Ya casi treinta mil padres han objetado contra Educacion para la Ciudadania Objeción ya contra la Educación para la Ciudadanía, Miles de padres están ejerciendo sus derechos constitucionales de objección de conciencia en Andalucía, Madrid, Galici
25 Mayo 2008
17 Junio 2007
Cuestión de principios
Alfa y Omega
Teófilo González Vila
14/06/07
Educación para la ciudadanía, tal como está concebida y establecida, responde a una concreta concepción particular moral y antropológica. Pero en cuestiones de esa índole las autoridades públicas están obligadas a respetar escrupulosamente la pluralidad a la que da lugar el ejercicio de las libertades ideológica, religiosa y de enseñanza, así como, muy en concreto, el derecho de los padres a decidir qué formación moral han de recibir sus hijos. Imponer a todos como obligatoria esa materia supone conculcar esas libertades, vulnerar ese derecho. Es más: aun cuando se limitara a ofrecer esa materia como opcional, la autoridad pública ya sólo con eso favorecería a la concreta opción particular que la inspira y dejaría de guardar la imparcialidad a la que está estrictamente obligada para asegurar a todos los ciudadanos el ejercicio de sus libertades en pie de igualdad. No cabe duda de que, con esa mera oferta ya se tomaría partido, se pondría todo el peso del poder y sus medios, a favor de una línea moral concreta que quedaría así oficializada. ¿Y las otras? El poder no puede legítimamente imponer ni aun favorecer ninguna opción, ni aun cuando fuera la mayoritaria, ni aun cuando fuera la católica. Por las mismas razones que nuestra Constitución establece que “ninguna confesión tendrá carácter estatal” hemos de repetir que “ninguna moral tendrá carácter estatal”.
Estos días, algunos sabios nos recuerdan que el derecho de los padres no es absoluto. Ya lo sabíamos. Es más: hay padres que maltratan a sus hijos y son tan desastrosos que pueden merecer que se les prive de la patria potestad (por vía judicial, claro). Pero supongo que a nadie se le ocurrirá --¿o sí?--, por eso, proponer que el Estado prive preventivamente de sus derechos educativos a todos los padres y se convierta él en padre providente y benéfico educador universal de todos los ciudadanos. También se ha dicho que determinados centros podrán desarrollar esa materia conforme a su ideario (lo cual, por cierto, exigirá formular muchos objetivos en términos distintos de los establecidos por la normas y desechar, sin más, gran parte de los criterios de evaluación que éstas determinan). Pero la cuestión es ésta: ¿acaso los padres que llevan a sus hijos a otros centros, en concreto, a los públicos, pierden, por eso, sus derechos y tienen que aceptar que la formación moral de sus hijos responda no a sus convicciones sino a las particulares de quienes manden en cada sitio y momento, a las del señor consejero, de la señora consejera, del pedagogo orgánico del partido o de este o aquel profesor?
El que un buen día un grupo de personas nos comunicaran que han decidido educarnos a todos --re-educarnos, claro, a los más-- para hacernos buenos ciudadanos no podría dejar de producirnos vergüenza ajena, ofrecerían un blanco seguro para el jolgorio de muchos y nos llevaría a experimentar una fundada preocupación por su salud, vamos a decir, “psico-democrática”. (¡¿Pero quiénes se han creído éstos que son?! diríamos “divertidos”). Ahora bien: si quienes sostienen esa pretensión de uniforme educación de la ciudadanía son los que tienen el poder político, ya no hay lugar al más ligero regocijo, sino que han de saltar todas las alarmas. Y, por supuesto, más que por su salud, debemos empezar a preocuparnos por la nuestra. Ese tipo de delirio antidemocrático ha de ser atajado desde el primer momento. No podemos “hacer la vista gorda” porque nos hayan dicho que ellos –los que mandan-- la van a hacer con nosotros. Lo que no se puede admitir es el mero hecho de que quienes ejercen el poder se consideren legitimados para formar, según su particular saber y entender, la conciencia moral de los ciudadanos. No se trata simplemente de poner reparos a una nueva materia escolar. No. Aquí, detrás del caso particular de esa materia escolar, lo que está en juego es una cuestión de principios, algo absolutamente radical: la libertad, sin más, la democracia misma. Por eso hay que poner en juego todos los resortes del ordenamiento jurídico, incluida, en su caso, la objeción de conciencia, frente a la imposición de esa materia en los términos en que está concebida. ¿Exagero? Por no alarmar –ni crispar, ¿verdad?-- ante las primeras casi imperceptibles amenazas a la libertad, la perdieron por completo, y con ella sus vidas, pueblos enteros no hace mucho…
Teófilo González Vila. Madrid
tag
padres "educacion para la ciudadania" derecho absoluto centros publicos institutos secundaria privados concertados ideario discriminacion estado cabrera antidemocratico adoctrinamiento escolar escuela "objeccion de conciencia"alumnos
12 Junio 2007
“Si como dicen la asignatura sólo fuera Constitución no habría conflicto”, señala Urcelay que recuerda que el 77% de los niños educados en colegios públicos escogen formación religiosa.
Tras la presentación del estudio comparado de la regulación autonómica de la polémica asignatura Educación para la Ciudadanía en Secundaria
“El mero intento del gobierno de formar ideológicamente es razón suficiente para objetar”, señala el presidente de Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay
· Andalucía, Canarias, Cantabria, Extremadura, Castilla la Mancha y País Vasco extienden el carácter ideológico de EpC.
· En Andalucía ha habido hasta tres borradores, pero ninguno ha sido publicado en la web de la consejería.
· La familia sólo aparece en el decreto de mínimos para mencionar los “conflictos en la familia”.
