la Fiscal General- que los fiscales le presentaron a Vázquez de Armas numerosas hojas en blanco para que las firmase, cosa que, en efecto, hizo. Esa es la razón por la cual, aunque muchas de esas actas fueron destruidas, otras fueron rescatadas como prueba de la nauseabunda corrupción de este grupo gangsteril.

En el truculento relato hecho estos días por el prolífico mitómano Vázquez de Armas -plagado de contradicciones- hay varias partes que coinciden con las documentadas denuncias del fiscal Contreras, como, por ejemplo, "las declaraciones anticipadas" que no fueron tales y que, sin embargo, fueron usadas para pedir privativa de libertad contra personas que resultaron ser inocentes, y que, en su mayoría, habían expresado públicamente su disenso con el régimen.

El sórdido espectáculo del pasado miércoles con la excusa de la promulgación de la "Ley de Policía Nacional" tenía un objetivo muy distinto, no de otra manera se explica la presencia allí de todos los poderes públicos. Estaban la presidenta del TSJ, simulando creer en el manipulado Latinobarómetro mostrado por Chávez en el cual aparecía Venezuela en el primer lugar de "acceso a la Justicia", olvidando que el "acceso" nada tiene que ver con la "calidad" y la independencia de la "justicia". Pretendió Chávez, sin lograrlo, opacar el reciente y duro informe de la CIDH sobre Venezuela, en el que se muestran numerosas evidencias del "ambiente hostil" contra la disidencia y la abierta injerencia presidencial en las decisiones de los tribunales del país regidos por jueces que, como el envilecido ex fiscal, reciben órdenes del "alto gobierno", que servilmente cumplen.

Y esa era la finalidad de la cadena: reunir a la nueva Fiscal y a las obedientes presidentas de la AN y del TSJ para darles (subrepticia, aunque claramente) una orden tajante: "Pido apoyo para el ex fiscal Isaías Rodríguez, ahora incorporado como conjuez". Y añadió cínicamente Chávez: "fortalezcamos las instituciones; no podrán debilitar la moral de la nueva institucionalidad".

Ya sabemos entonces que "la moral de la nueva institucionalidad" es garantizar la impunidad de quienes cometen delitos, así sean horrendos, en cumplimiento de las órdenes del "alto gobierno". No hay duda de que la justicia no es para castigar a los delincuentes (que, como vemos, son quienes la "administran"), sino para privar de la libertad a quienes se oponen a las cada vez más aberrantes decisiones del poder. Vean, si no, como Isaías, por orden del "alto gobierno" ya está protegido por el TSJ ¿Quieren mayor inmundicia "institucional"?

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