Pese a la enorme oposición generada, las informaciones sobre el pasado oscuro de muchos de los promotores y la violación de cuatro leyes europeas, el Gobierno de Aragón persiste en la idea del gran casino en el desierto.
Quienes han vivido de cerca el proceso de Gran Scala, el gran complejo de juego y ocio que se proyecta en Aragón, en pleno desierto de Los Monegros, están recibiendo unas lecciones privilegiadas sobre las nuevas funciones empresariales de los gobiernos locales. Con la máxima de que el mejor político para un lugar será aquel que mayor capital pueda atraer de fuera, y en pleno auge de la competencia territorial, la clase política se lanza a la busca y captura de amigosinversores para establecer peligrosos acuerdos de colaboración.

Aun con todo, esto mismo se puede hacer de muchas maneras : lo que está ocurriendo en Aragón, con la manera personal de gestionar el caso sobre todo por parte del vicepresidente del Gobierno José Ángel Biel, y por el consejero de Industria, Comercio y Turismo Arturo Aliaga, da cuenta también de una evidente falta de profesionalidad y de escrúpulos en la gestión.

En el caso Gran Scala, los gobernantes aragoneses se han dejado camelar con una pasmosa facilidad, no por unos fuertes inversores sino por unos peculiares promotores, International Leisure Development (ILD), con quienes se han lanzado a crear un gran castillo de arena firmando un polémico protocolo de colaboración en el que el Gobierno de Aragón se pone como nunca antes lo hiciera al servicio de un proyecto con una entidad privada.

El asunto se ha agravado en estos últimos meses, cuando diversas informaciones publicadas en la prensa han desvelado qué y quiénes están detrás de esta promotora, poniendo en evidencia que quienes nos gobiernan se ofrecen y se ponen a colaborar con el primer postor que promete la oportunidad única de hacer dinero en grandes cantidades sin consultar su procedencia, ni su historial delictivo. Por poner los dos ejemplos más llamativos. André Guelfi, conocido ‘lobbista’ internacional, pirata aristócrata de los mares de la economía global al filo de la ley, que ha pasado por la cárcel por blanquear el dinero obtenido con las comisiones de la venta de una refinería en Uzbekistán y que participó en la financiación ilegal de la Unión Demócrata Cristiana alemana (CDU), dinero canalizado también a través de la sociedad petrolera Elf. Y Paul-Stephane Allegrini, uno de los tres directores de ILD y que ya intentó montar un casino virtual que acabó siendo un fiasco con la sociedad Goldenpot, la cual no solamente está declarada insolvente sino que acumula requerimientos, expedientes y sentencias que suponen hasta ahora una suma de 356.868 euros impagados, según señala el Periódico de Aragón. Persistencia del Gobierno Pero, como se sabe, en Aragón sobra perseverancia y el ánimo de los políticos promotores no decae ni ante la evidencia de que, como comenta un portavoz de la Plataforma Stop Gran Scala, “estos señores han venido aquí a estafar”.

Ni la cadena humana del 26 de abril de varios miles de personas por las calles de Zaragoza, ni la recogida de firmas llevada a cabo por Docentes contra Gran Scala, ni el posicionamiento en bloque en contra del proyecto de todos los partidos políticos de la oposición, sindicatos y movimientos sociales, ni el hecho de que Bruselas se encuentre investigando la posible vulneración de cuatro normas medioambientales europeas, ni que se lleve meses esperando a que ILD ponga los 20 millones de euros de aval que se le han pedido para la adquisición de los terrenos y no hayan puesto aún un duro. Nada de esto ha conseguido todavía que el Gobierno de Aragón rompa el protocolo de colaboración con ILD.