· Canarias dedica un apartado especial a estudiar “los conflictos éticos” sobre el comienzo y el final de la vida.
· El texto vasco plantea la necesidad de someter a juicio los criterios familiares.
· Sólo están aprobados los decretos en Aragón, Cantabria, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Navarra y Rioja.
Profesionales por la Ética, 4 de junio de 2007. En la mañana de este lunes 4, Profesionales por la Etica ha presentado un estudio comparativo de los decretos que desarrollan en Secundaria la polémica asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) en las distintas CCAA. La primera conclusión es que existe cierto retraso en el desarrollo legislativo autonómico. “Vamos contrarreloj”, señala el presidente de Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay. Sólo Aragón, Cantabria, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Navarra y Rioja tienen aprobados sus decretos. En el resto de las CCAA tan sólo hay borradores. “En algunos casos un tanto opacos como en Andalucía donde ha habido hasta tres borradores, pero ninguno ha sido colgado en la web de la consejería en claro déficit de transparencia”, denuncia Urcelay.
En cuanto al análisis de los contenidos, Profesionales por la Ética distingue tres grupos de CCAA. En Andalucía, Canarias, Cataluña, Cantabria, Extremadura, Castilla la Mancha y País Vasco se ha producido una extensión de los contenidos ideológicos de manera más explícita. “Estas CCAA se alejan del modelo neutro que esta asignatura plantea en los países de nuestro entorno europeo”, lamenta Urcelay. En algunos casos como en Cataluña, la asignatura cambia de nombre por “Educación en el Desarrollo de la Personalidad y Ciudadanía”. En el caso gallego, se plantea abiertamente que existe una transferencia de la educación cívica de la familia a la sociedad. Y en el País Vasco, “se critican los que llaman estereotipos recibidos en la propia familia”, critica Urcelay.
Familia
Y es que desde Profesionales por la Ética denuncian que el decreto estatal sólo hable de la familia para introducir los conflictos de familia. “Es verdad que la FERE logró que la expresión distintos de familia saliera de la regulación estatal, pero algunas comunidades como Andalucía han recuperado la redacción original”, apunta el presidente de Profesionales por la Ética. “De estas manera se deja abierta la puerta a que la familia formada por un hombre y una mujer, abierta a la vida, tenga que competir con otras formas de convivencia que no son familia”, denuncia Urcelay, que lamenta que en ningún caso se haya aprovechado para “coger el toro por los cuernos” y plantear abiertamente que la familia “es la mejor educadora de buenos ciudadanos”.
En cuanto al positivismo jurídico, los textos andaluz y catalán llegan a plantear sus respectivos estatutos de autonomía “como última referencia moral”. Estas mismas comunidades plantean en sus desarrollos legislativos un relativismo ético que en su criterio, debe de solventarse mediante el consenso.
El PP recorta
Por el contrario, otras CCAA han optado por restringir o recortar los contenidos ideológicos del decreto estatal. Se trata de todas las comunidades gobernadas por el PP. Las CCAA “recortadoras” son Baleares, Castilla y León, Madrid, Murcia, Rioja y Valencia. Desaparece la ideología de género, y se recorta la formación afectivo-sexual, aunque permanecen algunos elementos de relativismo moral, explica Urcelay.
“Esta diferencia ideológica viene a confirmar que esta asignatura va más allá del marco constitucional e invade cuestiones que afectan a la formación moral de los alumnos”, concluye el presidente de Profesionales por la Ética, quien añade que “el mero hecho de que el gobierno pretenda imponer una formación ideológica para nuestros hijos es motivo suficiente para mantener la objeción”. Así que Profesionales por la Ética mantendrá su campaña de promoción de la objeción de conciencia en todas las CCAA y en todos los colegios ya sean públicos, privados o concertados.
Navarra
Por otra parte, habría un tercer tipo de CCAA que básicamente habrían “copiado y pegado” el decreto estatal. Entre ellas se encuentra Aragón, Asturias, Navarra y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla que siguen siendo ‘territorio MEC’. El caso de Navarra es especial, porque junto a las comunidades ‘populares’ firmó el ‘pacto de Oviedo’, pero “en un punto decidió descolgarse del consenso”. Tampoco queda claro que la polémica asignatura vaya a comenzar el próximo curso, porque aunque el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, así lo anunció, “nosotros no lo hemos podido ver en ningún documento de la comunidad Foral”, señala Urcelay.
FERE
Por último, en cuanto a la carta remitida por el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, al secretario general de la FERE, Manuel de Castro, Profesionales por la Ética muestra su sorpresa por el ‘tono personal’ de una misiva administrativa. “No tiene sentido que una carta que tiene esta trascendencia se encabece por un ‘Querido Manuel’”, señala Urcelay. En todo caso, el presidente de Profesionales por la Ética considera que la misiva no es sino un reconocimiento por parte del ministerio del carácter adoctrinador de la asignatura. “Si como dicen la asignatura sólo fuera Constitución no habría conflicto”, señala Urcelay que recuerda que el 77% de los niños educados en colegios públicos escogen formación religiosa. ¿Qué va a hacer la FERE para garantizar que esos niños sean educados en la obligada neutralidad de la escuela pública? se pregunta Urcelay
Adjuntamos cuadros resumen del estudio comparativo de CCAA
Para más información:
"educacion para la ciudadania" "objeccion de conciencia" "profesionales por la etica" padres madres alumnos objeccion conciencia educacion ciudadania colegios gobierdno ideologia adoctrinamiento fracaso escolar violencia derecho
No a Educacion para la Ciudadania, nuevo grupo en la red Facebook.com,
http://www.facebook.com/group.php?gid=24860749344Selecciona el agregador que utilices para suscribirte a este blog (también puedes obtener la URL de los feeds):
