La Comisión Española de Ayuda al Refugiado acusa al Gobierno de violación flagrante del derecho de asilo de nueve tripulantes del Marine I
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado acusa al Gobierno de violación flagrante del derecho de asilo de nueve tripulantes del Marine I (mercuriopress, agencias):
Acnur amparaba su asilo en España pero han sido repatriados a Sri Lanka. Son nueve celiandeses que estaban en un centro canario, tras viajar en el barco de inmigrantes que pasó nueve meses en alta mar y una semana frente a Mauritania.
En los últimos días, más de 40.000 personas han huido de sus casas y se han visto obligadas a desplazarse en Sri Lanka a causa del conflicto que enfrenta a las fuerzas gubernamentales con el grupo armado de los Tigres Tamil. Este país asiático vivió el año pasado, según ONG como Médicos sin Fronteras, una de las diez crisis olvidadas más importantes del planeta.
Huyendo de esta inseguridad, nueve ceilandeses se embarcaron en el Marine I rumbo a algún lugar europeo. A principios de marzo, junto a otras 360 personas, quedaban a la deriva mientras los gobiernos de sus respectivos países, Mauritania y España -que hasta este caso siempre había seguido las indicaciones del Acnur en materia de asilo- se desentendían de su situación. Finalmente, se decidió que desembarcaran en el país africano y se identificaran sus identidades para los trámites administrativos.
Los nueve ceilandeses fueron llevados al Centro de Internamiento de Barranco Seco, en Gran Canaria, porque desde el principio se consideró que su vida corría peligro si regresaban a su país. Pero a pesar de su situación y de los informes favorables emitidos por Acnur para admitir su solicitud de asilo, el domingo 25 de marzo un vuelo chárter con destino Sri Lanka los devolvió a su país.
Los hechos son “gravísimos” porque durante todo el proceso “se ha obstaculizado la acción de la justicia”, según Cear
Para la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear), este caso viola de manera “flagrante” el derecho de asilo y los hechos son “gravísimos” porque durante todo el proceso “se ha obstaculizado la acción de la justicia y se ha ocultado información”.
Según Cear, “hasta ahora” la actual administración había seguido los criterios del Acnur sobre el derecho a asilo y refugio, pero en el caso de las nueve personas de Sri Lanka “no se ha respetado”. El 22 de marzo, explica Cear, el Ministerio de Interior desestimó la solicitud de asilo pero la resolución “no se notificó hasta dos días después, el sábado 24 de marzo”, lo que la ONG considera “un retraso premeditado, puesto que en fin de semana no funciona el órgano de justicia competente para evitar una más que probable paralización judicial de la expulsión”.
El domingo 25 de marzo, al saber que los nueve ceilandeses habían sido trasladados de Canarias a Madrid, Cear presentó un recurso contra su expulsión, pero “no se pudo llevar a cabo ninguna actuación porque, según manifestó el funcionario responsable de la comisaría del aeropuerto, no constaba ni la existencia de estas personas ni su posible expulsión”. Ese mismo día, sin embargo, un avión salió rumbo a Sri Lanka con las nueve personas a bordo.
- 95% de solicitudes de asilo denegadas.
El Gobierno de Sri Lanka y los grupos Tamil firmaron los acuerdos de paz hace siete años, tras 25 años de una guerra civil que supuso la muerte de 100.000 personas. Pero en los últimos años la inestabilidad y la violencia han seguido siendo protagonistas en el país. Hace tan sólo unos días, Acnur hablaba de 40.000 nuevos desplazados internos y Human Rights Watch volvía a alertar del reclutamiento de niños para convertirlos en soldado.
En este contexto, en el caso de los nueve ceilandeses deportados Cear ya ha afirmado que seguirá adelante con los recursos judiciales y que pedirá que las nueve personas sean localizadas y devueltas a España para garantizar su derecho a asilo.
Según datos de Cear, el número de demandas de asilo que llegan a España es mucho menor que las que llegan a otros países europeos. En 2005, por ejemplo, un total de 5.254 personas solicitaron el estatuto de refugiado en el Estado español, frente a las 50.050 y las 28.910 que lo hicieron en Francia y Reino Unido, respectivamente.
“El Gobierno español deniega cada año en torno al 95% de las solicitudes de asilo que recibe”, advierte la organización.
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